Carlos H.
- En conferencia de prensa, desde la capital mexiquense, Javier Girault, presidente de los colonos, señaló públicamente que los actos arbitrarios e intimidatorios no solo ponen en riesgo la integridad de los residentes, sino también de trabajadores y proveedores.
PoR Ana Valeria Castro
Toluca, México a 07 de Octubre de 2025.- Residentes del exclusivo fraccionamiento “El Santuario” en Valle de Bravo han alzado la voz para denunciar una serie de presuntos abusos, intimidación y amenazas ejercidas por personal y representantes de la empresa Promotora Valle de Bravo S.A. de C.V., la supuesta propiedad de Michel Domit Gemayel.
Los integrantes de la Asociación Colonos Unidos del Santuario acusan a Domit de operar un «sistema feudal» dentro del desarrollo inmobiliario, buscando mantener un negocio basado en el cobro de cuotas por servicios que, legalmente, deberían ser provistos de forma gratuita por el municipio.
En conferencia de prensa, desde la capital mexiquense, Javier Girault, presidente de los colonos, señaló públicamente que los actos arbitrarios e intimidatorios no solo ponen en riesgo la integridad de los residentes, sino también de trabajadores y proveedores.
Entre las denuncias más graves se encuentran cortes al suministro de agua como método de presión contra colonos que no comparten sus ideas; amenazas de muerte y uso de violencia para impedir el libre tránsito de personas y vehículos al intentar ingresar al fraccionamiento.
Así como la contratación de personal de seguridad de «pésima reputación» y un abogado dedicado a intimidar, amenazar y golpear a quienes se atreven a manifestar quejas y principalmente dijo, la aplicación de un lema de coerción, “si no pagas no pasas”.
«La mera idea de que un particular bloquee su acceso al domicilio a otra persona es inimaginable, lo que está pasando es burdo,» afirmó a la par de señalar que estas acciones podrían configurar delitos como amenazas y privación del libre tránsito.
Javier Girault, recordó que el origen del conflicto legal y administrativo se remonta a 1992, cuando el Gobierno del Estado de México autorizó la urbanización de “El Santuario” y que, de acuerdo al Decreto de 1992, el desarrollador Michel Domit tenía la obligación de concluir las obras de urbanización, dotación de agua, drenaje y alumbrado, y posteriormente entregar formalmente el fraccionamiento al municipio, sin embargo, enfatizó es “el día que todo esto no tenemos”
Aunado a ello, explicó que el Artículo Vigésimo Cuarto (24) de dicho decreto establece que, mientras la entrega formal no se concrete, los servicios municipales deben prestarse de manera gratuita.
Por ello, los colonos afirman que Domit Gemayel no ha realizado la entrega al municipio en 25 años para mantener su “minita de oro” a través de una Asociación Civil de la cual él es el único afiliado, cobrando por servicios que ya están pagados a través del Impuesto Predial municipal.
Ante la escalada de agresiones, los colonos han emprendido diversas acciones legales, incluyendo la presentación de denuncias penales por amenazas y actos de violencia y la promoción de juicios de amparo.
El abogado de los afectados, Andrés Hernández, informó que se han obtenido suspensiones definitivas por parte de jueces de distrito en juicios de amparo para la reconexión del servicio de agua y para garantizar el acceso de los colonos, no obstante, indicó que, la Promotora Valle de Bravo ha incumplido «tajante y terminantemente» con las órdenes del juez federal, lo que, según el jurista, representa un grave desacato a la autoridad.
El punto de quiebre en la relación, que escaló a los abusos actuales, fue el inicio de presuntas construcciones ilegales dentro del fraccionamiento.
En este sentido, los afectados Colonos denuncian que Domit Gemayel y su hijo, Michel Domit Sayen, han impulsado el desarrollo de edificios multifamiliares de hasta cuatro pisos, como el proyecto «Sisú», lo cual contraviene el reglamento interno del fraccionamiento, diseñado para ser «residencial, unifamiliar y ecológico», y el Plan de Desarrollo del Pueblo Mágico de Valle de Bravo.
Con toda esta situación, Andrés Hernández, indicó que al menos 40 domicilios del fraccionamiento se encuentran afectados, que van desde familias residentes, trabajadores, proveedores y personal de servicio que diariamente ingresan al fraccionamiento, lo que representa un número considerable de personas perjudicadas de manera indirecta.
“Estamos hablando de más de 40 casas, y si consideramos al menos dos o tres trabajadores por domicilio, se trata ya de un volumen significativo de personas que enfrentan dificultades para realizar sus actividades cotidianas”, acotó.
Finalmente, anunciaron que continuara en espera de una respuesta clara por parte de las autoridades y no descarta acudir a instancias superiores si no se resuelve la situación conforme a derecho.
