Carlos H.
Opinión
Por Laura Castillo García*
Antes de que tome posesión del cargo como presidente de México (el 1 de octubre de 2024), será la de establecer estrategias efectivas y eficientes para pacificar al país y respetar los derechos humanos de todos, todas y todes.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador que termina el próximo 1 de octubre, deja al país un “legado violentísimo”, muchos analistas señalan que eso es producto de la política que instrumentó para tratar a los delincuentes con “abrazos no balazos”.
Diversos analistas políticos han calificado el sexenio de López Obrador como el “más sangriento” de todos porque, de acuerdo con datos de la instancia federal encargada de esos asuntos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta mayo de 2024, se habían cometido 188mil 522 homicidios (86 homicidios por día) y, “siguiendo esa tendencia –aseguró el doctor Abel Pérez Zamorano– esta administración rebasará los 206 mil 000”. Y aunque el presidente insista en que él tiene “otros datos”, los datos oficiales registran que los homicidios en todo el sexenio del panista Felipe Calderón fueron 121 mil 613 (56 por día en promedio) y los que sucedieron en la administración priista de Peña Nieto fueron 157 mil 158 (71 homicidios por día).
Cierto que no fueron pocos los homicidios cometidos durante los periodos presidenciales de Calderón Hinojosa y Peña Nieto, pero la diferencia fue que López Obrador hizo alarde extremo que acabaría con la inseguridad en México con su política de “abrazos, no balazos” y porque su gobierno priorizaba la atención a la gente… pero ya vimos que sólo fueron promesas de campaña porque sus resultados en este aspecto fueron peores que los de los mandatarios “conservadores”, como AMLO insistió en catalogarlos.
Lamentablemente, la cereza del pastel de la violencia en México –agresiones y asesinatos– se dio en el proceso electoral más grande de la historia de México, en el proceso electoral que inició el mes de enero pasado y que su punto culminante tendrá lugar el 2 de junio con la elección de la próxima presidenta de México, 9 gobernadores, 128 cargos del Senado de la República y 500 cargos de la Cámara Baja; además de las presidencias municipales y alcaldías de la Ciudad de México.
De acuerdo con el portal de noticias Infobae “De acuerdo con un reporte de violencia política elaborado por Integralia Consultores, entre septiembre de 2023 y el primer día de mayo de 2024 se registraron 560 víctimas de violencia política (en actos que van desde amenazas y secuestros hasta asesinatos), lo que arroja un promedio de dos víctimas diarias.”
Nadie, ni el presidente López puede negar que el proceso electoral 2024 ha sido el más agresivo y violento de la historia de México, y tanto que recuerda lo sucedido luego de la Revolución Mexicana, cuando los caudillos de esta querían tener en sus manos el poder político del país y, por tanto, acababan a balazos con sus enemigos políticos, o como se dice actual y civilizadamente, con sus adversarios.
Sí, en este proceso electoral hubo 560 víctimas de violencia política, pero lo extremo fueron por lo menos 34 asesinados y la renuncia a nivel nacional de más de mil candidatos y precandidatos de todos los partidos, de acuerdo con información del director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa.
A esto hay que agregar el asesinato de 92 activistas de Derechos Humanos, ocurridos en diversos puntos del territorio nacional.
Ningún país, ninguno, puede progresar y desarrollarse cuando está en guerra, ya sea con otras naciones o en guerra civil. La paz es condición indispensable para que eso suceda; todos sabemos que “guerra” es sinónimo de destrucción.
El último gran conflicto armado que vivió México fue el de la Revolución Mexicana (1910-1920), que dejó destrucción e inestabilidad del país, pero una vez pacificado y unificado el paístuvimos: la promulgación de la Constitución de 1917, el desarrollo de la educación, la industrialización y la construcción del sistema de salud pública.
A más de 100 años de haberse pacificado el país y después de haber vivido un relativo desarrollo económico y social, ahora tenemos que “México vive en guerra” por los enfrentamientos de los grupos delincuenciales y la omisión del gobierno federal para poner freno a esos conflictos y brindar a los mexicanos un país en el que se sientan seguros para salir a trabajar, a estudiar, a divertirse o convivir en círculos sociales cercanos a su entorno.
Y es que, durante el primer trimestre del año 2024, el 61 por ciento de los residentes en zonas urbanas del país consideran que vivir ahí es inseguro, cifra que marca un repunte significativo en comparación con el último trimestre del 2023, cuando el registro fue de 59.1 por ciento, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La percepción mayor de inseguridad la tienen las mujeres: el 66 por ciento de ellas considera insegura su ciudad, y como no si a ellas las asaltan en el transporte público, en el mercado en las calles; además, que ellas son víctimas de ataques sexuales y feminicidios.
De por sí, la violencia y la criminalidad coartan la libertad, pues la gente ya no puede moverse a su gusto a la hora que quiera: en muchos lugares de México la población se guarda en sus casas entre seis y siete de la noche por miedo a ser víctima de algún delincuente.
La violencia y la criminalidad también afectan el desarrollo económico, y ahora más por la costumbre que ya tienen los criminales de extorsionar y “rentear no sólo al comercio establecido sino también a la industria, además de que merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en el Estado de derecho y en la democracia.
La democracia es un sistema político que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Pero ¿quién va a creer en la democracia que establece la teoría si lo que estamos viendo en México son amenazas, agresiones y asesinatos de candidatos?
Así no se vive la democracia, más bien estamos ante el regreso de un México bárbaro, en el que no se arreglan las cosas hablando, sino a tiros. Eso es el gran reto que tiene la nueva presidenta, o presidente: pacificar al país y, paralelamente, trabajar para que México vuelva a tener desarrollo económico y se acabe la pobreza no sólo porque se le dan programas sociales a los más vulnerables, sino porque la industria y el comercio sean tan pujantes que no sólo beneficien a los dueños de los medios de producción, sino que los trabajadores alcancen un salario que realmente satisfaga las necesidades de las familias trabajadoras.
Ese es el reto, dentro de seis años, veremos si tuvieron la inteligencia y la determinación suficientes para superarlo.
