Carlos H.
- El presunto agresor fue identificado como el padre de la menor. Ésta tuvo que esperar 11 días antes de ser trasladada a la Ciudad de México para que le practicaran un aborto. El DIF de Jalisco reconoció que sus derechos fueron violentados.
El presunto responsable de la agresión sexual en contra de una niña de 12 años de la comunidad Wixárika que permaneció 11 días a la espera de una interrupción del embarazo, ya fue detenido, informó la Fiscalía de Jalisco.
Se trata de José Luis C., identificado como el padre de la menor. Su captura fue posible luego de un operativo a cargo de agentes de la Fiscalía Especial Regional, señaló un comunicado.
De acuerdo con la fiscalía, las indagatorias sobre el caso comenzaron en febrero de este año, cuando los familiares de la niña, procedentes de la localidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, del municipio de Mezquitic, la llevaron a un centro de salud en Colotlán para que recibiera atención médica con motivo de la picadura de un alacrán.
“Durante su revisión, los médicos detectaron que la niña de 12 años de edad presentaba diagnóstico de violencia familiar sexual con embarazo confirmado, además de estrés postraumático”, detalló la fiscalía.
Por lo anterior, inició una carpeta de investigación de oficio y obtuvo pruebas que señalaban que la niña había sido agredida por su propio padre. 
El presunto responsable fue puesto a disposición del juez de Control, quien se encargará de su situación jurídica.
Luego de que los médicos detectaron el embarazo, la pequeña pasó 11 días internada en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco sin poder acceder a la interrupción del embarazo.
Su familia se trasladó a Guadalajara desde el interior del estado y pidió apoyo a las autoridades para que fuera atendida.
En ese momento, la pequeña tenía entre 25 y 27 semanas de gestación, es decir, estaba al inicio del tercer trimestre del embarazo. Las autoridades de Jalisco negaron tener personal capacitado para realizar el procedimiento en una persona con esas características.
Esto a pesar de que en Jalisco existe el Programa de Interrupción del Embarazo (Pile) desde el 2017, creado para realizar abortos a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación o solicitantes bajo la causal de riesgo a la salud —física o mental—.
En dicho programa no hay un límite de semanas de gestación para solicitar la interrupción del embarazo, por lo que las solicitantes pueden acudir en cualquier momento y su atención debe ser inmediata, según señala el protocolo oficial publicado por la Secretaría de Salud.
Además, el Código Penal del Estado de Jalisco, en sus artículos 227, 228 y 229, tampoco establece semanas límite para las solicitantes víctimas de violación.
El pasado 23 de abril, la menor fue trasladada a la Ciudad de México en compañía de un representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA) para que pudiera acceder al procedimiento.
La intervención se llevó a cabo sin ninguna complicación. Luego de esto, el gobierno de Jalisco se comprometió a otorgarle atención médica integral, acompañamiento y restitución de sus derechos.
La menor permanece bajo la custodia de su tío, pues se trata de la persona que dio parte a las autoridades del caso y fue la encargada de trasladarla desde la región Sierra Occidental de Jalisco, —a más de siete horas de la capital—, para solicitar la interrupción del embarazo.
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) advirtió que la retención de la menor durante 11 días sin otorgarle atención implicó un acto de tortura. 
“Aunque la autoridad en salud no quiera reconocerlo, esto constituye violaciones graves a los derechos humanos de la niña, que además ha sido víctima de violencia sexual”, enfatizó.
Durante su estadía en el hospital, el personal médico le ofreció a la menor realizar un eco “para escuchar el corazón del bebé” y “sugirió la posibilidad de dar en adopción como una mejor alternativa que la interrupción”, documentó Ddeser.
Tras el caso y el cambio de tutela de la niña, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del DIF estatal reconoció que 12 de los derechos de la menor fueron violentados, desde una vida libre de violencia y hasta la protección de la salud y seguridad social, y la asistencia social en condiciones vulnerables, por mencionar algunos.
La Procuraduría determinó que personal realizará de manera periódica visitas al domicilio de la menor, una psicóloga verificará su estado emocional, tendrá acceso a servicios médicos y la Secretaría de Educación de Jalisco la integrará al grado escolar correspondiente.
