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- Alejandro Moreno Cárdenas, Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Enrique Peña Nieto y Juan Collado Mocelo han quedado impunes de los señalamientos de corrupción que pesan en su contra. En cada uno de estos casos ha sido cuestionado el desempeño de la FGR.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– El desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, ha garantizado la impunidad en casos de corrupción que involucran a priistas como Alejandro Moreno Cárdenas, Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Enrique Peña Nieto y al abogado de muchos de ellos Juan Collado Mocelo.
En días pasados, Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, reveló a “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire, que la Fiscalía General nunca presentó una solicitud de desafuero contra el dirigente tricolor Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aún cuando esta dependencia lo investigaba desde 2022 por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
Algo similar sucedió con Enrique Peña Nieto. También desde 2022 la FGR había informado que tenía al menos tres carpetas de investigación contra el expresidente por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, derivados de diversas denuncias que incluyen a la empresa OHL por posibles delitos patrimoniales y electorales.
Sin embargo, en julio pasado el Fiscal Gertz Manero sencillamente indicó que las carpetas de investigación no se judicializaron, es decir no se presentaron ante un juez, porque no se ratificaron las denuncias y porque no le entregaron las pruebas, aún cuando él mismo señaló desde hace tres años que había una investigación en curso y pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho públicos distintos datos de prueba que apuntaban a un esquema de enriquecimiento ilícito.
Otros casos han tenido el mismo destino: a Rosario Robles Berlanga, la FGR no pudo comprobar su responsabilidad por la estafa maestra y fue exonerada en febrero de 2023; el exdirector de Pemex, de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, mantiene a su vez un proceso desde hace tiempo en el cual la FGR ha sufrido distintos reveses, más recientemente contra la esposa del exfuncionario por un supuesto fraude al fisco de 909 mil 400 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el 2013.
«Alito» Moreno
Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantiene acusaciones desde 2022, las cuales no han sido suficientes para que el líder del tricolor enfrente un proceso judicial ya que se encuentra protegido por el fuero. Para quitarle el fuero a Moreno Cárdenas y ponerlo a disposición de la justicia, se necesita una mayoría de votos de los diputados federales, con la cual sí cuentan Morena y sus aliados.
El dirigente nacional del PRI está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. En agosto pasado, la Sección Instructora que preside el Diputado Flores Cervantes indicó que había una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, que acusa a Moreno Cárdenas desde 2022.
La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados federal, apoyada en la presunción de que dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad.
«Nosotros hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia que ratificaran los elementos para poderlos judicializar y, hasta el momento, no nos los han entregado», se limitó a decir Gertz Manero el 8 de julio pasado.
Rosario Robles
El 13 de agosto de 2019, durante una audiencia en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, el Juez José de Jesús Delgadillo Padierna dictó vinculación a proceso y prisión preventiva contra Rosario Robles Berlanga, quien se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por el delito de ejercicio indebido del servicio público y por malversación de fondos públicos, por el caso de la denominada Estafa Maestra.
El juzgador determinó que la exfuncionaria pública sí tenía conocimiento de las anomalías y debía informar que la Sedesol se encontraba en el trabajo de justificar miles de millones de pesos faltantes a la ASF. Por este caso, Robles Berlanga permaneció tres años en prisión, durante los cuales se le negó prisión domiciliaria al menos en tres ocasiones, recursos que solicitó reiteradamente argumentado un mal estado de salud..
En 2022, la FGR informó en un comunicado que el 17 de agosto de ese año, Robles presentó una solicitud de cambio de medidas cautelares para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad, por lo que un Juez modificó su medida cautelar a arresto domiciliario, y el 19 de agosto de ese año, la exfuncionaria salió de la cárcel.
En febrero de 2023, la exsecretaria de Desarrollo Social del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019, también por el caso de la «Estafa Maestra», con el que se desviaron cinco mil millones de pesos que fueron extraídos de las dos dependencias durante los años en los que Robles estuvo al frente de ellas. Asimismo, se libró de la inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó y que le impedía ejercer algún cargo público durante 10 años.
El Juez de Control Roberto Omar Paredes determinó sobreseer la causa penal, por lo que Rosario Robles quedó librada de las medidas cautelares que mantenía aún fuera de prisión; ya no tendría que ir a firmar cada quincena al Reclusorio de Santa Martha y podría salir del país. Aunque la decisión fue apelada, en primera instancia por FGR, la apelación fue desechada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México.
