Carlos H.
- Diputados en el debate de la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
- La legisladora de Morena, Elena García Martínez, subrayó que, con la extinción del Infoem, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores actuales, generando un ahorro sustancial al erario público.
- La diputada del PAN Cristina Karina Romero Velázquez, manifestó la «profunda preocupación» y el «firme rechazo» de su bancada a la desaparición del Infoem.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 18 de Junio de 2025.- En un debate que polarizó al Congreso mexiquense, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Transparencia avanzaron en la discusión de una reforma constitucional que, de aprobarse, significaría la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). La propuesta, impulsada principalmente por el grupo parlamentario de Morena y el Poder Ejecutivo estatal, busca armonizar la legislación local con las recientes reformas federales que reconfiguraron el sistema nacional de transparencia.
La sesión, presidida por el diputado de Morena, Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, puso sobre la mesa tres iniciativas convergentes, todas ellas con el objetivo de eliminar al Infoem como órgano autónomo. Las propuestas, presentadas por los diputados Gerardo Pliego Santana y Elena García Martínez, ambos de Morena, así como una iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, coinciden en trasladar las funciones de transparencia a los órganos de control interno de cada poder público, en sintonía con lo establecido por la legislación federal de diciembre de 2024 y las leyes generales de marzo de 2025.
La legisladora Elena García Martínez defendió el nuevo enfoque, argumentando que responde a los principios de austeridad republicana, simplificación orgánica y eficiencia administrativa. «Es una reforma estructural necesaria que evita duplicidades funcionales y permite redirigir los recursos públicos a áreas prioritarias», señaló. Además, subrayó que, con la extinción del Infoem, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores actuales, generando un ahorro sustancial al erario público.
Por su parte, el diputado Gerardo Pliego Santana detalló que su iniciativa propone reformar el artículo 5 constitucional para otorgar las funciones de transparencia a los órganos de control interno, derogar facultades legales al Infoem y eliminar disposiciones relacionadas con el nombramiento de comisionados, la presentación de informes y la participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.
Pliego Santana enfatizó que la reforma no elimina el derecho de acceso a la información, sino que busca una estructura operativa más cercana a la ciudadanía y menos costosa, manteniendo una autoridad garante específica para los municipios, cuya designación corresponderá al Poder Legislativo.
La propuesta generó un fuerte rechazo entre legisladores de oposición, quienes la calificaron como un «retroceso democrático» y alertaron sobre el riesgo de centralización y opacidad.
La diputada del PAN Cristina Karina Romero Velázquez, manifestó la «profunda preocupación» y el «firme rechazo» de su bancada a la desaparición del Infoem. Subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas son «pilares esenciales para la vida democrática» y que su debilitamiento sería un «grave error histórico». Argumentó que el Infoem, como órgano autónomo, ha sido un contrapeso necesario y técnico en la vigilancia del poder público.
Romero Velázquez, enfatizó que la Constitución permite a las entidades federativas mantener o fortalecer sus mecanismos institucionales de transparencia si ello garantiza una mayor protección de los derechos humanos, proponiendo un modelo mixto que suprima duplicidades sin eliminar la autonomía del garante.
En la misma línea, la también panista Emma Laura Álvarez Villavicencio alertó sobre la fragilidad institucional que la extinción podría generar, por lo que cuestionó el supuesto ahorro, señalando que el presupuesto del Infoem en 2023 fue de apenas 134 millones de pesos (0.05% del presupuesto total del Estado), a cambio de resolver más de 8 mil recursos de revisión y capacitar a miles de servidores públicos. «Extinguirlo […] abrirá la puerta a la opacidad y a la corrupción», sentenció, destacando que «solamente a los regímenes autoritarios les incomoda las instituciones y los mecanismos de transparencia».
Álvarez Villavicencio recalcó que la imparcialidad y la objetividad se verán comprometidas si la institución que resuelve las solicitudes responde jerárquicamente al Ejecutivo, especialmente en temas sensibles como contratos públicos o seguridad.
La diputada Alexia Rocío Dávila Sánchez, calificó las propuestas como «un grave retroceso en materia de derechos humanos» y un «atentado directo contra los principios republicanos, democráticos y constitucionales». Argumentó que contravienen el artículo 1 constitucional, que establece la progresividad de los derechos humanos, implicando que ninguna reforma puede reducir o restringir derechos previamente reconocidos. Citó tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recomendaciones de organismos como la CIDH y la ONU DH, que señalan a los organismos garantes autónomos como «piedra angular de las democracias modernas». Dávila Sánchez advirtió que la eliminación del Infoem dejaría al ciudadano sin una herramienta trascendental frente a los abusos del poder.
En tanto, la emecista Ruth Salinas Reyescalificó la reforma como un «retroceso democrático», acusando que se opta por desaparecer instituciones en lugar de fortalecerlas. Destacó logros históricos del Infoem, como la denuncia contra el exgobernador Arturo Montiel y la revelación de casos de corrupción. Propuso crear un sistema de transparencia estatal con un consejo consultivo integrado por expertos y la comparecencia de los comisionados del instituto.
