Carlos H.
Por Joaquín Vela González
La deuda social que tiene la clase política mexicana con el pueblo es enorme. Los niveles de inseguridad han escalado a un nivel insospechado; la contracción salarial de 1976 al 2018 generó precariedad y pobreza en diversos segmentos sociales; las etapas del desarrollo económico no se han completado o se han distorsionado, así la producción ligera a la pesada nunca se concretó; el saqueo y la corrupción ha sido una constante y la mayoría de las grandes fortunas, tienen su origen en el capital público, desde los enriquecimientos de escándalo de Miguel Alemán hasta la actualidad en todas las escalas y niveles son una constante; las promesas incumplidas también golpean permanentemente la credibilidad de la población.
Es impostergable que muchos de estos temas sean atacados de manera directa por el próximo gobierno. No hay forma de evadirlos ni posponerlos. Afortunadamente las condiciones mundiales, generadas por la pandemia, la guerra comercial de China y Estados Unidos y recientemente la guerra de Rusia con Ucrania, ha permitido que varias de los condicionantes que teníamos firmadas en muchos de los diversos tratados comerciales que México había firmado en la etapa previa a nivel multilateral, se han caído por el desgaste de organismos como la OMC, lo que nos da mayor libertad para tener mejor oportunidad para planear nuestro desarrollo futuro.
Eso nos permite proponer una “política industrial activa” que sea el marco para articular una propuesta de programa nacional de desarrollo. De ahí derivar políticas regionales y sectoriales con objetivos precisos y claros. A partir de ello, el Estado Mexicano podrá realizar a plenitud su papel de rector de la economía que le asigna la Constitución, se podrá realizar una planeación no solo para un sexenio, sino con una visión de largo plazo que tanta falta nos hizo en el pasado. Un país sin planeación y sin política industrial activa , es como navegar sin rumbo y sin objetivos de llegada. Esta situación favoreció el descontrol y el saqueo de las riquezas nacionales. El tener gobiernos entregados totalmente al servicio de la oligarquía nacional que se ha enriquecido en contubernio con las grandes corporaciones internacionales. Se apropiaron de las empresas estatales, de la minería, del agua y del territorio, así consumando el despojo a la población mexicana de lo poco que había ganado con la revolución. El gobierno de López Obrador apenas empezó a cambiar algunas de ellas, pero los rezagos existentes datan de muchos años; el neoliberalismo de 36 años puso en riesgo la viabilidad de la nación. De esa magnitud es el reto del nuevo Gobierno. Éste no se puede limitar a continuar con las reformas del actual gobierno, hay que ampliar y profundizar las metas e iniciar algunas de las que no abordó el actual.
Estas reformas de segunda generación o de segundo piso deben ser contundentes si queremos recuperar la viabilidad y destino nacional. Para ello es necesario contar con un equipo de profesionales capacitados para trazar las líneas conductoras del desarrollo que nuestra nación necesita. Priorizar las necesidades y los tiempos en que se deben abordar. Es necesario contar con gabinetes capacitados para todas estas tareas. Con diagnósticos y propuestas de trabajo que les den solución a los temas planteados. Contar con profesionales que compartan y hagan suyo el proceso de transformación, con un profundo sentido social y amor por su país.
Las tareas pendientes de gran urgencia son en primer término: consolidar un nuevo sistema de salud que no puede esperar más y debe ser de primer nivel; avanzar en la producción y adecuada distribución de los alimentos necesarios para toda la nación; crear un instrumento específico para otorgar asesoría, capacitación y financiamiento para todas la cooperativas, micro, pequeñas medianas empresas industriales y comerciales, que son las que más empleo crean y fomentan, así como crear un banco de desarrollo nacional para fomentar la producción de estos sectores largamente abandonados; reconfigurar el sistema judicial y de impartición de justicia, sin ello se dificulta el avance a otras etapas de desarrollo; abordar de manera prioritaria como aprovechar el nearshoring para utilizar adecuadamente esta coyuntura y beneficiar nuestro desarrollo futuro; de manera fundamental el tema de la seguridad de los mexicanos y el combate al crimen organizado así como el ataque a cada uno de los segmentos que lo conforman; proyectar la construcción de parques industriales, principalmente en las regiones deprimidas para generar oportunidades de trabajo y empleo calificado para nuestros jóvenes; atender todos los temas pendientes de justicia que seguimos arrastrando desaparecidos, feminicidios, trata de personas, realizando propuestas estructurales que permitan avanzar en su erradicación.
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