Roberto
- El IMSS y el ISSSTE destinan más de 44 mil millones de pesos al año para atender casos de diabetes, segunda causa de muerte en el país y vinculada con el consumo de refrescos.
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Representantes de refresqueras que tienen ganancias de hasta 40 mil millones de pesos al año por sus ventas en América Latina, corporaciones mediáticas como Televisión Azteca y legisladores de la oposición están listos para la batalla que implicará el aumento de 1.43 pesos por litro en el impuesto al refresco y otras bebidas azucaradas, planteado por el gobierno de Claudia Sheinbaum para 2026.
Para el Gobierno de México, la razón que empuja el aumento es el alto costo que tienen los tratamientos de las enfermedades provocadas por el alto consumo de bebidas azucaradas.
Cada año mueren en México más de 100 mil personas por diabetes; la atención de esa y otras enfermedades asociadas al consumo de refresco implican un gasto millonario para el sistema público de salud.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destinó 188 mil millones de pesos para la atención de pacientes con diabetes mellitus entre 2021 y 2024, un promedio de 47 mil millones de pesos al año, según reportes de la propia institución.
Sólo en 2024, el IMSS atendió a 3.6 millones de pacientes con diabetes, lo que implicó destinar 38 mil 800 millones de recursos públicos de salud.
En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), su gasto en 2024 para atender pacientes con esa enfermedad crónica detonada por el alto consumo de bebidas azucaradas y otros hábitos no saludables fue de 5 mil 440 millones de pesos.
Entonces, dos de las principales instituciones de salud pública destinaron sólo en ese año 44 mil millones a la atención de personas con diabetes, padecimiento que es la segunda causa de muertes en el país, sólo por debajo de los decesos por fallas en el corazón.
De acuerdo con estudios citados por el Instituto Nacional de Salud Pública y el secretario de Salud, David Kershenobich, en México en promedio cada persona consume al año 166 litros de bebidas azucaradas, y a estas se atribuyen uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus en el país.
En 2024 las 112 mil 641 muertes por diabetes fue mayor a la de 2023 por 2 mil 582 casos, según datos del INEGI. Hay un aumento de 7 por ciento en la tasa de fallecimientos, de 80.5 por cada 100 mil habitantes en 2015, a 86.6 el año pasado.
Cabe señalar que el consumo de refrescos está vinculado con otras enfermedades.
El IMSS destinó en total el año pasado 95 mil millones de pesos para cubrir los gastos asociados a la atención médica de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal, padecimientos que se pueden prevenir con cambios de hábitos como el evitar los refrescos, en general mejorar la dieta y hacer ejercicio.
Imss: Datos de enfermedades relacioanadas por el consumo de refresco.
Datos de enfermedades relacionadas por el consumo de refresco. Foto: IMSS
La propuesta del gobierno de Sheinbaum para 2026 es ajustar la cuota de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las bebidas saborizadas, para pasar de 1.6451 pesos aplicable en 2025 a 3.0818 pesos por litro para 2026, “a efectos de hacer menos asequibles estos productos”. Esto es un aumento de 1.4367 pesos en el impuesto.
Y además en la iniciativa se detalla que en dicho impuesto se incluyen también las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos, por ejemplo los refrescos “light”.
“Se estima conveniente que una parte de los recursos netos de participaciones y aportaciones que se obtengan por las medidas propuestas al impuesto especial a las bebidas saborizadas, se destinen a diversos programas de salud para abatir las consecuencias originadas por el consumo de dichas bebidas”, puede leerse en la iniciativa de Ley de Ingresos.
“Asimismo, al reducir el consumo de bebidas saborizadas, la población dejaría de destinar parte de sus ingresos en adquirir esos bienes y como resultado podría mejorar la calidad en su dieta y por ende el bienestar familiar, al destinar estos recursos para la compra de alimentos nutritivos como frutas o verduras”.
En su exposición de motivos, el gobierno recordó datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), para apuntar que “el consumo de bebidas saborizadas es elevado y ha contribuido a que el 76.2 por ciento de la población mayor de 20 años presente sobrepeso u obesidad”.
Según la misma encuesta en su edición 2023, más del 80 por ciento de niñas, niños y adolescentes en el país consumen bebidas azucaradas, y entre adultos el porcentaje fue de 73 por ciento.
“El consumo de bebidas endulzadas está asociado con el desarrollo de exceso de peso y este a su vez con el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, por lo tanto, es un factor para considerar ya que la prevalencia de diabetes en México rebasa el 15% en adultos mayores de 20 años”, indica la Ensanut.
