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- El Ministro Javier Laynez Potisek habló en su resolución de las principales consecuencias que traería el no otorgar la suspensión del Plan B electoral, entre las que destacó “la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del Instituto [Nacional Electoral] para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”.
Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que concedió al Instituto Nacional Electoral (INE) una suspensión para la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional“.
Según el acuerdo de la suspensión que fue publicado este lunes, “el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE”, sin embargo, alertó que “el decreto reclamado [el del Plan B] produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”.
“En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado”, se lee en el documento sobre la resolución emitida la noche del pasado viernes 24 de marzo.
Laynez Potisek también advirtió que “de no concederse la suspensión, el Instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del Instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”.
“De ser cierto lo que se aduce en la demanda, podría haber una merma significativa en la garantía orgánico-institucional de los derechos a votar y ser votado, en la garantía de equidad en la contienda, también podría comprometerse la integridad del padrón electoral y, consecuentemente, la garantía de derechos humanos relacionados con el manejo de información personal ahí contenida”, agregó para argumentar su decisión en la controversia 263/2023.
La resolución del Ministro se dio a conocer desde el viernes pasado a través de un comunicado, donde se informó que admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE en contra del “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
En este mismo acuerdo, el Ministro Instructor solicitó a las autoridades demandadas (Congreso de la Unión y Ejecutivo Federal) que presenten su contestación dentro del plazo legal.
También concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, precisó la SCJN.
Con esta suspensión indefinida al Plan B, el Instituto Nacional Electoral podrá seguir operando como lo hacia antes de la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La suspensión regirá durante el tiempo que tome a la Corte tramitar la controversia para resolver sobre la constitucionalidad de la reforma.
El pasado 19 de marzo se informó que el Ministro Alberto Pérez Dayán había admitido 81 impugnaciones contra la primera parte del denominado Plan B de la Reforma Electoral.
La primera parte incluye cambios en la Ley General de Comunicación Social y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y ha generado controversia entre partidos políticos, gobiernos estatales y municipios de oposición. En total, se habían presentado 170 impugnaciones contra el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 27 de diciembre, incluyendo seis acciones de inconstitucionalidad y 74 controversias constitucionales.
AMLO ANUNCIA PLAN C
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que si se rechaza el Plan B electoral, el cual fue suspendido el viernes pasado por el Ministro Javier Laynez Potisek, ya tiene listo un Plan C: pedir el voto masivo de la gente para mantener a la izquierda en el poder y no detener los cambios en México.
“Ahora hay un Plan C. Que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C. Ese ya lo aplicamos en el [20]18. Fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación”, dijo.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano destacó que desde que asumió la Presidencia, ha trabajado para “acabar con la corrupción que es el principal problema del país”. “Hemos avanzado muchísimo limpiando de corrupción al Gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”, afirmó.
Desde Palacio Nacional, subrayó que la transformación del país se está llevando a cabo a través del respeto a la división y el equilibrio de los poderes, pues “hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes que lo que había era un Estado de chueco, una República simulada donde una minoría era la que mandaba en México”.
“¿Cuándo se había visto que le rechazaran en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una Ley al Presidente? ¿Cuándo si todo era ‘sí, señor’, ‘lo que usted diga señor’? El Poder de los poderes era el Ejecutivo, el Poder Legislativo estaba subordinado, el Poder Judicial lo mismo. Era el Porfiriato, o el neoporfiriato, o el neoporfirismo, con la máxima de que la Constitución que se respeta en la forma, pero se viola en el fondo. Ahora no”, aseguró López Obrador.
Por ello, consideró que “estamos viviendo un momento estelar en la vida pública” y celebró que se presente una situación así con su Plan B de la Reforma Electoral. “Todo es político. Quieren regresar por sus fueros los conservadores, no tienen llenadera, quieren seguir robando. Nada más que no lo van a lograr porque si algo ha cambiado en México es la mentalidad del pueblo”, sostuvo.
“Hay mucha conciencia en el pueblo. Es, como siempre lo digo, el país con menos analfabetismo político en nuestro tiempo. Es un pueblo muy consciente, muy politizado y eso es también lo que les molesta mucho. No quieren aceptarlo”, acusó el Jefe del Ejecutivo federal.
En su intervención, también aprovechó para hacer una crítica al actuar de Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspendió el pasado 24 de marzo la aplicación del Plan B.
“Bueno, se piensa que este Ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte, en los hechos, en el Poder Legislativo porque la decisión que tomaron los diputados y senadores la anula. Pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo”, sostuvo el Presidente de México.
Además, señaló que la mayoría de la gente sabe que no es un asunto jurídico, sino político y mercantil “porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la Ley o que se declare constitucional la Ley Electoral: lo que no quieren es que reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE [Instituto Nacional Electoral]”.
“A eso se reduce todo. En eso consiste ‘El INE no se toca’ porque en la Ley Electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución porque nadie puede ganar más que el Presidente de la República. Así está en la Constitución, en el Artículo 127. Y así como le hizo este Ministro, no sé si él mismo u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios, más otros de instituciones supuestamente autónomas, -que sí son autónomas y son independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y políticos-“, expuso AMLO.
Frente a las y los representantes de los medios de comunicación, denunció que “los mismos ministros de la Corte violan la Constitución porque todos ganan más que el Presidente, y tienen fideicomisos, y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo es: ‘No quiero que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios’. Eso es todo”.
“Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la Reforma Electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un Gobierno del pueblo y no un Gobierno de los potentados, con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos y mucha gente con pensamiento conservador, a las que respetamos mucho, pero ese es el fondo del debate”, finalizó.
