Frida C.
• Fue hasta 1953, y por una petición de la ONU, que el sufragio femenino se convirtió en una realidad para las mexicanas, con México siendo el último país de AL en oficializarlo.
Este 17 de octubre se conmemoran en México los 70 años del voto de la mujer, esto luego de un largo camino de lucha, represión y machismo que vio su final, jurídicamente al menos, con su aprobación en 1953, cuando se reconoció su derecho a votar a nivel federal además de participar para ser elegidas candidatas a un puesto popular.
Concretado un día como hoy hace 70 años en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se promulgaron las reformas constitucionales que otorgaron a las mujeres el derecho a votar llegó más de tres décadas después del inicio de la lucha por este derecho, un reflejo del arduo camino que se recorrió, y que aún queda por recorrerse, en materia de igualdad de género social y política.
Las pioneras
En 1911, según afirma la Coordinación de Género de la UNAM, un grupo de mujeres feministas de la Ciudad de México firmaron y enviaron una carta al presidente provisional Francisco León de la Barra, donde reclamaban el derecho al voto.
Tres años después “Las Hijas de Cuauhtémoc”, un movimiento feminista gestado durante la Revolución Mexicana reforzó el llamamiento pidiendo la inclusión de las mujeres en la política nacional. Ambos fueron ignorados.
Cinco años después del primer acercamiento registrado exigiendo el voto, en 1916, la activista y secretaria particular de Venustiano Carranza, Hermila Galindo envió al partido Constituyente una solicitud de reconocimiento a los derechos políticos de las mujeres con fundamente en el Plan de Guadalupe de 1913. Sin embargo, en la redacción de la nueva Constitución mexicana se rechazó su petición, esto bajo el argumento de que “en el Estado las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos”.
Dos años después, y rehusándose a quedarse de brazos cruzados, Galindo se postuló como candidata a diputada, y a pesar de ganar por mayoría de votos, el Colegio Electoral no dio validez a su candidatura y la despojó del puesto.
El 18 de noviembre de 1922, Elvia Carrillo Puerto se convirtió en la primera mujer diputada en el Congreso Local de Yucatán, aunque renunció dos años después debido a amenazas de muerte; en 1923, junto a otras dos mujeres, fue elegida diputada al Congreso Estatal y una más como regidora en Mérida, pero todas perdieron sus cargos tras el asesinato del gobernador Felipe Carrillo Puerto.
En 1937 parecía que finalmente se daría el paso cuando Venustiano Carranza propuso una reforma para el sufragio femenino, que fue aprobada por las cámaras y legislaturas estatales, pero el Partido Nacional Revolucionario detuvo el proceso, alegando posible influencia clerical en el voto femenino.
Previo al sufragio, era creencia popular que no era necesario reconocer el derecho al voto de ls mujeres porque si sus esposos, padres o familiares votaban, entonces ellas optarían por el mismo partido bajo la influencia de los patriarcas. En 1947 se otorgó el derecho al voto a las mujeres únicamente a nivel municipal porque había el temor de que en México la fuerza conservadora rigiera sus votos debido a su supuesta cercanía con la Iglesia.
El resultado de más de cuatro décadas de lucha…
No fue hasta 1953, y por una petición de la Organización de las Naciones Unidas a reconocer los derechos políticos de las mujeres, que el sufragio femenino se convirtió en una realidad para las mexicanas, con México siendo el último país de Latinoamérica en reconocer este derecho.
Siete décadas después se puede finalmente conmemorar la lucha y logros de todas las mujeres que exigieron el cumplimiento de sus derechos, y gracias a ellas, hoy tenemos dos candidatas presidenciales mujeres representando a los dos grandes frentes políticos del país.
El 3 de julio de 1955, en México las mujeres emitieron por primera vez su voto, un hecho que reconoció finalmente uno de los mayores reconocimientos a sus derechos.
Aunque falta mucho camino por recorrer, hoy en día las mujeres ocupan un 50% de la Cámara de Diputados y un 50% del Senado de la República, y la paridad de género es, al menos en principio, una regla constitucional.
