Carlos H.
- Las agencias estadounidenses (FBI, CIA y DEA) tuvieron una intervención significativa durante la Guerra Sucia en México, realizando operaciones de vigilancia y encubiertos, que resultaron en violaciones graves a los derechos humanos y vulneraron la soberanía, revela el Informe final del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.
Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).– El Informe final del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico revela la profunda injerencia de las agencias estadounidenses FBI, CIA y DEA en México durante la llamada “Guerra Sucia” (1965-1990), respaldada por la complicidad del Estado mexicano. Esta intervención, orientada bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no solo violentó la soberanía de México, sino que también resultó en graves violaciones a los derechos humanos que aún hoy resuenan en la memoria histórica del país.
El Volumen 4 del informe, titulado “¿Quiénes fueron los perpetradores? Instituciones y personas implicadas en la comisión de violaciones graves a derechos humanos (1965-1990)”, describe cómo la CIA y el FBI jugaron roles clave en la vigilancia y represión de movimientos disidentes en México. Según se aprecia en el informe, estas agencias operaron bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y cárteles, pero en realidad, la injerencia de las agencias estadounidenses en México fue motivada por intereses políticos y económicos, en un contexto global marcado por la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo.
“Se establece la contribución de tres agencias estadounidenses en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos (VVGGDDHH) que fueron cometidas en el territorio mexicano en el periodo de 1965 a 1990. El papel que jugaron el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su acrónimo en inglés), la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su acrónimo en inglés) y el Departamento de Administración de Drogas (DEA, por su acrónimo en inglés) se explica a partir de su entendimiento como instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad nacional estadounidense fuera del país donde se constituyeron. En otras palabras, como mecanismos de vigilancia, combate contrainsurgente y aplicación de la ley fuera de sus fronteras”, se lee en el documento.
El informe aborda las operaciones del FBI y la CIA, que incluían la vigilancia y infiltración de grupos disidentes, la manipulación mediática y el financiamiento de grupos anticastristas en México. Durante este periodo, el FBI y la CIA colaboraron estrechamente con autoridades mexicanas en la supervisión y represión de grupos estudiantiles, movimientos políticos de izquierda y organizaciones sociales. Según el informe, el FBI se enfocó en actividades de inteligencia y recopilación de información sobre individuos y organizaciones considerados subversivos, mientras que la CIA llevó a cabo operaciones encubiertas que incluían desde la infiltración en partidos políticos hasta el financiamiento de grupos anticastristas en México.
Una operación particularmente significativa fue la Operación Cóndor, en la que la CIA utilizó a México como base para coordinar actividades de represión en otros países del Cono Sur. El informe menciona la detención de William Morales, líder puertorriqueño de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, quien fue capturado en Puebla en 1983 gracias a la colaboración de la CIA. Morales, herido y buscado por las autoridades estadounidenses, fue entregado a las autoridades mexicanas y posteriormente extraditado a Estados Unidos, lo que evidenció la cooperación estrecha entre ambos gobiernos.
La DEA, por su parte, tuvo un rol particularmente contundente en la comisión de violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, todo ello facilitado por la colaboración de fuerzas de seguridad mexicanas.
El informe documenta que fue notorio el incremento de agentes de la DEA en México. Hacia 1974, la DEA contaba con 360 agentes y al año siguiente con más de 530 en total. Entre 1973 y 1974, agentes de la DEA participaron en al menos 700 arrestos en México, muchos de los cuales resultaron en abusos graves.
“El nivel de involucramiento en la comisión de violaciones graves a derechos humanos varía en grado. Proponemos que la participación de la DEA, por ejemplo, fue más contundente. Lo anterior sin demeritar el papel que jugó el FBI y la CIA en las mismas. Sin embargo, como se argumenta, más allá de las variaciones en la violencia ejercida, la magnitud de la responsabilidad de las tres agencias, en el contexto de violencia estatal del periodo 1965-1990, debe establecerse para entender las lógicas desde el Estado que la hicieron posible”, detalla el informe.
Testimonios de exagentes de la DEA, como Héctor Berrellez y Jack D. Compton, confirman la participación activa de la agencia en actos de tortura y ejecuciones, en colaboración con la policía mexicana. Berrellez describió cómo fue testigo de ejecuciones extrajudiciales, incluyendo la muerte de un presunto traficante de drogas que fue lanzado desde un avión en el estado de Sinaloa. Estas acciones, realizadas en colaboración con fuerzas de seguridad mexicanas, reflejan la brutalidad de las operaciones de la DEA en el país durante ese periodo.
