Opinión
- La UNAM, cuenta con poco más del 80 % de docentes de asignatura sin estabilidad en el empleo y con sueldos miserables, casi sin prestaciones y que difícilmente llegarán a obtener una pensión.
Segunda Parte
Por Humberto Luna Marín.
De acuerdo con las declaraciones del presidente López Obrador, la reforma a los sistemas de pensiones estará enfocada en los casos de los afiliados al ISSSTE y los afiliados al IMSS sin incluir a los trabajadores al servicio de este último y el resto de los sistemas de pensiones.
Nosotros creemos que lejos de crearle un conflicto a quien lo sustituirá en la presidencia, López Obrador asume la responsabilidad de enfrentar la grave problemática en se encuentra el Estado Mexicano en relación al tema de los sistemas de pensiones, que como ya señalamos previamente se ha venido gestando desde hace varios sexenios.
Si nos referimos al ISSSTE nos encontramos una combinación o mezcla de casos, como se prefiera llamarles: tenemos entidades federativas como la Ciudad de México que tienen afiliados a sus trabajadores ISSSTE, se entiende que por pertenecer al Apartado “B” de Artículo 123, mientras que estados como Oaxaca cotizan al IMSS aunque de manera parcial, ya que no tienen cobertura completa, otros estados tienen ISSSTE y su propio instituto se seguridad social combinados. Por otra parte la mayoría de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley tienen afiliados a sus trabajadores al ISSSTE aun cuando las relaciones de trabajo se rigen por la Ley Federal del Trabajo, Apartado “A” del Artículo 123, esto se debe a la “Ley López Portillo” , que es como coloquialmente se llamó a la reforma que incluyó a los trabajadores universitarios en un capítulo de la Ley Federal de Trabajo, pero que previamente estaban inscritos en el ISSSTE.
En cuanto al IMSS tenemos que además de todos los trabajadores del sector privado que por Ley se incorporan a ese instituto, contamos con trabajadores de universidades autónomas como las de Querétaro y Sinaloa por citar algunos ejemplos que cotizan al IMSS, con el derecho de alcanzar hasta 25 umas de pensión más prestaciones contractuales en la materia.
Es pertinente poner en la mesa de discusión casos como los de las entidades federativas puesto que prácticamente todos sus sistemas de pensiones se encuentran en números rojos, producto de las prácticas discrecionales y corruptas de los gobernadores a través de las distintas administraciones, así como la falta de voluntad política para corregir lo que estaba mal, con la consigna de “que lo resuelva el que sigue”.
Los casos más relevantes en términos cuantitativos son la Ciudad de México y el Estado de México, en la Ciudad de México el número de trabajadores eventuales es sumamente alto y se manejan distintos tipos de nóminas con derechos y prestaciones diferenciados, pero los casos más graves se dan en las alcaldías, en las cuales se aplican criterios que determinan los alcaldes y los representantes sindicales según les parezca conveniente, razón por la cual nos encontramos situaciones distintas dependiendo de la demarcación territorial, aunque con el común denominador de la discrecionalidad y el cochupo.
Resulta muy importante destacar que el Gobierno de la Ciudad de México es uno de los pocos o el único que cumple con la obligación constitucional y legal de pagar las aportaciones del 5 % sueldo; por concepto de fondo de vivienda. Aunque cuenta con la Caja Para los Trabajadores a Lista de Raya CAPTRALIR una institución décimo nónica y porfiriana.
En el Estado de México el ISSEMYM arrastra una serie de deudas sin cobrar, de dependencias y organismos como el CUSAEM y la Universidad Autónoma del Estado de México que adeudan más de 10 mil millones de pesos entre los dos, sin contar a los municipios, deudas que se dejaron de cobrar por razones que no están claras. El Estado de México es uno de tantos que no cumple con el pago de las aportaciones de vivienda, la actual gobernadora hereda un problema de grandes dimensiones y de difícil solución tan solo en el renglón de seguridad social.
En Zacatecas según nota periodística la Universidad Autónoma UAZ tiene una deuda de 3 mil millones de pesos por concepto de seguridad social, este hecho resulta asombroso si nos atenemos al tamaño de la institución. Por otra parte en San Luis Potosí el gobernador declaró que la administración anterior dispuso de 700 millones de pesos de los fondos de pensiones.
Sería ocioso continuar con la lista porque casi todos los estados tienen un pasivo laboral que se sigue incrementando, habrá que dedicar un trabajo a este tema.
Las universidades y las instituciones de educación superior autónomas por ley son otros de tantos casos ejemplos a los que nos tenemos que referir cuando se habla de los sistemas de pensiones, los pasivos laborales y las malas prácticas de administraciones corruptas.
Antes que nada hay que dejar claro que estamos a favor de la autonomía por todo lo que implica la libertad de cátedra, la libre difusión de la cultura, así como la discusión de las ideas. Aunque en muchas de estas casas de estudios desde hace varios años se han impuesto las ideologías de la derecha.
Con lo que no estamos de acuerdo es con la visión y la práctica patrimonialistas que han ejercido de manera incontrolable los grupos de poder incrustados en dichas casas de estudios a lo largo de muchos años.
La UNAM es uno de los casos más significativos pues cuenta con poco más del 80 % de docentes de asignatura sin estabilidad en el empleo y con sueldos miserables, casi sin prestaciones y que difícilmente llegarán a obtener una pensión.
Mientras tanto los pocos grupos que ejercen el control de la UNAM han creado miles de plazas de confianza que incluso invaden las actividades del personal de base. Estas plazas de confianza cuentan con sueldos medios y altos. De esa manera hemos visto que en lugar de resolver el problema de las y los docentes de asignatura, prefirieron crear plazas para sus incondicionales. Es decir que en vez de atender las funciones sustantivas, privilegiaron sus intereses.
Hay otras universidades donde el personal académico y administrativo se pensiona con 25 años de servicios, por lo que nos encontramos con docentes que se pensionan a la edad que oscila entre los 50 y los 60 años, pero que además por estar inscritos en el IMSS sus pensiones tienen un tope de 25 umas, a esa edad los docentes e investigadores se encuentran en la etapa de plenitud de profesionalización y conocimientos.
Sin caer en malas comparaciones, consideramos que es injusto que los trabajadores de otras universidades, sean docentes o administrativos cuenten con mejores condiciones que los trabajadores de la que es considerada la máxima casa de estudios del país y que nos da prestigio internacional.
Por ello los docentes e investigadores de carrera de la UNAM que cuentan con incentivos, se resisten a pensionarse puesto que el tope de sus pensiones es de 10 umas ingreso muy inferior al que tienen estos docentes e investigadores.
Tenemos casos como la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores del Seguro Social donde las nuevas generaciones tienen derechos disminuídos, Petróleos Mexicanos que tiene una especie de castas ya que los nuevos trabajadores están en cuentas individuales y los eventuales llamados eufemísticamente transitorios que no tienen derecho al ahorro ni a la vivienda; otros casos notorios son el Banco de México y Nacional Financiera, aunque hay más que conforman una clase privilegiada dentro de la clase trabajadora.
Solamente mencionaremos de pasada a la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia, así como los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, todos ellos cuentan con sistemas de pensiones únicos en el mundo, son una especie de aristocracia.
Estos señalamientos pueden inconformar a algunos trabajadores y sindicatos, sin embargo es parte del análisis que tenemos que hacer.
humberlunmar@yahoo.com.mx