Carlos H.
- Esta misma semana, el Centro Frayba dio a conocer que miles de desplazados y un número indeterminado de civiles muertos se han registrado en Comalapa como consecuencia del enfrentamiento armado que libran el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en la zona, como ocurrió el jueves de la semana pasada cuando la violencia se intensificó en esta región, misma que, aseguró la agrupación, ocurre a la vista de autoridades municipales, estatales e incluso militares.
Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).– “Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas (Gobernador del estado) y (el Presidente) Andrés Manuel López Obrador”, alertaron más de 800 organizaciones y mil personalidades de todo el mundo en un comunicado de respaldo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que denunció un ataque al compañero zapatista Jorge López Santíz, quien “está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO)”.
Desde hace unas semanas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), analistas políticos que han acompañado la causa zapatista y algunos reporteros y medios locales han dado cuenta de cómo se ha ido descomponiendo el tejido social en distintas partes de Chiapas con enfrentamientos entre los Cárteles de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación que se disputan el control de la frontera con Guatemala, reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamiento de miles de personas de sus comunidades, asesinatos y bloqueos de vialidades, junto a las problemáticas de antaño que persisten en la entidad como los conflictos religiosos y las disputas por tierras.
El Ejército Zapatista se levantó en armas en 1994 contra el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari en demanda de mejores condiciones por los pueblos originarios, un conflicto armado que se alargó por 12 días y que culminó con un cese al fuego y la posterior firma de los Acuerdos de San Andrés, en los cuales el Gobierno se comprometía a resolver las demandas indígenas modificando la Constitución y legislando a favor de la autonomía de los pueblos y sus derechos culturales y políticos, algo que han denunciado el EZLN y el Frayba, no se cumplió.
“Hoy, a unos meses de que la lucha del EZLN cumpla 40 años, el ataque paramilitar de la ORCAO ha hecho que la vida de un hombre penda de un hilo, del mismo que pende la erupción del México que abajo no aguanta más la presión sobre su dignidad ni la guerra contra sus comunidades y territorios”, se lee en el pronunciamiento firmado por personalidades como Noam Chomsky; la excandidata presidencial María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como “Marichuy”, los actores Diego Luna, Gael García Bernal, Daniel Giménez Cacho, y el director Alfonso Cuarón, entre otros, en el cual se convoca a “una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio”.
Los abajo firmantes denuncian que programas cómo “Sembrado Vida”, una de las principales política del Presidente López Obrador, “propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismos de control político y moneda de cambio para que organizaciones como la ORCAO accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan, a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas”.
“¿Por qué ataca la ORCAO a las comunidades zapatistas? Porque pueden. ¿Por qué lo permite el gobierno de Rutilio Escandón? Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena ¿Por qué guarda silencio López Obrador? Porque el gobernador de Chiapas es cuñado de su muy querido Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque como sus antecesores, no soporta que un grupo rebelde sea el referente de esperanza y dignidad, porque necesita justificar una acción militar para “limpiar” el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos”, acusaron en el pronunciamiento.
El reclamo de la comunidad internacional se enmarca en las distintas alertas y reportes que han surgido en fechas recientes. Esta semana, el Centro Frayba dio a conocer que miles de desplazados y un número indeterminado de civiles muertos se han registrado en Comalapa como consecuencia del enfrentamiento armado que libran el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en la zona, como ocurrió el jueves de la semana pasada cuando la violencia se intensificó en esta región, misma que, aseguró la agrupación, ocurre a la vista de autoridades municipales, estatales e incluso militares.
“Testimonios refieren que frente a estas instituciones se pasean las caravanas de vehículos transportando personas fuertemente armadas. Los últimos 4 días se incrementó de manera alarmante la violencia en el municipio. Jóvenes de diversas comunidades fueron reclutados de manera forzada por la delincuencia; refieren de por lo menos tres mil personas fueron desplazadas de sus comunidades, unas buscando albergues provisionales, y otras llevan días refugiándose en los montes o algún lugar seguro; así también nos informan que muchas familias permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo. Se ha llegado a esto bajo las mecánicas de complicidad y abandono del Gobierno mexicano”, denunció el pasado 28 de mayo la organización.
Ya en su informe “Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”, presentado el pasado 10 de mayo, el Frayba advertía que Chiapas se encuentra “en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente; así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social”.
“El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras. A este ambiente se le suma también la remilitarización y un comprobado espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas. Paralelamente, los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos en general quedan en segundo plano tras catalogar a los proyectos de desarrollo o la construcción de infraestructura militar en los territorios como de seguridad nacional”, expuso el reporte de la organización.
A esto se suman otras situaciones como el repunte en la criminalidad y los casos de adicciones en la entidad. SinEmbargo reportó desde octubre pasado cómo desde hace cinco años, organizaciones como Melel Xojobal y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) han notado un incremento en la presencia del crimen organizado y mayor número de adolescentes, niñas y niños que presentan adicciones a sustancias como narcóticos y alcohol.
Las cifras y reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dejan claro el incremento de tráfico de drogas: en el 2021, Chiapas fue el estado con mayor kilogramos de cocaína asegurada con mil 252 kilogramos, y para febrero del 2022 también apuntalaba los estados con mayor decomiso del estupefaciente.
Una situación que explica, en parte, el por qué organizaciones del crimen organizado se disputan el control del estado y de la frontera sur, aspectos que han exacerbado la violencia en todo el estado.
La alerta levantada este jueves hace eco precisamente a una exigencia de tiempo atrás del EZLN y la comunidad para que se respete la autonomía y se garantice la seguridad de sus comunidades e integrantes. Hace casi dos años, el Ejército Zapatista ya advertía la misma situación al denunciar el secuestro por ocho días de dos zapatistas a manos de una “organización paramilitar al servicio del Estado” en ese entonces también expuso que el estado se encontraba “al borde de la guerra civil”.
El Centro Frayba que ha dado acompañamiento a las demandas de los zapatistas señaló desde el 26 de mayo cómo han documentado durante años los ataques armados, criminalización y otras agresiones como fue el asesinato impune del maestro Galeano en el 2014, “que marco un nuevo escenario con organizaciones aliadas a los gobiernos en sus tres niveles (municipal, estatal y federal)”.
“Durante estos 29 años el EZLN ha sido hostigado y continuamente agredido por el Ejército mexicano y grupos afines al Estado, las estrategias de guerra y contrainsurgencia modifican sus métodos de violencia, con finalidad de destruir y cooptar los movimientos de resistencia y emancipatorios que están pugnando por el respeto de sus derechos, y en este territorio por los derechos colectivos que reivindican como pueblos originarios”, dijo la agrupación.
Y puntualizó: “Desde el Frayba expresamos nuestra preocupación por la constante violencia que ha recibido el EZLN y que vemos un incremento debido a la impunidad activa generada desde el Gobierno mexicano”.
Por ello fue que convocó “a la solidaridad nacional e internacional” para exigir al Estado mexicano que actúe de manera contundente para que cesen de manera inmediata los ataques hacia el proyecto político autonómico del EZLN y la violencia generalizada en el estado de Chiapas.
Un llamado que fue respondido este jueves por la comunidad internacional que ha convocado a que se detenga “la masacre que se presiente” y para quienes “comulgan con el Gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas; para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad”.