Salinas Reyes advirtió que el debate está incompleto, señalando que no existe claridad sobre quién asumirá las funciones del Infoem y acusó a legisladores oficialistas de basarse en documentos no entregados al pleno.
Por su parte, el priista, Eduardo Zarzosa subrayó que la reforma vulnera la progresividad de los derechos humanos y deja a la ciudadanía en indefensión al «pulverizar» las funciones de transparencia en diversas autoridades sin claridad ni control.
En tanto, el licenciado Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, en representación del Ejecutivo estatal, presentó los fundamentos técnicos de la iniciativa. Explicó que este primer paso legislativo es de carácter técnico y obedece a la necesidad de remover al Infoem de la Constitución local, sin definir aún qué organismos asumirán sus funciones, lo cual se reservará para la legislación secundaria. «La intención no es improvisar, sino cumplir con el mandato federal», puntualizó, refiriéndose a las reformas de diciembre de 2024 y marzo de 2025.
De Jesús Domínguez reiteró que la propuesta actual no define el futuro operativo, pero que las «líneas ya están trazadas por la Ley General» y el Estado debe armonizarse con ella.
El diputado morenista Israel Espíndola destacó que esta no es una reforma ordinaria, sino una que «derriba muros de simulación y coloca la transparencia de la verdad en el centro de la vida pública». Subrayó que la propuesta no elimina derechos, sino que fortalece su garantía al reorganizar el modelo institucional, asignando a cada poder público su propia autoridad garante de transparencia, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción.
El morenista Vladimir Hernández Villegas defendió la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez, afirmando que el objetivo es mejorar el modelo de transparencia, no desaparecerlo. «Muchos de nosotros no permitiríamos que en un gobierno progresista prevalezca la opacidad o la corrupción», expresó, recordando su experiencia en el extinto IFE, donde observó prácticas parciales y gastos excesivos.
El diputado Edmundo Luis Valdepeña Bastida centró su intervención en evidenciar presuntos excesos del Infoem, como gastos en lavandería, transportación aérea y hospedaje en el extranjero. «El Infoem terminó siendo más un símbolo de dispendio que de rendición de cuentas», declaró, mostrando documentos de observaciones a la cuenta pública 2023. Reafirmó que la propuesta busca «hacer más con menos» y garantizar el acceso a la información sin lujos ni duplicidades.
El congresista Karim Carvallo Delfín apeló a la necesidad de reconstruir la institucionalidad de la transparencia desde sus bases. «El Infoem fue una buena idea en su momento, pero fracasó. Se convirtió en un instrumento poco eficaz, elitista, que se abandonó a sí mismo», sostuvo, haciendo un llamado a integrar a los municipios en este proceso.
El legislador Octavio Martínez Vargas sostuvo que la desaparición del Infoem no es una opción, sino una obligación constitucional, en cumplimiento a la reforma federal de diciembre de 2023, ratificada por la Suprema Corte. «No somos una república autónoma. Es un mandato de la Carta Magna», expresó, al subrayar que el debate sobre su extinción ya fue superado a nivel nacional. Recordó que el Infoem obtuvo autonomía financiera apenas en 2023, pero su manejo de recursos fue cuestionable según dictámenes del Órgano Superior de Fiscalización.
En la misma línea, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso defendió la iniciativa de la gobernadora, que promueve la austeridad y la eliminación de la «burocracia dorada». Aseguró que el derecho a la información no desaparece con la extinción del Infoem, pues está protegido por la Constitución. «La transparencia no depende de un edificio o un cargo, es un derecho del pueblo», sentenció.
Todos los ponentes coincidieron en que el siguiente paso es la discusión de las leyes secundarias, donde se definirá la operación del nuevo modelo de autoridades garantes. Estas leyes, insistieron, deberán construirse con apertura a la sociedad civil, especialistas y ciudadanía, asegurando un nuevo esquema funcional, austero y eficaz.
Finalmente, Martínez Zurita, solicitó que la reforma sea incluida en el próximo periodo extraordinario de sesiones, previsto para el 26 de junio. Señaló que el dictamen constitucional será discutido y votado por el Pleno, al considerar que se trata de una obligación derivada de la Carta Magna federal. «Se puede, pero además se debe, porque es un mandato constitucional», expresó.
Así, en un ejercicio plural y con posturas convergentes en su objetivo de reconfigurar la transparencia, la Legislatura del Estado de México avanza hacia una nueva etapa institucional, donde la transparencia, de acuerdo con sus defensores, ya no será un privilegio elitista, sino una práctica cotidiana y cercana a la gente. La votación sobre el futuro del Infoem se perfila como uno de los momentos legislativos más relevantes del año en la entidad.
