Carlos H.
Secreto a Voces
Por Rafael Alfaro Izarraraz
El Judicial, en Latinoamérica y el Caribe, ha sido históricamente un poder al servicio de laoligarquía. El Poder Judicial fue, durante años, un “florero” en su relación con otros poderes como el presidencial y el legislativo en esta parte del continente. Esa condición ha cambiadodesde los años noventa para acá, debido a que las oligarquías y las élites estadounidenses han renovado sus estrategias con el fin de retener el poder ante el surgimiento y el triunfo electoral de gobiernos progresistas y de izquierda. Bajo esa lógica, las oligarquías y las élites estadounidenseshan incrustado al Poder Judicial dentro de susestrategias políticas que incluye, entre otras acciones, golpes de Estado “suaves”, como ha ocurrido en Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú, entre otros países. Lo anterior, con el respaldo de grupos de derecha que son financiados por el congreso estadounidense.
El Judicial ha sido un poder, en Latinoamérica, no vinculado a los sistemas electorales democrático/electorales. Durante la independencia de los estados nacionales latinoamericanos, éstos copiaron el modelo estadounidense de poderes que sirviópara dotar de un orden institucional a los nuevos Estados. El Poder Judicial, en el esquema estadounidense y replicado en esta parte del subcontinente, fue concebidocomo un poder vigilante de que cualquier normatividad aprobadaestuviera en coherencia con Constitución. Los controles sobre el Poder Judicial recayeron en el Poder Legislativo y, en menor, medida en el Ejecutivo (Gabriel Negretto). Estos modelos de justicia son modelos oligárquicos, hoy, de las multinacionales, en donde el pueblo ha sido un invitado incómodo (Atilio Borón).
En la lógica descrita, el Poder Judicial fue sustraído de la vida democrática y de elección de sus integrantes, bajo el principio de que la función central de ese poder debería ser “neutro” así como la interpretación de la Constitución. Para los corrientes positivistas latinoamericanos que influyeron en el modelaje de los sistemas de división de los poderes, el Judicial se mantuvo al margen de los procesos de legitimación social como fue el que, como los integrantes de otros poderes, pasaran por procesos de elección. La pregunta es ¿cuál es el trasfondo de esa decisión, cuando se supone que se trata de un poder y que, como tal, debe estar legitimado ante el pueblo?Las oligarquías quisieron modelar un Poder Judicial vitalicio y “neutro” y, por tanto. no sujeto a elección de sus integrantes.
En los hechos, se trató de un poderformado por expertos cuya labora sería protegerlos privilegios oligárquicos, así como inclinar la balanza hacia un determinado grupo durante disputasinteroligárquicas y entre la oligarquía y el pueblo. Por ello, no deberían estar sometidos a cambios constantes que vienen de la mano de los procesos de elección popular, pues el poder sobre ese poder se diluiría. Fue clave, aislarlos de ese proceso, creando una aureola de que se trataba de protectores de la ley, útil y funcional desde el punto de vista ideológico.Se intentó evitar que ese poder, presentado como un poder “neutral”,fuese expuesto a la crítica popular y que, de esa manera, se debilitara su autoridad y pudieran ser descubiertos como torcedores de la ley.
Sus verdaderas acciones fueron encubiertas por los medios de comunicación de masas electrónicos, creadores de representaciones sociales falsas a través voceros oficiales y de los intelectuales orgánicos. Esos medios, la radio y la televisión,propiedad de las oligarquías o de subgrupos afines a ellas, protegieron a los jueces de las fechorías que cometían con la aplicación de la ley. La opinión pública no tenía acceso a la verdad de lo que ocurría con ese poder, pues además fueron cubiertos con una aureola de sabiduría constitucional porque el aislamiento político como jueces, los abstraía del juicio popular. La población conocía los resultados de la aplicación de la justicia sin que se conociera realmente quiénes eran los juzgadores y jueces.
