Carlos H.- La medida aprobada por el Congreso local. Para fijar las multas, las autoridades ponderarán circunstancias, como las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor, así como la reincidencia.
Toluca de Lerdo, México, 12de febrero de 2025.- El Congreso mexiquense aprobó por unanimidad multas de hasta 339 mil 420 pesos a quien otorgue, de forma gratuita, productos plásticos de un solo uso en unidades económicas, excluyendo bolsas o contenedores que constituyan un empaque primario, que prevengan el desperdicio de bienes o que por cuestiones de higiene o salud se requieran, así como bolsas de acarreo que cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables.
Lo anterior, de acuerdo con las iniciativas (presentadas por separado) por las bancadas de PVEM y MC, y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que reformarán el Código para la Biodiversidad estatal, para fijar las sanciones correspondientes, la autoridad administrativa ponderará circunstancias como las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor, así como la reincidencia (si la hubiere).
Con estas reformas, también se prohíbe el uso de plásticos que no sean biodegradables o reutilizables en oficinas públicas, de igual manera en instituciones educativas públicas y privadas. Resaltan que los programas de educación que desarrollen o fomenten las instituciones educativas, de jurisdicción del Estado, deberán generar consciencia sobre el impacto ambiental por el consumo y manejo inadecuado de estos productos, así como incentivar el uso de empaques biodegradables, reciclables y reutilizables.
Lo anterior, se suma a que los ayuntamientos realizarán sus adecuaciones normativas para instrumentar mecanismos de inspección y vigilancia correspondientes, así como sustituir gradualmente plásticos de un solo uso que se utilicen en las oficinas públicas.
Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá las acciones y medidas para la sustitución gradual de plásticos de un solo uso que se utilicen en las oficinas de la administración pública estatal y no sean biodegradables, y señalará los productos susceptibles de sustitución.