El informe incluso también señala que, según testimonios de exagentes de la DEA, se sugiere la posible implicación de agentes de la DEA en los llamados vuelos de la muerte, pues el Mecanismo de Esclarecimiento resalta que una de las pocas pistas existentes sobre la participación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en estos vuelos, con un agente de la DEA como testigo, proviene de la narración de Héctor Berrellez, quien relata cómo comenzó a construir alianzas con agentes estatales del gobierno mexicano.
“Mi primera oportunidad para comenzar a construir estas alianzas llegó incluso antes de cumplir una semana en la asignación, cuando recibí una llamada de un comandante local mientras estaba en mi oficina. […] ‘Héctor’, dijo el comandante. ‘He escuchado cosas buenas sobre ti. […] ‘Acabamos de arrestar a tres traficantes de drogas que intentaban mover un gran cargamento de marihuana. ¿Por qué no te encuentras conmigo en el aeropuerto donde los estamos reteniendo?’. […] Media hora después estábamos en el aire. Volábamos sobre la costa oeste de Sinaloa, rumbo al Océano Pacífico, y el comandante estaba parado frente a nosotros como un guía turístico […] Luego, tan casual como apagar un cigarrillo, el comandante se movió hacia la puerta de carga, levantó la escotilla y la abrió. […] Uno de los soldados se apresuró, sacó al traficante de su asiento, lo empujó hacia la puerta y lo arrojó fuera del avión justo frente a mí.”
La complicidad de las autoridades mexicanas es otro aspecto que se destaca en el informe, pues el Estado mexicano permitió que estas agencias estadounidenses operaran en el país con impunidad.
“Es imposible establecer un vínculo entre la injerencia de instituciones de seguridad estadounidenses y las graves violaciones a los derechos humanos sin considerar el papel de complicidad que jugó el Estado mexicano. Es esta complicidad la que lleva los crímenes cometidos por los agentes estadounidenses a la esfera de los derechos humanos, pues ocurrieron bajo la aquiescencia del Estado mexicano, cuando no en coparticipación. La primera puerta de entrada al despliegue de sus operaciones estaba condicionada por los vínculos que establecían con la Policía Judicial Federal”, detalla el texto.
La Dirección Federal de Seguridad (DFS), bajo el mando de personajes como Miguel Nazar Haro y Fernando Gutiérrez Barrios, facilitó la colaboración con el FBI, la CIA y la DEA, de acuerdo con el informe. La DFS no solo compartió información con estas agencias, sino que también participó activamente en operaciones conjuntas que resultaron en graves violaciones a los derechos humanos.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Guillermo Haro, periodista y activista, quien fue detenido y torturado por la DFS en colaboración con la CIA por sus vínculos con movimientos estudiantiles y su oposición al gobierno. El informe menciona que la CIA utilizó métodos de tortura psicológica y física para extraer información de Haro, quien fue liberado después de un largo periodo de detención arbitraria, pero con secuelas permanentes.
“El Gobierno mexicano actuaba a merced de las presiones estadounidenses. No obstante, tomaba medidas con tal de ocultar sus complicidades ante la opinión pública. Uno de los relatos expuestos por Bloch cuenta que las instrucciones que recibió antes de llegar a México le indicaban mantener un perfil bajo, ya que el gobierno de México no quería que la gente supiese que había un gran número de agentes estadounidenses en su país”, se lee en el texto.
Un ejemplo del nivel de complicidad entre ambos gobiernos en las graves violaciones cometidas en México es el testimonio de Michael Levine, exagente de la DEA y responsable de la Operación Snowcap en 1987. Levine expuso la relación entre el general Jorge Carranza —cuñado del exsecretario de Defensa Juan Arévalo Gardoqui y participante en la Operación Cóndor—, Mario Acosta Chaparro, David Wheeler y Edward Heath, quien fungía como el encargado regional de la DEA en México.
En cuanto a la CIA, la permisividad y complicidad del Estado mexicano también jugaron un papel crucial, facilitando el quebranto de la soberanía nacional y convirtiendo a México en un centro de operaciones para las agencias estadounidenses. El caso del agente Enrique Amaya Quintero, exlíder del Movimiento Peruano Revolucionario de Izquierda (MIR), quien fue designado a la embajada de México en Cuba como agente de la CIA, ejemplifica dicha relación.
