Carlos H.
- El caso de «Lupita TikTok», una joven que se viralizó en redes sociales, revela una cadena de violencias estructurales: precariedad económica, explotación mediática, abuso de poder y desprotección institucional.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- A mediados de abril, esta joven, Lupita TikTok, dio a luz a una niña. En mayo, la bebé presentó desnutrición severa. Y ahora, su esposo enfrenta una acusación que se equipara a violación.
Guadalupe Guzmán nació en Monterrey, Nuevo León, en un entorno de precariedad económica, lo que la obligó a trabajar desde niña.
Inició en TikTok a los 19 años con videos espontáneos de baile y vlogs y así se convirtió en «Lupita TikTok». Pero fue en un programa de Adrián Marcelo donde la expusieron masivamente… y no para reconocer su talento, sino para ridiculizarla.
Lupita siguió creciendo en redes sociales y comenzó a monetizar más. Pero parte de su audiencia no la veía como una persona con emociones, proyectos o derechos, sino como un personaje de quien era válido burlarse: por su estatura de 1.30 metros, por su estructura facial, por su manera de hablar.
A los 21 años conoció a Ricardo Medellín, un hombre de 46 años de edad, quien según él mismo dijo, a los 39 años se casó con una niña de 14 años.
A los 22 años tuvo a su hija y semanas después de dar a luz, tuvo que llevarla de emergencia al Hospital Infantil. La bebé fue diagnosticada con deshidratación severa y otras condiciones.
Fue entonces que el DIF de Nuevo León y Mariana Rodríguez —la esposa del Gobernador Samuel García— intervinieron. En su investigación, detectaron consumo de drogas en el entorno familiar.
Y recientemente, mientras la nena sigue hospitalizada, la Fiscalía General de Nuevo León acusó a Ricardo Medellín por un delito que se equipara a violación. La fiscalía argumenta que la discapacidad intelectual o la vulnerabilidad cognitiva de Lupita no le permitió dar consentimiento pleno de la relación o de ejercer la maternidad.
¿Qué observamos aquí?
Primero, la instrumentalización de la discapacidad para el consumo de contenido grotesco: lo que algunos llaman “pornografía de la discapacidad”. Segundo, una dinámica de poder brutal: no solo por la diferencia de 23 años con su pareja cuando ella era muy joven, sino porque este hombre comenzó a tomar cierto control de su carrera en TikTok.
Además, Lupita firmó contratos laborales sin asesoría legal, sin redes de apoyo, sin conciencia plena de sus derechos.
Tercero, una maternidad usada como control por parte de su pareja. Y en redes, Lupita, como muchas otras madres, recibió muchas críticas por la forma en que llevaba su maternidad.
Si Lupita pudo monetizar no fue por un empoderamiento espontáneo, sino porque existe un mercado para contenidos degradantes… y porque nadie o muy poca gente quiso ver la violencia.
Mientras las plataformas carecen de protocolos para detectar estas dinámicas, las fiscalías enfrentan retos para aplicar figuras jurídicas como la incapacidad volitiva en contextos digitales, es decir, la limitación de la capacidad de una persona para tomar decisiones y actuar de acuerdo a su voluntad.
La detención de Medellín marca un precedente legal, pero expone la urgencia de políticas públicas que protejan a personas con vulnerabilidad cognitiva en entornos mediáticos.
La justicia para Lupita implica reconocer que su vulnerabilidad no es sólo individual, sino producto de un sistema que normaliza múltiples formas de violencia contra mujeres jóvenes, pobres y con discapacidades en los nuevos escenarios digitales.
Pero siempre hay gente así, gente que no ve personas, sino mercancías.
