Carlos H.
- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga 11 suicidios de mujeres ocurridos el año pasado en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Morelos, al sur de la capital del país, que no fue construida para albergar a mujeres y donde hay mil 174 reclusas, informaron el martes las autoridades. Según explicó la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina del Presidente, la “ola de suicidios” comenzó en marzo del año pasado y concluyó en diciembre, cuando se puso en marcha un plan integral para evitar que siguieran repitiéndose estos sucesos y analizar los problemas que llevaron a esas mujeres a quitarse la vida.
Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló la mañana de este martes que de marzo a diciembre de 2023, se registró una “ola de suicidios” de mujeres en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 (Cefereso 16), ubicado en Morelos, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga cada uno de los 11 casos.
“El penal para mujeres federal número 16 comenzó a operar el 27 de octubre de 2015. Es una serie de problemáticas, es multifactorial, no es solamente una causa la ocurrencia de suicidios. Voy a explicar algunos. Este penal fue diseñado para albergar a dos mil 528 personas privadas de la libertad, pero no se consideró que el espacio sería ocupado por mujeres y se omitió integrar la perspectiva de género en su internamiento”, informó.
Rodríguez Velázquez destacó que en la actualidad ya se trabaja en un modelo integral y “para que el centro penitenciario reúna la condiciones de habitabilidad e infraestructura adecuada para las mujeres privadas de la libertad, aunque en el contrato original no se consideró esta condición”. “Decir que no son iguales las condiciones para los hombres que para las mujeres en cualquier circunstancia”, declaró desde Palacio Nacional.
“Los gobiernos de los estados, aunado a eso, han solicitado apoyo para el traslado de mujeres privadas de la libertad, consideradas en las entidades como de alta peligrosidad, lo que ha significado que las internas se sientan abandonadas por las familias y sus redes de apoyo, debido a la distancia. Precisar que el penal está ubicado en el estado de Morelos, y pues de ahí llegan de todo el país y es difícil a veces que los familiares que viven en Chiapas o en Chihuahua estén en constante visita con ellas”, explicó.
La funcionaria detalló que el 60 por ciento de la población está sentenciada, mientras que el 40 por ciento restante ha tenido largas estancias en el penal en etapa procesal. “De las mil 174 mujeres que actualmente se encuentran recluidas, 450 tienen sentencias superiores a 20 años de prisión; aunque hay casos de 350, 215 y más de 100 años”, precisó.
“Estos elementos han desarrollado desesperanza entre las mujeres privadas de la libertad, quienes expresan desaliento ante la falta de un proyecto de vida. En marzo de 2023 se registró el primero de 11 suicidios; el segundo, cuatro meses después, en julio. En agosto ocurrieron dos sucesos; en septiembre, otros dos; y uno en octubre; en noviembre fueron tres casos; y el último en diciembre”, reportó.
Por ello, agregó la Secretaria de Seguridad, se puso en marcha un plan integral para evitar que siguieran repitiéndose estos sucesos y analizar los problemas que llevaron a esas mujeres a quitarse la vida.
Las principales denuncias de los familiares, reconocidas por Rodríguez el martes, eran la falta de acceso a consultas médicas y medicinas, o los problemas para recibir visitas o comunicarse con sus familiares, ya que en la prisión hay mujeres procedentes de lugares que están a más de mil 500 kilómetros de distancia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un órgano gubernamental, ha denunciado en distintas ocasiones la vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad en México, cuyos derechos básicos no se respetan. Además, había reportado problemas concretos en el penal federal de Morelos cuando 400 presas sufrieron una intoxicación por alimentos en 2022.
Parte del plan que el Gobierno federal puso en marcha en diciembre para frenar los suicidios fue asignar más “recursos materiales, humanos necesarios que permitan la organización y el buen funcionamiento de las áreas en que albergan mujeres”, dijo la Secretaria de Seguridad.
Entre otras cosas, mencionó consultas médicas básicas, que teóricamente deben proporcionarse siempre, como consultas de odontología o de salud mental y comunicaciones con sus familiares por videollamada.
Rodríguez indicó que, aunque se está atendiendo el tema, este tipo de sucesos también han ocurrido en penales de alta seguridad de otros países.