“No podemos dejar de lado la importancia que jugó el Estado mexicano en la cesión de derechos de soberanía nacional […] Mientras se defendía el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos como estandartes de la política exterior mexicana, y el nacionalismo revolucionario como ideología dominante posibilitaba el desarrollo de una política relativamente independiente de los Estados Unidos, la alianza implícita con los Estados Unidos colocó a México como centro de operaciones de varias agencias de inteligencia internacionales, primordialmente, de la CIA”, destaca el informe.
EL PAPEL DE LA CIA y el FBI
Tanto el FBI como la CIA tuvieron injerencia y participación en México, según el informe del MEH, que señala que agentes de ambas organizaciones cometieron arrestos y detenciones ilegales en suelo mexicano
El informe describe el papel del FBI y la CIA en la violación de derechos humanos en México, el quebrantamiento de la soberanía nacional y la subordinación del Estado mexicano al predominio económico de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. La participación de estas agencias debe entenderse no solo como la comisión directa de violaciones graves, sino también como la habilitación e influencia en decisiones estatales que llevaron a graves violaciones de derechos humanos en un periodo de violencia estatal.
“La participación del FBI y la CIA debe entenderse desde distintos grados de responsabilidad. No únicamente como agentes que ejercieron directamente alguna violación grave a los derechos humanos, sino también como individuos que habilitaron, permitieron e influyeron en las decisiones estatales que culminaron en VVGGDDHH en un periodo de violencia estatal”, se lee en el documento.
Para comprender el papel de estas agencias en las violaciones graves de derechos humanos en México, el informe plantea las siguientes tesis: uno de los intereses de Estados Unidos al colocar agentes del FBI y la CIA en México era controlar la disidencia ideológica y limitar la influencia de la Revolución Cubana en el país, por lo tanto, la vigilancia y supervisión de embajadas del bloque comunista fue una estrategia principal de los agentes estadounidenses en territorio mexicano. Los límites de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México se desdibujaron con la implementación de operaciones clandestinas por parte de agentes estadounidenses, las cuales fueron encubiertas y secretas. La cercanía entre altos mandatarios del Estado mexicano y agentes estadounidenses permitió al gobierno mexicano una relativa independencia política frente a los intereses estadounidenses. Se identifican tres estrategias generales de la CIA en México: vigilancia e infiltración a grupos ideológicos de oposición, manipulación mediática y propaganda contra el comunismo e ideologías de izquierda, y venta y trasiego de armas, asistencia técnica y militar, y profesionalización para la contrainsurgencia.
En cuanto al FBI, sus actividades en México superaron los límites de la cooperación diplomática y se inscribieron en un marco de violaciones a los derechos humanos con la complicidad del Estado mexicano. La colaboración entre el FBI y la Policía Judicial Federal (PJF) era explícita, y ambas dependían la una de la otra. Un ejemplo de esta colaboración es un incidente reportado el 1 de octubre de 1970 en Acapulco, Guerrero, donde agentes del FBI y de la Judicial Federal sostuvieron un tiroteo con narcotraficantes a quienes iban a detener y decomisar una tonelada de marihuana en el poblado de Coyuquilla
“Las implicaciones de las actividades de la FBI en territorio mexicano sobrepasan los límites otorgados por una relación diplomática y de cooperación entre países y se inscriben a un marco donde se pueden identificar violaciones a los derechos humanos en colaboración y con aquiescencia del Estado mexicano. La complicidad entre el FBI y la PJF era explícita; el trabajo se hacía en conjunto y dependían la una de la otra”.
Nota de prensa alusiva a la presencia de agentes del FBI en México. Foto: Crédito: “Cercan al ‘Cerebro’ de los narcotraficantes”, La Prensa, 24 de septiembre, 1972.
Las operaciones de inteligencia llevadas a cabo por la CIA en México, según el informe del MEH, incluían la infiltración de agentes estadounidenses en grupos disidentes, tanto en movimientos estudiantiles como en partidos políticos de oposición. También se realizaron programas de supervisión de escucha y control telefónico, así como la recopilación de información sobre la influencia comunista en movimientos estudiantiles. Además, se estrecharon lazos de colaboración entre agentes y fuerzas estatales y locales en México, y se financió a individuos, agencias mexicanas o grupos contrainsurgentes.
