Carlos H.
- La CURP de Wallace oficializa su fallecimiento, puesto en duda por periodista Isabel Miranda de Wallace cuestionó el actuar de la SCJN y aseguró que liberar a Juana Hilda equivaldría a operar como una organización criminal.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- En una carta póstuma dirigida a los periodistas Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino, Isabel Miranda de Wallace denunció actos de corrupción vinculados a la posible liberación de las personas condenadas por el secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en 2005.
La misiva, escrita en sus últimos días y difundida este martes en exclusiva por Gómez Leyva en su noticiero «Por la Mañana», el cual se transmite por Grupo Fórmula, contiene un mensaje directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como un reconocimiento público a su hermano, Roberto Miranda Torres, por su acompañamiento tanto profesional como personal en los años más recientes del caso.
“Derivado de toda la información que me hicieron llegar respecto a los actos de corrupción que se cometieron para liberar a los secuestradores de mi hijo […] todo esto se corroboró con la información que envié a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, escribió Miranda de Wallace, quien falleció el pasado 8 de marzo.
La activista expresó especial preocupación por la situación legal de Juana Hilda González Lomelí, una de las sentenciadas por el caso, cuyo amparo fue atraído por la Suprema Corte.
González Lomelí permaneció 20 años en prisión sin una sentencia definitiva. El 11 de junio de 2025, la SCJN ordenó su liberación inmediata tras concluir que su condena se sustentó en una confesión obtenida bajo tortura.
De acuerdo con el documento, las pruebas materiales habrían demostrado que no participó en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, lo que, para Miranda de Wallace, se daría sin fundamentos jurídicos y equivaldría a “fallarle a la justicia”.
“Yo siempre he respetado a la SCJN, pero si liberan a Juana Hilda, es que actúan como cualquier cártel de la delincuencia organizada”, sentenció.
Durante años, Isabel Miranda de Wallace fue una de las voces más visibles en la lucha contra el secuestro en México. Fundó la organización Alto al Secuestro y, en 2010, recibió un reconocimiento en materia de derechos humanos de manos del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En su carta final reiteró que no tenía miedo a las consecuencias de sus denuncias y llamó a los medios a no abandonar el seguimiento del caso Wallace.
“El régimen no me podrá silenciar”, afirmó. “Quiero dejar constancia de que si estos ministros le fallarán a la justicia, le fallarán a México y con su actuar su vida manchará la toga que deberán portar toda la vida”, escribió.
Brenda Quevedo lleva 18 años presa por caso Wallace
Brenda Quevedo Cruz, acusada en el caso Wallace, relató en entrevista con «Los Periodistas» los abusos sufridos durante casi 18 años en prisión sin sentencia, tras haber sido detenida en 2007 y extraditada desde Estados Unidos (EU) en 2009.
Quevedo Cruz aseguró que fue implicada únicamente por haber tenido una relación sentimental con otro de los señalados, Jacobo Tagle. Además, denunció haber sido torturada, exhibida en espectaculares como culpable, y víctima de una campaña mediática y judicial orquestada por Isabel Miranda de Wallace, a quien señaló como autora intelectual de su persecución.
Desde 2024, Brenda cumple prisión domiciliaria con brazalete electrónico. Su caso ha sido documentado por la ONU y la Defensoría Pública Federal como ejemplo de violaciones al debido proceso, tortura y detención arbitraria.
Entre sus anhelos destaca uno: ver el mar con su familia y recuperar una vida normal tras casi dos décadas de encierro.
Sara Irene Herrerías, señalada por abuso de poder
Sara Irene Herrerías, próxima Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue acusada de haber intentado negociar el caso Wallace-Vallarta a cambio de que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) dejara de denunciar otros casos de tortura cometidos por funcionarios públicos. Así lo denunció Salvador Leyva, extitular de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, en entrevista con «Café y Noticias» de SinEmbargo.
Leyva señaló que Herrerías, como Subprocuradora de Derechos Humanos en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), obstaculizó investigaciones, usó los casos como moneda política, y se mostró como una funcionaria vengativa y protegida por el poder transexenal.
En una reunión con el equipo del IFDP, Herrerías habría dicho: «Yo puedo con el caso Wallace, pero el resto no», buscando limitar el alcance de las denuncias por tortura. La funcionaria incluso habría pedido su renuncia al entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tras ser señalada en audiencia como responsable de encubrir a torturadores, lo cual —afirma— está documentado en recomendaciones de la CNDH.
