Frida C.
Por Jorge Meléndez Preciado
Nuevamente estalló la violencia de las bandas criminales. Ahora fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el famoso grupo de Los Mexicles, lo mismo en una prisión que en las calles, asesinando a mansalva a ciudadanos que transitaban pacíficamente, hicieron su presencia. El asunto es pavoroso.
Pero hay otra violencia cuando surgen desastres de trabajadores mineros. El asunto se difunde un tiempo en los medios pero después se olvida, ya que quienes manejan la extracción de metales y otros elementos de la tierra, son de los principales anunciantes en los informativos.
Hay un trío que, junto con empresas extranjeras (principalmente canadienses), es el que ha ganado miles de millones de pesos, llevado a la muerte a cientos de mexicanos, en condiciones de salud deplorables-el minero tiene pocos años de vida por la intoxicación de sus pulmones, especialmente- pero ha logrado estar en la cúpula de los millonarios aquí y en el extranjero.
Ello son Germán Larrea (Minera México), Carlos Slim (Frisco) y los descendientes de Alberto Bailleres (Grupo Peñoles).
El primero, Germán Martínez, ha gozado de los favores presidenciales desde la época de Miguel Alemán. Los otros dos se han beneficiado desde que Carlos Salinas de Gortari, en 1992, dictó una ley acorde con el TLCAN (hoy TMEC), en cuyo artículo sexto se asienta que la actividad minera es preferente sobre cualquier otra de las que puedan realizarse.
Esto posibilita que la tierra, el agua y los bienes que se les otorgan a los concesionarios sean prácticamente de su exclusividad, no importando que la Constitución diga que el subsuelo es propiedad de la nación (Sin Embargo, reportaje de Dulce Olvera, 12 de agosto).
El grupo de ciudadanos, denominado: Cambiémosla, ya,encabezado por el mixe, José Pablo Antonio (Sin Embargo, 11 de julio), de Los Valles Centrales de Oaxaca, ha presionado durante más de dos años para que la Comisión del Cambio Climático de la Cámara de Diputados, aborde y lleve al pleno el asunto; se le ha ignorado.
La presidenta de ese pomposo e inútil organismo, Mariana González, dice que no cuenta con tiempo para atender a nadie. Otro integrante muy conocido, es Gabriel Quadri de la Torre, antes en el PVEM y hoy en el PAN, quien ha ignorado el asunto.
En el Senado, tanto la activista, Susana Harp, como José Narro Céspedes, han preparado una iniciativa integral, pero jamás se ha tomado en cuenta. Tal vez porque quien tiene una gran importancia en dicho asunto es Armando Guadiana, el sombrerudo morenista y explotador del carbón.
Nuevamente los legisladores muestran su poca importancia para los asuntos vitales del país.
A esto súmele que algunos cabilderos reparten moches a todo aquel que intenta cambiar en serio este tipo de explotación. También que los nombres de a quienes están las concesiones, son de familiares o simples empleados de los dueños.
Este año venció el permiso de una mina cerca del Río Santa Rosa, Oaxaca, y la Semarnat, únicamente le modificó el nombre a los poseedores iniciales, pero el afluente continúa siendo contaminado y sus aguas son rojizas. Igual depredación se hizo con el Río Coyote (en la misma entidad) por parte de la empresa Fortuna Silvers Mine.
Cristina Auerbach ha realizado estudios acerca de lo ocurrido en Pasta de Conchos (19 de febrero del 2006), asunto pendiente desde entonces. Sin avances reales.
Pero asuntos similares se han dado en Sabinas, en 2011; Múzquiz, 2021 y la Agujita, en 2022 (todos en Coahuila). Para citar asuntos muy relevantes.
El periodista, Julio Astillero, ha denunciado el caso de San Miguelito en San Luis Potosí y otros más.
En el periódico La Jornada, encontramos un Suplemento coordinado por Carlos Fernández Vega, donde se revela que Germán Larrea posee 800 licitaciones. En una investigación, el compañero Braulio Carbajal, señala que la fortuna del también poseedor de los Cinemex, incrementa su fortuna “a un ritmo de 681 millones de dólares mensuales”.
Atacada injustamente la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde (y su padre, el abogado laboral Arturo, del mismo apellido), se le exige que no cuenta con los supervisores necesarios para evitar los siniestros.
El asunto es realmente de fondo: o se modifica la ley y se mete en orden a los extractivistas que destruyen el medio ambiente, según señala correctamente en un libro reciente David Harvey, o todos serán parches sin sentido.
Por cierto: ¿a qué se debe que el Río Sonora no ha sido reparado como se comprometió Germán Larrea, desde el 6 de agosto de 2014?
@jamelendez44
