Carlos H.
• En entrevista para «Café y noticias», la Ministra Lenia Batres criticó que el Poder Judicial de la Federación no respete lo establecido en la Constitución y se niegue a devolver los recursos de al menos 7 fideicomisos retrasando el proceso a través de amparos.
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Lenia Batres, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expuso que este organismo no ha devuelto a la Tesorería de la Federación 20 mil millones de pesos que están en los fideicomisos, al tiempo que aseguró que Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Corte, se ha empeñado más en gastar dinero en propaganda política que en regresar los recursos.
«De lo que se ha devuelto de los 13 fideicomisos o más bien los 14, pero son 13 los que tienen recursos, el saldo que teníamos a diciembre de este año era de cerca de 25 mil millones de pesos. Se han devuelto 3 mil millones, lo cual quiere decir que hay 22 mil millones de pesos en el resto de los fideicomisos, de los cuales entiendo que solamente uno se le está dejando al Poder judicial para el pago de las liquidaciones a jueces y magistrados que decidieron renunciar. Entonces, son por lo menos 20 mil millones de eso, lo que no ha devuelto todavía el Poder Judicial a la Tesorería de la Federación por concepto de estos fideicomisos», detalló la Ministra Batres en entrevista para «Café y noticias», programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
La Ministra mencionó que además de no acatar el cumplimiento de la Reforma Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resiste a devolver los recursos de ocho fideicomisos y ha promovido varios amparos para retrasar el proceso, aún cuando son ilegales porque no pueden proceder en contra de una reforma constitucional.
«Hay cuatro fideicomisos que están a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay dos fideicomisos que están a cargo del Tribunal electoral y el resto, es decir, ocho fideicomisos están a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. De esos ocho, siete debían haberse ya reintegrado al erario federal, pero resulta que se dan amparos y resulta que el Consejo de la Judicatura Federal en lugar de sancionar a los jueces que indebidamente están dando amparos contra una reforma constitucional, porque viene determinada esa devolución en los transitorios de una reforma constitucional, y la propia Constitución dice que está prohibida cualquier admisión de un juicio de amparo contra reformas constitucionales y en lugar de ser sancionados estos jueces, resulta que se asumen como autoridad el Consejo de la Judicatura Federal, autoridad única que en este momento puede sancionar jueces que actúen indebidamente violando la ley y en este caso la Constitución, en lugar de hacerlo, acata resulta que se asume como subordinado para efecto de no devolver estos recursos a la Tesorería de la Federación».
La Ministra Lenia Batres ahondó y señaló que además de la no devolución de los fideicomisos, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral siguen rebasando el límite constitucional de sus atribuciones.
«Además de la no devolución de estos fideicomisos que insisto tiene responsables y las responsables son las cabezas que deben haber debieron haber funcionado ya como titulares del Poder Judicial de la federación, pues tenemos también fideicomisos no devueltos en el caso de la Suprema Corte se devolvió uno, pero se negado la devolución de otros tres, pues subsisten, además de eso, hay todavía pues un incumplimiento en el monto de las remuneraciones de las personas servidoras públicas de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral que en los tres casos siguen rebasando el límite constitucional que dice el artículo 127 fracción segunda que ahora la reforma constitucional reiteró en el artículo 94 constitucional y bueno, sigue habiendo renuencia para cumplirlo, lo cual pues también tiene responsables que también son los titulares porque somos los que aprobamos los presupuestos».
Piña y su gasto en medios
Este día, la periodista Montserrat Antúnez publicó en SinEmbargo una nota en donde revela que durante la gestión de la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha engrosado el gasto en publicidad mediante campañas en cine, transporte, redes sociales, medios de comunicación impresos y digitales, e incluso en el pago directo a comunicadores.
Al respecto, Lenia Batres mencionó que Norma Piña ha utilizado este recurso como difusor de mensajes políticos.
«La propia Corte ya tuvo que aceptar la propia disminución del pago de comunicación social. Entonces, una parte también de un concepto que no se elimina, pero sí se modifica. Pero sí, efectivamente, en los últimos años ha gastado mucho más para Justicia TV y para comunicación social. Se entiende que pues es una labor fundamentalmente de pago de esfuerzos de mensajes políticos más que otra cosa».
En dos años con Norma Piña como cabeza del Poder Judicial, la Corte y el Consejo de la Judicatura han gastado más de 34 millones en servicios de publicidad oficial. Con campañas tituladas “La Corte Contigo”, “Independencia Judicial” y “Somos la Constitución”, el Poder Judicial ha tratado de defender el trabajo de la SCJN y el CJF.
Los contratos públicos en el portal de transparencia de la Corte muestran que el gasto de 2023 asciende a 22 millones 517 mil 996 pesos y hasta el tercer trimestre de 2024 se registraban 11 millones 656 mil 132 pesos en publicidad oficial, que suman 34 millones 174 mil 129 pesos.
En 2023 la inversión en publicidad oficial desde la SCJN se centró en campañas de comunicación, como la titulada “La Corte Contigo”, que tuvo dos etapas, o la llamada “México invierte en Justicia”. En total, esas y otras tres estrategias del comunicación, incluida la promoción del Informe de Anual de Labores, fueron financiadas con recursos de 73 contratos de los 129 suscritos por la SCJN ese año para publicidad oficial, que representaron en total 15 millones 199 mil 165 pesos.
Entre los más costosos se encuentra uno para promocionar el trabajo de la Corte en salas de cine de Cinépolis, del empresario Alejandro Ramírez, para lo que la Corte pagó 580 mil pesos; y anuncios en andenes del Metrobús de la Ciudad de México y del Mexibús en el Estado de México por 487 mil 375 pesos.