El alcance de la CIA en la toma de decisiones y en las operaciones de vigilancia y seguridad no se limitó a territorio mexicano, sino que México “era el medio para vigilar a otros países del Cono Sur desde sus embajadas”. La injerencia de agentes de la CIA en dinámicas de seguridad y contrainsurgencia respondió a intereses norteamericanos para proteger motivaciones económicas desafiadas en un contexto antagónico enmarcado en dimensiones geopolíticas, ideológicas y culturales.
“Por lo tanto, México no solamente fungió como un terreno estratégico clave para avanzar y proteger los intereses estadounidenses frente a los desafíos que representaron las revoluciones sociales e ideológicas de las periferias latinoamericanas a través de sus relaciones diplomáticas, las embajadas como centro de operación, y el uso de la fuerza por parte de oficiales mexicanos”, abunda.
Memorándum elaborado por la CIA que retrata la importancia de las embajadas como base operativa. Foto: Addendum to “Mexican Student Crisis”, 4 October 1969. The National Security Archive, Memorandum, Central Intelligence Agency, LBJ Library.
Un ejemplo es la detención de William Morales, líder puertorriqueño de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), capturado en Cholula, Puebla el 26 de mayo de 1983, según una nota de Proceso incluida en el informe del MEH. La relación entre México y Cuba no era la única que mediaba el grado de injerencia de la CIA en México, también influyó la cercanía entre el gobierno mexicano y los sandinistas en Nicaragua
Para entender la relación entre la injerencia de agentes estadounidenses en México y la violación de derechos humanos, de acuerdo con el documento, se debe considerar no solo la participación en operaciones encubiertas y vigilancia, sino también el financiamiento, el trasiego de armas y la profesionalización de especialistas para estrategias de contrainsurgencia en América Latina y el Caribe. El informe señala que la CIA financió grupos anticastristas, como el Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas, constituido por Lawrence Sternfield, exjefe de la Estación de la CIA en Ciudad de México, quien nombró al asesino profesional Orlando Blosch como Coordinador General. Estos grupos anticastristas radicalizados cometieron actos violentos y violatorios de derechos humanos en México
Algunos eventos atribuidos a estos grupos incluyen: el “atentado dinamitero” en las oficinas del periódico El Día en 1965; la explosión de un artefacto cerca de la embajada cubana el 19 de enero de 1966; un ataque con bombas molotov contra la embajada cubana el 18 de agosto de 1966; la explosión de un avión de carga cubano el 11 de febrero de 1967; la colocación de una bomba debajo del automóvil del Embajador cubano el 6 de mayo de 1967; la detonación de dos bombas en el Consulado Cubano en Mérida el 15 de mayo de 1974; la colocación de una bomba en la embajada el 1 de marzo de 1975, adjudicada por el Frente de Liberación Nacional de Cuba; la explosión del motor de un automóvil con placas diplomáticas cubanas el 29 de noviembre de 1975; y el asesinato de un funcionario cubano en México el 22 de julio de 1976 por un grupo de sicarios.
El informe destaca que “muchos de los responsables de cometer estos actos fueron detenidos y puestos en libertad sin cargos poco después de su detención”. Otro caso ejemplifica el daño ocasionado por el financiamiento discrecional de la CIA a grupos de fuerzas armadas no estatales con fines de contrainsurgencia en México, Centroamérica y Sudamérica. Se ha planteado una hipótesis sobre el vínculo entre el asesinato del exagente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y la CIA
“El contexto histórico, político, cultural, ideológico y social que enmarcó los objetivos, intereses y el grado de operacionalización de la CIA y el FBI en México, este último como un terreno en disputa a lo largo de la situación conflictiva que caracteriza el periodo de la Guerra Fría, se entiende a raíz del desafío revolucionario que representaron los países periféricos del continente”
LA LARGA HISTORIA DE LA DEA
Desde principios de la década de 1970, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos ha tenido una presencia significativa en México, influyendo en las políticas y operaciones contra el narcotráfico en el país. Bajo el liderazgo del Procurador General de la República en ese tiempo, Pedro Ojeda Paullada, se permitió y promovió la expansión de las operaciones antinarcóticos en México
Antes de 1973, las operaciones de la DEA en México estaban principalmente limitadas a la región fronteriza. Sin embargo, a partir de ese año, bajo la dirección de Ojeda Paullada, las tácticas conjuntas entre las agencias estadounidenses y las autoridades mexicanas se expandieron significativamente. La DEA comenzó a llevar a cabo operaciones más amplias en todo el país, marcando el inicio de una colaboración más intensa y extensa.
