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- La iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN, para reformar el Código Penal estatal, el cual resalta que el Estado tiene la obligación indeclinable de actuar como un garante de los derechos de las personas menores de edad.
- La pena máxima se prevé en casos cuando se comenta con violencia o en contra de personas menores de edad que padezcan alguna discapacidad, o pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
Toluca de Lerdo, México, 11 de noviembre de 2025.- La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense avaló penas de hasta 15 años de prisión para quien obligue, procure, induzca, coaccione, solicite, gestione, oferte, ofrezca, consienta o facilite a una persona menor de edad establecer matrimonio, concubinato, cohabitación forzada o cualquier relación de hecho para vivir en conjunto y hacer una vida en común sin fines de lucro o a cambio de un pago en efectivo o en especie.
De acuerdo con la iniciativa presentada por los diputados Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa, coordinador e integrante, respectivamente, del Grupo Parlamentario del PAN, la disposición también aplicará en los casos en que dichas acciones se realicen con el propósito de fomentar esta conducta entre una persona menor de edad y otra menor o mayor de 18 años, incluso cuando sean los propios padres o madres quienes lleven a cabo los actos antes descritos.
Por este delito se impondrán penas de cinco a diez años de prisión y de mil a cuatro mil días multa. Estas sanciones podrán aumentarse hasta en una mitad cuando el delito se cometa con violencia o en contra de personas menores de edad que tengan alguna discapacidad, o que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas. En esos casos, las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión y seis mil días multa.
Durante la reunión, presidida por la parlamentaria Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena), dio lectura al dictamen de la iniciativa para reformar el Código Penal estatal, el cual resalta que el Estado tiene la obligación indeclinable de actuar como un garante de los derechos de las personas menores de edad.
Asimismo, desde una perspectiva humanista, esta reforma reafirma la visión de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, cuya dignidad, autonomía y proyecto de vida deben ser respetados y protegidos por encima de cualquier costumbre, tradición o interés particular que pretenda justificar el matrimonio infantil.
Al respecto, el congresista Octavio Martínez Vargas (morena) destacó que en el proyecto final se hayan considerado diversas aportaciones para fortalecer el producto legislativo, al señalar que en la entidad persisten altos índices de embarazos adolescentes, los cuales interrumpen la preparación académica de las y los jóvenes.
Finalmente, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) destacó que la iniciativa contribuirá a fortalecer el marco legal para erradicar los matrimonios infantiles, y reconoció que, además de incrementar las penas, se incorporan agravantes para los casos cometidos en contra de personas con discapacidad, indígenas o afromexicanas.