Refresqueras, políticos del PRIAN y Azteca están en contra
Aún con la evidencia del daño a la salud, representantes de las grandes refresqueras, asociaciones de pequeños comerciantes, políticos del PRI y PAN y el medio Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego rechazan el ajuste en el impuesto a los refrescos, argumentando que supuestamente afectará a dueños de tienditas, en sus ventas y empleos, además de golpear el bolsillo de los consumidores y finalmente no repercutir en una mejora social.
“No se trata de defender los refrescos, se trata de defender la economía de las familias”, dijo la diputada panista Noemí Luna.
El canal ADN Noticias, de Televisión Azteca, realizó esta semana varias entrevistas con personajes de asociaciones y partidos que están en contra del impuesto, incluyendo al diputado panista Éctor Jaime y al legislador priista Mario Zamora, incluso colocando titulares como “¡Impuesto saludable o robo disfrazado!”, o “No les importa la salud, en la 4T están desesperados por dinero”.
Uno de los personajes que acudió a sus emisiones es Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola México, quien dijo que supuestamente no hay evidencia de que en algún país hayan servido los impuestos a las bebidas azucaradas, además de lamentar que en el gravamen se incluya a las bebidas “light”.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, por cierto, Patricio Caso trabajó en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y como Director de Administración en el IMSS. En 2022, enfrentó denuncias por presuntamente beneficiar a Coca-Cola en el etiquetado de alimentos.
Otra agrupación, la Asociación Mexicana de Bebidas, señaló en un comunicado que supuestamente la ONU y sus agencias habían “rechazado repetidamente” la aplicación de impuestos a las bebidas azucaradas, “porque no existe evidencia real de que estos impuestos cambien los patrones de consumo ni mejoren la salud”.
Pero contrario a sus dichos, la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han llamado en varias ocasiones a aumentar los impuestos a las medidas azucaradas, además de desaconsejar el uso de edulcorantes que venden como supuestamente más saludables y documentar que estos gravámenes han ayudado a reducir el consumo.
En 2015, luego de que en el sexenio de Peña Nieto se aprobó aplicar un peso de impuestos por cada litro de refresco, la OMS retomó datos de un estudio del INSP y el Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte, donde se indicó que en aquel momento hubo una reducción promedio de 6% en las compras de las bebidas azucaradas con impuesto en 2014, en comparación con el año 2013, aunque a ello también contribuyeron campañas de comunicación del gobierno, alertando sobre el daño a la salud por los refrescos.
Entonces la OMS y la OPS refirieron que aplicar un impuesto de 20 por ciento, equivalente a 1.7 pesos por litro de refresco, ayudaría a reducir el consumo de 163 a 120 litros por persona en el año, “lo que representaría una reducción de 26% y recaudaría cerca de MXN 22 861 millones (US$ 1 687,2 millones), que permitirían al gobierno colocar bebederos de agua potable en escuelas y espacios públicos, además de implementar otros programas en contra de la obesidad y el sobrepeso.
Igualmente se podría reducir en 12 por ciento la prevalencia de diabetes y disminuir en 26 por ciento los costos de nuevos casos de esta enfermedad en los próximos 10 años”.
Otro punto que criticaron entonces ambos organismos de salud es que la industria refresquera formó un frente único en contra del impuesto, tal como ocurre ahora, con un activismo muy importante en los medios de comunicación.
“Una de sus estrategias fue presentar líderes de opinión y profesionales de la medicina y la nutrición, para posicionar sus argumentos en contra del impuesto y persuadir a la opinión pública Esto generó incertidumbre, sobre todo en las cuestiones monetarias al manifestar el impacto económico del impuesto en su industria, en términos de pérdidas de empleo y recaudación. Los empresarios extranjeros amenazaron con el retiro de sus inversiones del país”, relataron las organizaciones internacionales de salud.
“Además, el sector industrial desplegó acciones encaminadas a la búsqueda permanente de aliados, con un intenso cabildeo en el Congreso, las principales secretarías de Estado y otros entes reguladores”.
La organización Alianza por la Salud alimentaria señaló al respecto que la Anpec (Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes), en supuesta representación de las pequeñas tienditas, había hecho el “trabajo sucio de Coca-Cola” al llamar a una protesta en contra del impuesto para 2026, a pesar de que los propietarios de tienditas son sus principales víctimas, sin saberlo.
Respecto al dicho de que elevar el IEPS aumentará los precios y supuestamente provocará el cierre de tienditas, la Alianza refutó que “entre 2014 y 2025 el precio de la Coca-Cola de 600 mililitros paso de 10 a 20 pesos”, por lo que entonces, “el impuesto de 2014 de solamente 1 peso tuvo un impacto mínimo en el aumento de ese precio”.
Cuando la industria sube los precios del producto, agregó, “nada dice la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), pero cuando se habla de un impuesto con fin en salud y dirigir esos recursos a reparar los daños que genera su consumo, entonces sí cerrarán decenas de miles de tiendas y perderán el empleo cientos de miles de personas”.