En 1974, bajo la presión de la DEA, se perfilaron tres operaciones importantes en territorio mexicano: la Operación SEA/M1352 (Operación Especial de Aplicación de Ley en México), centrada en Sinaloa y coordinada por 15 agentes, tres de los cuales eran miembros de la Embajada de Estados Unidos en México; la Operación Seam Clearview en 1975; y la Operación Trizo en 1976. Estas operaciones, conocidas en México como Operación Canador, fueron ejecutadas en completa complicidad con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Policía Judicial Federal (PJF) y elementos castrenses del Estado mexicano.
Para 1974, la DEA contaba con 360 agentes, cifra que aumentó a más de 530 al año siguiente. El informe señala que oficialmente México había cerca de 26 en 1974 y para 1978 ya rondaban los 37. A esto se suman los numerosos empleados informales, conocidos como madrinas, que a menudo portaban una placa y un arma, y realizaban gran parte de las acciones abiertamente ilegales, las “tareas sucias”, del grupo. Con las madrinas, se estima que el número de agentes de la DEA en México llegaba a casi mil.1326 Entre 1985 y 1988 el personal de la DEA creció de cuatro a seis mil.
El informe revela que, durante este periodo, tres estrategias clave guiaron la agenda de los agentes antinarcóticos en México: el envío de agentes al país, la construcción de enlaces e informantes y la formación de expertos en materia de drogas. Estas estrategias llevaron a una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes en territorio mexicano.
Los agentes de la DEA en México operaban en calidad de enlace, como policías antinarcóticos en el extranjero y como formuladores de política pública, con el objetivo de establecer e impulsar una agenda política en torno al combate al narcotráfico.
“Se permitió a los agentes de la DEA establecer vínculos con informantes y realizar vigilancia durante investigaciones criminales. El trabajo de los agentes de la DEA en México —así como del FBN y de la BNDD en su momento—, se materializó en tres áreas. Éstos operaban en calidad de enlace, en tanto policías antinarcóticos en territorio extranjero y como formuladores de política pública que, de acuerdo con el despliegue de los agentes tenía como fin último establecer, mantener e impulsar una agenda política entorno al combate al narcotráfico”.
Entre las operaciones más destacadas realizadas por la DEA se encuentran la Operación Júpiter, Operación Saturno, Operación Snowcap, Operación Padrino, Operación Cactus, Operación Endrum y Operación Leyenda. Esta última es emblemática por las graves violaciones a los derechos humanos que se registraron durante su ejecución.
El informe destaca que la intervención de la DEA en México, en busca de influir en la agenda contra el narcotráfico y su complicidad con el Estado mexicano, contribuyó a la comisión de violaciones a derechos humanos. Las acciones de los agentes de la DEA incluyeron arrestos auto incriminatorios, secuestro de ciudadanos mexicanos y su traslado a Estados Unidos, redadas, decomisos, bloqueos en carreteras, interrogatorios y campañas de erradicación de cultivos de opio, con el uso de pesticidas que provocaron daños a la salud y desplazamiento forzado de comunidades.
“El campo de acción de los agentes de la DEA se inscribe en un marco de profunda ilegalidad en el que destacan las siguientes acciones: participación en arrestos auto incriminatorios hacia la persona sospechosa, secuestro de personas de nacionalidad mexicana con su posterior traslado a Estados Unidos, redadas, decomisos, bloqueos en carreteras, interrogatorios, implicaciones en balaceras y la participación en campañas de erradicación de cultivos de opio con el uso de pesticidas –esta última contemplaba las inevitables consecuencias al daño a la salud y el desplazamiento forzado de comunidades”, DICE.
A pesar de que en teoría los agentes de la DEA debían informar sobre cualquier incidente de tortura, durante estos años no se presentó ninguna queja. Los altos mandos de la DEA negaron tener conocimiento de malas prácticas, y Benjamin Smith describió la situación como una “conspiración de silencio”. Testimonios como el de Héctor Berrellez, ex agente de la DEA, revelan una creciente desensibilización hacia la brutalidad y las violaciones a los derechos humanos, que eran facilitadas por la protección de funcionarios estatales mexicanos.
