Carlos H.
- Integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia acordaron un análisis
profundo de la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez. - Funcionarios del gobierno estatal argumentaron que la propuesta deviene de varios casos
judiciales para no afectar la reinserción social y responder a un principio de proporcionalidad.
Toluca de Lerdo, México, 31 de marzo de 2025.- Al analizar la propuesta de la gobernadora Delfina
Gómez Álvarez sobre la reducción de penas en delitos como la extorsión agravada, homicidio
calificado, homicidio múltiple y robo que cause la muerte, así como la eliminación de la prisión
vitalicia, congresistas de morena, PAN y PT de la LXII Legislatura mexiquense solicitaron un
análisis más profundo de la iniciativa para evitar mandar un mensaje erróneo a la ciudadanía.
Sobre la reforma, funcionarios del gobierno estatal concordaron en que la adecuación de sanciones
corresponde a la realidad social y establece penas máximas de 70 años en determinados delitos, ya
que la reforma deviene de varios casos judiciales para no afectar la reinserción social y responder a
un principio de proporcionalidad, determinado por el derecho internacional y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
Al presidir la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, la diputada
Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) señaló que para las familias que sufren no hay justicia,
pena o años de cárcel que alcancen para remediar el dolor, por lo que disminuir sanciones “podría
mandar mensaje erróneo que no queremos”, ya que la impunidad afecta gravemente a las familias.
En el análisis, Alberto Cervantes Juárez, director general del Instituto de la Defensoría Pública
estatal; y Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General de
Legislación y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", concordaron en que la adecuación de
penas corresponde a la realidad social y establecer una pena máxima de 70 años para los delitos
referidos, ya que la reforma deviene de varios casos judiciales para no afectar la reinserción social.
Por morena, el legislador Vladimir Hernández Villegas aceptó comprender el aspecto técnico sobre
la proporcionalidad y resoluciones de la SCJN, pero indicó que, más allá del tema técnico, se está
hablando de vidas y daños a las familias, por lo cual solicitó un análisis más profundo, a efecto de
evitar que se descuadre la reforma.
En términos similares se pronunció su compañera, la parlamentaria Nelly Brigida Rivera Sánchez,
pues afirmó que, derivado de la realidad que vive el Estado de México, es importante analizarla,
para evitar enviar un mensaje erróneo.
Al señalar que concuerda con quitar el término de prisión vitalicia, la diputada Ana Yurixi Leyva
Piñón (PT) expresó su desacuerdo en disminuir la penalidad para feminicidas que causaron dolor a
víctimas y sus familias por un delito que sigue lastimando a la sociedad.
Recordó que el Estado de México es primer lugar en homicidios, feminicidios y extorsión, por lo
que enfatizó que no es un argumento adecuado que el parámetro sea una comparación con otras
entidades federativas, razón por la cual solicitó una revisión exhaustiva de la propuesta.
Por el gobierno estatal, Alberto Cervantes Juárez, director general del Instituto de la Defensoría
Pública estatal, explicó que la imposición de penas debe responder a un principio de
proporcionalidad, determinado por el derecho internacional y la SCJN.
Añadió que se busca adecuar las penas a la realidad social, ya que su incremento no es un factor
específico para inhibir la comisión de delitos, y aclaró que la iniciativa plantea eliminar la prisión
vitalicia para establecer una pena máxima de 70 años en determinados delitos, considerando a la
perspectiva de género, como son los casos de violación, feminicidio y homicidio de cónyuge.
Al respecto, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General
de Legislación y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", indicó que la reforma deviene de
varios casos judiciales y que “la severidad en extremo” no persigue los fines del derecho penal
sancionador, sobre todo por la parte de la reinserción social. Agregó que la propia aplicación de las
sanciones puede comprometerse porque se está llegando al límite de expectativa de vida, y eso
puede generar la imposibilidad de la reinserción social; es decir, contraponerse con un tema de
derechos humanos.
Cabe señalar que la iniciativa para reforma el Código Penal estatal también plantea que el
homicidio calificadode dos o más personasy robo que cause la muerte de la víctima se sancione
hasta con 55 años de prisión (15 años menos que la pena máxima actual); mientras que el delito de
extorsión, en modalidades agravantes, alcanzaría hasta 40 años de prisión (30 años menos que la
pena máxima actual).
