Frida C.
• El periodista señaló en Aristegui en Vivo que se habría utilizado el malware para grabar una conversación telefónica que sostuvo con Salvador Leyva Morelos, Secretario Técnido de Combate a la Tortura del IFDP. Se trata de un nuevo montaje de Isabel Miranda de Wallace, acusó.
Por Juan Omar Fierro/Aristegui Noticias
Un correo electrónico enviado a Aristegui Noticias por una fuente anónima pone en evidencia que al menos un alto funcionario del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el periodista Ricardo Raphael, fueron objeto de espionaje telefónico, aparentemente con el malware Pegasus, en el año del 2019, es decir, durante el primer año de gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de una llamada telefónica que sostuvieron el Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Salvador Leya Morelos Zaragoza, y el periodista mexicano Ricardo Raphael, Y de la que Aristegui Noticias tiene copia.
La evidencia material de la intercepción telefónica realizada de forma ilícita es un audio con una duración de 9 minutos con 15 segundos, en el cual Ricardo Raphael y Salvador Leyva abordan los procesos penales relacionados con Israel Vallarta Cisneros, aún sin sentencia en el mismo expediente que concluyó en la liberación de Florence Cassez, y con Juana Hilda González Lomelí, condenada en primera instancia por el presunto asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
En entrevista con Carmen Aristegui, Ricardo Raphael confirmó la autenticidad de la conversación que sostuvo con el funcionario del IDFP en algún momento del año 2019, destacando que la intercepción de esa llamada telefónica forma parte de una estrategia mediática orquestada por Isabel Miranda de Wallace para intentar desprestigiar su labor periodística relacionadas con el llamado caso Wallace, es decir, con el presunto secuestro y homicidio cometido en agravio de Hugo Alberto Wallace y/o Hugo Alberto León Miranda.
El periodista Ricardo Raphael explicó que la conversación que sostuvo con Salvador Leyva tenía como objetivo abordar la posibilidad de que Juana Hilda González Lomelí, una de las imputadas del caso Wallace, pudiera presentar un juicio de amparo con apoyo del IFDP como representante legal, amparo que posteriormente atrajo la Primera Sala del máximo tribunal para revisar a fondo la condena de 78 años de prisión que se le impuso a la mujer.
Agregó que tiene evidencias concretas de que esa grabación fue obtenida con el malware espía Pegasus durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hay constancia de que Isabel no es la primera vez que es acusada de intervenir ilegalmente comunicaciones. De hecho, le encontraron en su casa del Pedregal una serie de máquinas para intervenir comunicaciones. Entonces, ella intervino mi teléfono por sus propios medios, pero yo tengo evidencia de haber sido afectado por Pegasus, sentenció.
Dijo que posteriormente, esa grabación obtenida por funcionarios gubernamentales de alto nivel, habría sido filtrada a Isabel Miranda de Wallace, destacando que la empresaria en el negocio de los espectaculares, siempre ha tenido buena relación con círculos militares
“La preocupación es que alguna autoridad de las que tuvo Pegasus en su momento, obtuvo la información y se la entregó a Isabel, quien ahora la vuelve pública. Sí estamos ante un asunto muy incómodo. Hay dos momentos de Pegasus, en el primero tú fuiste una de las principales víctimas. La adquisición que hizo el CISEN, la PGR y el Ejército. Cuando Forbidden Stories investigaron, hubo constancia de que en mi caso, el dispositivo que usaba en la época de la administración de Enrique Peña Nieto fue intervenido. Yo confié en el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que su gobierno ya no espiaba a periodistas, pero las grabaciones a las que yo hago referencia ocurren cuando López Obrador tomó posesión. Esa grabación fue entregada por una autoridad gubernamental a esta persona (Isabel Miranda de Wallace). Ahora la pregunta es ¿quién sigue contratando Pegasus en México?”, advirtió.
La Primera Sala de la Corte finalmente aceptó ejercer su facultad de atracción sobre el amparo de Juan Hilda González Lomelí el pasado 25 de mayo del 2022. Alrededor de un mes después comenzó a circular el expediente que busca desacreditar a funcionarios del Poder Judicial de la Federación, incluyendo al ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
De acuerdo con Ricardo Raphael, la charla que sostuvo con Salvador Leyva era para abordar el papel de la Defensoría Federal en los amparos que han presentado algunos de los imputados del caso Wallace, los cuales argumentan confesiones bajo tortura, por lo que han solicitado revisar sus condenas y ser liberados.
