Carlos H.
Opinión
- «Si Josefina Vázquez Mota recibió más de mil millones de pesos de Enrique Peña Nieto para usar ese dinero de los mexicanos en lo que diera la gana, es normal que con ese ejemplo su hija sea capaz de violar la Constitución para presidir el Poder Judicial de Aguascalientes».
Por Álvaro Delgado Gómez
Si Josefina Vázquez Mota recibió más de mil millones de pesos de Enrique Peña Nieto para usar ese dinero de los mexicanos en lo que diera la gana, es normal que con ese ejemplo su hija sea capaz de violar la Constitución para presidir el Poder Judicial de Aguascalientes, un acto también de alta corrupción política que involucra a la gobernadora Teresa Jiménez, tres mujeres militantes del Partido Acción Nacional (PAN) que revela una vez más su putrefacción y la hipocresía de las élites conservadoras que prefieren mirar para otra parte.
Es previsible también que así como quedó jurídicamente impune el desvío de recursos públicos para fines personales de Vázquez Mota y su Fundación Juntos Podemos, en un ejemplo documentado de cómo el PRI compra a los corruptos politiquillos del PAN, Ocampo Vázquez se saldrá con la suya y seguirá en el cargo que usurpó en el Poder Judicial de Aguascalientes, porque cuando se es amiga de la gobernadora se puede violar la Constitución sin consecuencias, porque en vez de esto los ilustrados de la Ciudad de México prefieren criticar los ritos ancestrales con copal.
En lo que no podrá haber impunidad es en el registro histórico de este hecho aberrante: Ocampo Vázquez, quien emigró del Estado de México a Aguascalientes para trabajar en el gobierno estatal, repentinamente apareció como candidata a magistrada del Poder Judicial, impulsada por la gobernadora, quedó en sexto lugar, pero también súbitamente se convirtió indebidamente en la presidenta.
La Constitución de Aguascalientes, en la fracción sexta del artículo 51, no deja lugar a dudas ni interpretaciones: “La representación del Poder Judicial corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de la persona titular de su Presidencia, que se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la Presidencia a quien obtenga la votación más alta, y se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género”.
Ocampo Vázquez no obtuvo la votación más alta, sino la sexta, y por tanto es una violación a la Constitución vigente que se ostente como la presidenta del Poder Judicial, un acto de usurpación que ha sido avalado por la gobernadora Teresa Jiménez, quien fue su jefa en su empleo como directora de Política Social y Planeación del gobierno estatal.
Hay quienes alegan que la hija mayor de Vázquez Mota llegó a ese cargo porque la Constitución dice que la presidencia se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género y porque el presidente saliente era hombre, pero tampoco aplica esta disposición porque otra candidata también obtuvo más votos que ella.
Ante tal violación constitucional lo de menos es si Ocampo Vázquez tiene la capacidad e idoneidad para desempeñar el cargo porque, si bien es abogada por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Massachusetts, su única experiencia es haber sido pasante en el despacho de Alberto Becerra Pocoroba, en 2008, quien al año siguiente sería diputado federal del PAN bajo la coordinación de Vázquez Mota.
Antes, entre 2019 y 2021, Ocampo Vázquez fue directora general de Desarrollo Social, y en 2022, llegó a regidora del municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde tiene su cacicazgo el senador del PAN Enrique Vargas del Villar, pero donde Vázquez Mota fue derrotada como candidata a diputada federal en las elecciones de 2024, cuando era también la coordinadora de líderes en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.
Los abogados que integral el Observatorio Judicial de Aguascalientes analizar impugnar la presidencia de Ocampo Vázquez por la clara violación constitucional, pero se ve remoto que prospere una decisión de la gobernadora Jiménez y la red de complicidades que está detrás.
Así como Vázquez Mota recibió de Peña Nieto más de mil millones de pesos, la gobernadora Tere Jiménez ha estado implicada en asuntos de corrupción como alcaldesa de Aguascalientes y también en los “moches” cuando fue diputada del PAN, de cuyo grupo parlamentario era coordinador su actual esposo, Luis Alberto Villarreal, exalcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato.
Villarreal fue destituido por Gustavo Madero como coordinador de los diputados federales del PAN, en 2014, tras el escándalo de una fiesta con alcohol y bailarinas, pero esa Legislatura es famosa por los “moches”, el esquema de corrupción mediante el cual los legisladores recibían 20 millones de pesos para destinarlos, de manera discrecional, a obra pública en municipios a cambio de un porcentaje para ellos.
Y sí: En Aguascalientes pensaron que nadie se dejaría cuenta de la usurpación, pero es tan grotesca que no sólo ha exhibido a los beneficiarios, notablemente Ocampo Vázquez y la gobernadora Tere Jiménez, sino a juristas como Claudio X. González y su Consejo Nacional de Litigio Estratégico, a los ministros en retiro Diego Valadez y José Ramón Cossío, así como a Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camin, que se dicen todos custodios del Estado de derecho y que callan literalmente como momias. Pura hipocresía.