Carlos Salinas de Gortari, aunque todos negaron los señalamientos y algunos presentaron denuncias en su contra.
Pese a las acusaciones, ninguno de los implicados ha sido sancionado. Lozoya fue el único en pisar la cárcel, pero desde febrero de 2024 cumple arresto domiciliario mientras continúa su proceso por el caso Odebrecht. Cuestionado por el caso, en febrero pasado, Gertz Manero señaló que el caso Lozoya es un ejemplo de las fallas en el Poder Judicial, ya que acusó que el proceso está anquilosado por decisiones de los jueces.
«El individuo está sujeto a proceso. En un momento dado, había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos, e inmediatamente un juez le dio libertad procesal. En eso estamos», declaró Gertz Manero en ese entonces, pero hasta la fecha no ha vuelto a informar sobre el caso.
Juan Collado
El 9 de julio de 2019, el abogado Juan Collado Mocelo fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México, acusado de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, por más de 156 millones de pesos, y fraude. El arresto del exabogado del expresidente Enrique Peña Nieto tuvo lugar cuando comía con Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero, en un restaurante de Polanco.
Las investigaciones de la FGR, que llevaron a la aprehensión de Collado, se derivaron de la denuncia del empresario Sergio Bustamante Figueroa por el despojo de un inmueble en Querétaro, por lo que días después de su arresto, el litigante fue vinculado a proceso y el juez encargado del caso ordenó seis meses de prisión preventiva contra Collado, los cuales cumpliría en el Reclusorio Norte, como medida precautoria.
La investigación señala que el terreno en cuestión fue comprado mediante la Caja Libertad, una Sociedad Financiera Popular (sofipo) ubicada en Querétaro, de la que supuestamente es dueño Collado y fue su presidente hasta su detención. A estas acusaciones se sumó el delito de peculado, por 13 millones 780 mil pesos que habrían sido desviados del erario público del estado de Chihuahua, entre enero de 2013 y marzo de 2014, durante la gestión del exgobernador César Duarte.
Por este último delito, el 1 de septiembre de 2020, la Fiscalía General de Chihuahua cumplimentó una orden de aprehensión en contra del abogado Collado Mocelo. La orden se ejecutó la tarde del 30 de agosto en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encontraba detenido desde 2019, bajo tres procesos federales que tenía en curso, los dos más grave por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En septiembre de 2023, al abogado, que acumulaba tres delitos: la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos, el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra, y por defraudación fiscal por 36 millones de pesos, se le concedió la libertad provisional a Collado Macelo, pero en aquel momento se determinó que debería usar un brazalete electrónico en el tobillo.
Asimismo, el caso del fuero común que enfrentó es una acusación de la Fiscalía de Chihuahua por un presunto peculado de 13.7 millones de pesos. Los reportes señalaban que los desvíos se habrían realizado a través de la simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica mediante la Secretaría de Hacienda estatal.
Después de un encierro por cuatro años, dos meses y doce días, un Juez determinó concederle la libertad provisional al abogado mientras transcurría su proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado dinero, donde ésta última era la única imputación de las cuatro por la que aún se mantenía al litigante bajo prisión preventiva.
En enero de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó la absolución de Juan Collado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, de los cuales había sido señalado como probable responsable en 2019, luego de que se celebrará una audiencia en la que un Juez determinó levantar las medidas cautelares y otorgar la libertad al abogado del expresidente Enrique Peña Nieto.
En abril de ese mismo año, un Juez federal finalizó el proceso contra Collado por supuesta defraudación fiscal de unos 37 millones de pesos, al considerar que el delito ya había prescrito. El Juzgador de Control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, sobreseyó así el proceso contra el abogado, asestando una nueva derrota a la FGR.
Tras la determinación judicial, el único caso pendiente que mantenía Collado era el de un acuerdo reparatorio que negoció con la Fiscalía de Chihuahua, donde debería de pagar 13.7 millones de pesos con fecha límite al 5 de mayo, de acuerdo con la resolución de un Juez. Una vez que concluya este proceso, Collado terminará todos sus pendientes por los que fue llevado a juicio.
Juan Collado Mocelo fue uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes se encontraban Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid, el expresidente Enrique Peña Nieto y el exdirector de Pemex, Carlos Romero Deschamps.