Pero esta situación, la del Poder Judicial como “florero” ante otros poderes, cambió a partir de la década de los años noventa del siglo pasado, en el contexto de la imposición del modelo de economía neoliberal y del “giro asiático” que tomó como rumbo la sociedad mundial. El Poder Judicial fue dotado de poderes y dinero que antiguamente no tenía, pero sin ser incorporados sus integrantes a la elección popular, manteniéndose al margen de la democracia en un sentido estricto (Alberto Ruano). En México,integrantes del Poder Judicial y algunas de sus normas, fueron cambiadas por el presidente Zedillo. El presidente quiso contar con un poder afín ante la crisis de credibilidad que campeó en su gobierno debido a la crisis económica y la transformación de la deuda privada en pública, con el Fobaproa.
La activación política del Poder Judicial fue una medida política de las élites estadounidenses y las oligarquías locales, ante el surgimiento de gobiernos progresistas en Latinoamérica y el Caribe. Obviamente, con el fin de interponerse y evitar su avance, frente a la inminente presencia China en la región y el desplazamiento de la Unión Europea como socio y financiador.De esa estrategia política se derivó la creación de judicaturas independientes, que deberían contar con la característica de que sus integrantes deberían ser vitalicios. El carácter vitalicio vino acompañado por medidas del gobierno estadounidense de promover judicaturas independientes como instrumentos a través de los cuales detener la emergencia de las corrientes de izquierda que tomaron el poder en Latinoamérica.En esa lógica, el mantener jueces sujetos a la elección popular iría en contra del carácter vitalicio y de las políticas estadounidenses.
De acuerdo a Ruano: “…en 1991, y por iniciativa del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y de su presidente William H. Rehnquist, se estableció el Comité de Relaciones Judiciales internacionales, con la misión de “supervisar el intercambio judicial internacional”, impulsar la independencia del poder judicial en el mundo, considerándola en sus aspectos universales, pues, una vez establecida “mantenerla y reforzarla es un proceso peculiar a cada sociedad” … y, con ese propósito, ayudar a establecer Consejos de Judicatura en el mundo. Mediante la capacitación y las visitas e intercambios de jueces federales de Estados Unidos, se debía propiciar la independencia y autonomía de aparatos de justicia apropiados a las nociones de una justicia universal”. A lo anterior, agregó, en algo muy parecido al intervencionismo de EU y el apoyo a grupos políticos contrarios a las corrientes de izquierda:
“El comité impulsó el establecimiento de Judicaturas independientes en los diversos Estados, basándose en la experiencia norteamericana, no sin una notable dosis de etnocentrismo: “(…) podemos decirles qué es lo que ha funcionado en Estados Unidos” pues, de algún modo, según la juez Cynthia Hall, presidenta de esta institución judicial de alcance mundial: “Hemos comprobado que la independencia judicial puede estar mejor protegida si los tribunales son una rama separada del Estado y controlan su propio presupuesto y personal” … Según esta orientación – y que tanta influencia ejerció en Latinoamérica – se debe tender al carácter vitalicio del cargo de los jueces pues “es difícil tener una judicatura independiente si los jueces tienen que ser elegidos” … dar garantías de una retribución adecuada para los mismos y brindarles protección contra la interferencia política”.
El Poder Judicial mexicano no ha sido la excepción en cuanto a la dinámica que ha guiado a este mismo poder en otras naciones latinoamericanas, en la época actual. Por la tradición autoritaria que existía en el ámbito gubernamental mexicano, ese poder que estuvo siempre de florero frente a otros poderes como el presidencial, se ha alzado en contra de la reforma judicial que el pueblo ha establecido como mandato el pasado 2 de junio: la elección de los jueces por voto directo de la población, con el fin de que la justicia se aplique en función de los intereses de quien manda, el pueblo mexicano. Con el propósito de detener el mandato popular, el Poder Judicial mexicano ha promovido una huelga con el fin de echar para atrás el mandato del pueblo.
El mandato popular no es un capricho, es un mandato y será cumplido, sin duda.
raizarraraz@gmail.com
