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- El Presidente cuestionó el origen del grupo y señaló que sospecha que el empresario Claudio X. González se encuentre vinculado.
Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que en su conferencia de prensa diaria que sospecha que el grupo de hackers Guacamaya, que filtró miles de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con información confidencial, está ligado a “agencias internacionales” vinculadas al empresario opositor Claudio X. González.
En su conferencia de prensa diaria, el Presidente cuestionó el origen del grupo Guacamaya, pues considera que sus filtraciones son “ilegales” y que está relacionado a Claudio X. González, uno de sus adversarios políticos.
“¿Quién es Gucamaya? ¿Quién hackeó? Esa información que aparece, fue Guacamaya. ¿Quién hace ese espionaje? Por qué no hace una investigación ustedes sobre eso, porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservaor que encabeza Claudio X. González”, dijo.
“Esa información que es ilegal, porque no se puede extraer, hackear, de ninguna dependencia de ningún Gobierno”, agregó.
Además, al ser cuestionado por un periodista sobre el uso del sistema Pegasus en su administración, por la Sedena, López Obrador mencionó que daría más información sobre “cómo se hace la investigación e inteligencia de cómo se enfrenta a las bandas del crimen organizado”.
“El trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz y la tranquilidad, no para perseguir a nadie, no para reprimir, no para violar derechos humanos”, acotó. Aunque, de acuerdo con las filtraciones el Ejército y miembros de la Sedena ocupan todavía el sistema Pegasus para vigilar y hostigar a dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, tal como han documentado los distintos medios de comunicación.
El pasado 10 de marzo, el mandatario también fue cuestionado sobre los trabajos de “inteligencia” del Ejército, luego de que se supiera que las comunicaciones del defensor de los derechos humanos Raymundo Ramos fueran intervenidas con Pegasus en el Centro Militar de Inteligencia, una rama secreta de la Sedena, con pleno conocimiento del Alto Mando, es decir el Secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval, para interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La tarjeta informativa secreta de la Sedena reveló que el Centro Militar de Inteligencia intervino las comunicaciones privadas que Raymundo Ramos sostuvo en su papel de presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo con varios periodistas en relación a las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército el 3 de julio de 2020 en esta ciudad.
El Presidente había dicho que la dependencia sí le informa cuando interviene comunicaciones de civiles, pero insistió en que “no es espionaje” sino trabajo “de inteligencia”, a pesar de la evidencia.
Una tarjeta informativa secreta revela que el #EjércitoEspía intervino las comunicaciones privadas de Raymundo Ramos con varios periodistas.
En septiembre de 2022, una gran cantidad de correos de la Sedena estuvieron entre un cúmulo de comunicaciones electrónicas que fueron extraídas por el grupo de hackers Guacamayas de agencias militares y policiales de varios países latinoamericanos.
Un grupo que se hace llamar Guacamaya, integrado por elementos anónimos que dicen ser guerreros por la justicia social, dice utilizar el hackeo para sacar a la luz la injusticia y la corrupción en defensa de los pueblos indígenas. Anteriormente, piratas cibernéticos que utilizan ese mismo nombre robaron y dieron a conocer los correos electrónicos de una compañía minera que desde hace tiempo enfrentaba acusaciones de violaciones a los derechos humanos y daños al medio ambiente en Guatemala.
Los 10 terabytes de información robados por el grupo también incluyen correos electrónicos de las fuerzas armadas de El Salvador, Perú y Colombia, y de la Policía Nacional salvadoreña. Aparentemente México fue el país que sufrió el mayor robo de datos.
En lugar de intentar obtener beneficios monetarios o exigir un rescate por penetrar los sistemas informáticos gubernamentales por medio de un ciberataque, Guacamaya parece ser más una operación “hacktivista” con la que se pretende filtrar documentos con fines de justicia social.
