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- Una multa de 105 millones de pesos, impuesta en 2020 a José Antolino Orozco Martínez, exfuncionario relacionado con la Estafa Maestra, no fue cobrada por funcionarios de la admnistración de López Obrador que aún laboran en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Ciudad de México 30 de octubre (SinEmbargo).– La sanción económica firme contra un alto funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto por el esquema de corrupción de la Estafa Maestra, una multa de 105 millones de pesos, no fue cobrada por servidores públicos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, pese a ello, siguen en activo en la Secretaría Anticorrupción de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar dictó a José Antolino Orozco Martínez, exdirector de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y exjefe de la Unidad de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), una multa de 105 millones 186 mil 739 pesos el 5 de agosto de 2020.
La sanción administrativa se ordenó por ese monto porque fue la cantidad que la Sedesol pagó de manera excesiva en 2015 a la Universidad Autónoma de Zacatecas para la prestación del servicio «Diagnóstico inicial para la integración de los padrones estatales de beneficiarios», cuando el precio en el mercado por este servicio era de 65 millones 333 mil 260 pesos.
“Dicho servidor público era quien tenía la obligación de verificar que la Universidad Autónoma de Zacatecas cumpliera su manifestación de tener capacidad técnica, material y humana para realizar el servicio […] y al no hacerlo, violó lo dispuesto en el artículo 8°, fracción XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo responsable de no haber verificado el cumplimiento del Convenio por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como de sus consecuencias”, señala la resolución del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar, emitida por el entonces titular Baltazar Pahuamba Rosas.
Días después de la resolución, el 16 de agosto de 2020, Gregorio Guerrero Pozas comenzó a trabajar en la Secretaría de la Función Pública –ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno– como titular del Órgano Interno de Control (OIC) en Bienestar, donde tuvo la responsabilidad de fiscalizar recursos, el cargo lo ejerció hasta julio de 2021 y desde entonces ha ocupado distintos puestos en esa Secretaría.
Durante la gestión Gregorio Guerrero al frente del OIC en Bienestar, y la de Miguel Ángel Cedillo Hernández como titular del Área de Responsabilidades del órgano interno no se cumplió el cobro de la multa a Orozco Martínez.
Así como Gregorio Guerrero fue contratado en la Función Pública luego de trabajar en la Secretaría de Gobernación, el 16 de septiembre de 2020 Miguel Ángel Cedillo Hernández, quien también venía de esa dependencia, se incorporó a la titularidad del Área de Responsabilidades del OIC en la Secretaría de Bienestar, un cargo que tuvo hasta agosto de 2021. Aunque su función principal era tramitar procedimientos de responsabilidades administrativas, no realizó las gestiones necesarias para aplicar la sanción millonaria a Orozco Martínez.
Sin embargo, ambos continúan laborando en la dependencia que lidera Raquel Buenrostro Sánchez: Gregorio Guerrero fue nombrado titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Miguel Cedillo es titular del Área Especializada en Control Interno el Ramo Bienestar, de acuerdo con su declaración patrimonial actualizada en mayo de este año; el directorio de remuneraciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también describe su puesto como titular del Área de Denuncias e Investigaciones.
Guerrero Pozas y Cedillo Hernández son allegados a la coordinadora general de Órganos Internos de Control de la Secretaría Anticorrupción, Perla Amorene Anaya Díaz, quien llegó al cargo por designación de la Secretaria Raquel Buenrostro Sánchez. Anaya Díaz en el OIC del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaria de Economía cuando la titular era precisamente Buenrostro Sánchez.
Información que la Secretaría Anticorrupción transparentó a inicios de octubre de este 2025 a través de la solicitud de transparencia con el folio 340026500124225 comprueba que el Gobierno federal no cobró la sanción millonaria impuesta al extrabajador de Sedesol José Antolino Orozco ya que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar no la tramitó en tiempo ante el SAT.
Entre julio y septiembre de 2024, cuatro años después de que se dictó la multa y que no se solicitó su cobro, la entonces titular del Área de Especialidad en responsabilidades en el Ramo Bienestar, Mariana Rosas Pacheco, pidió al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Hidalgo «1» del SAT cobrar la sanción millonaria, pero éste respondió que el plazo para gestionarla ya había concluido.
“Se observa que la resolución remitida no se encuentra dentro del plazo mínimo de un año, por lo que no se cumple con lo establecido en la regla 2.1.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024”, respondió Erika Morales Avilés, titular del Órgano Desconcentrado en un oficio fechado el 8 de agosto de 2024.
SinEmbargo preguntó a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno si ha investigado o investigará el actuar de los funcionarios que siguen en activo y no cumplieron las gestiones para cobrar la multa millonaria a José Antolino Orozco durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; también le cuestionó si iniciará otro procedimiento para buscar el pago de esa multa, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Antolino Orozco y la Estafa Maestra
En septiembre de 2021, un año después de que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar dictó a Orozco Martínez la multa por más de 105 millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvo por el delito de desvío de recursos públicos, relacionado con el esquema de corrupción conocido como la Estafa Maestra.
José Antolino Orozco Martínez fue uno de los exfuncionarios federales que reveló en declaraciones a la FGR en mayo de 2019 cómo operaron trabajadores del Gobierno de Enrique Peña Nieto para extraer y desviar recursos del presupuesto de la Sedesol y la Sedatu.
En el texto “El saqueo en nueve pasos” elaborado por la organización Tojil, que litiga en casos de corrupción , se expone que, junto a Marco Salvador Ibarra Infante, Orozco Martínez describió cómo Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedesol, “y su grupo delictivo” aprovechaban una excepción legal para firmar convenios y adjudicar contratos sin licitación con universidades públicas. Estas universidades, a su vez, repartían el dinero entre empresas fachada, prestanombres o diversos beneficiarios. Así operó durante años el esquema de saqueo.
Antolino Orozco también declaró a la FGR que la extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, estuvo enterada de los desvíos de recursos. La funcionaria fue detenida por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero obtuvo su libertad en 2023 y fue absuelta en 2024.
Emilio Zebadúa y Rosario Robles Berlanga han sido denunciados por delitos relacionados con la trama de corrupción conocida como Estafa Maestra.
Una revisión a los convenios firmados por la Sedesol y Sedatu en los que la Auditoría Superior de la Federación realizada por el diario Animal Político en 2019 exhibió que José Antolino Orozco firmó al menos un contrato con la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México en 2013; así como cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas y tres con la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Sedatu.
En 2024, el excolaborador de Rosario Robles fue sentenciado a 10 años privado de la libertad por los delitos de desvío de recursos públicos y delincuencia organizada, al igual que María de la Luz Vargas Vargas, exdirectora de la Integración de Padrones de la Sedesol; y el apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray, Luis Antonio Valenciano Zapata, en la que fue la primera condena por la Estafa Maestra.
El diario Milenio informó en febrero de 2025 que Orozco Martínez logró cambiar su medida cautelar a arraigo domiciliario.