El expediente fue mandado a los medios de comunicación mediante la cuenta de correo mafiadelatoga@gmail.com, creada ex profeso para el envío de la información, misma que también es replicada por cuentas de Tik Tok, Instagram, Twitter y Facebook con nombres de usuarios muy similares.
Un archivo PDF expone supuestas conversaciones a través de WhatsApp o una plataforma similar que se atribuyen al ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; al titular de la IFDP, Netzaí Sandoval; a la ex secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; y al propio periodista Ricardo Raphael, sin que se aporte una sola prueba de que las capturas de pantallas son reales.
Cuestionado sobre este expediente, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, acusó a la activista Isabel Miranda de Wallace de “fabricar pruebas” contra funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), con el propósito de extorsionar y afectar la imagen de los servidores públicos relacionados con los procesos penales que involucran el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace.
En la conferencia de prensa ofrecida el pasado 13 de julio, Zaldívar Lelo de Larrea informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la fabricación de pruebas y las falsas acusaciones que pretenden afectar la imagen de servidores públicos que cuentan con una trayectoria limpia.
Agregó que dichas pruebas forman parte de las mentiras que la ex candidata presidencial del PAN ha intentado difundir en los últimos meses contra diversos funcionarios adscritos al Instituto Federal de la Defensoría Pública, derivado de la intervención que ha tenido ese organismo para investigar las denuncias por presunta tortura que han presentado todos los procesados del caso Wallace.
Esta señora se ha dedicado a hacer acusaciones sin fundamento, cuando aquí la única que tiene fama de fabricar pruebas es ella, y, por cierto, quiero decirles que tengo conocimiento que ya está fabricando pruebas para tratar de generar una mala impresión y afectar la fama pública de algunos altos servidores públicos del Poder Judicial Federal, y este tema ya está viéndose en la Fiscalía General de la República. Yo no tengo nada más que decir de la señora Wallace, explicó
“Simplemente ella está fabricando pruebas para tratar de generar una percepción equivocada sobre personas honorables que lo hemos sido toda la vida. Si ella está convencida de que efectivamente estas personas secuestraron y privaron de la vida a su hijo, el asunto está en la Primera Sala de la Corte, en la cual yo no tengo ninguna intervención y será la Sala de la Corte la que decida lo que corresponda”, reviró.
En este marco, reiteró que como Presidente de la Corte además de no intervenir en la atracción del amparo promovido por Juana Hilda González; ni siquiera conoce de qué tratan los asuntos relacionados con el caso Wallace.
Ayer, la también presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, presentó en la FGR una denuncia de hechos contra el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, argumentando presunta corrupción.
En su denuncia, la también ex candidata del PAN a la Jefatura del gobierno de la Ciudad de México afirma que el titular del Instituto de Defensoría Pública Federal (IFDP) Netzaí Sandoval; la ex titular de SFP, Irma Eréndira Sandoval; el periodista Ricardo Raphael y el propio Zaldívar están coludidos para liberar Juana Hilda González, a quien ella considera cómplice en el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace, cuyo cuerpo sigue sin aparecer hasta el día de hoy.
Miranda de Wallace reconoció que la fuente de su información es un correo anónimo, muy similar al que recibieron los medios de comunicación.
El periodista Ricardo Raphael explicó que se trata de un caso fabricado por Isabel Miranda para tratar de acusar a Arturo Zaldívar de presunta corrupción, pero sin tener ninguna prueba de ello.
“Isabel Miranda asegura que Arturo Zaldívar está siendo corrompido. Asegura que cuenta con un correo anónimo que ni siquiera ha exhibido. Se supone que soy yo quien lo está sobornando. Según Miranda soy yo quien lo está sobornando junto al director del Instituto de Defensoría Pública (Netzaí Sandoval) e Irma Eréndira Sandoval. Nos coludimos para sobornar al presidente de la SCJN. Los acusa de estar vinculados con un cártel que es quien les dio el dinero (a ellos) y pidió sentar al ministro con ellos”, explicó
Dijo que más allá de la fabricación de pruebas y la facilidad de un peritaje científico para demostrar su falsedad, la acusación de Miranda de Wallace tampoco es capaz de probar los supuestos nexos a los que se refiere.
Habría que probar que nosotros tenemos nexos con un cártel. Segundo, habría que probar que sentamos al ministro con el cártel interesado en liberar a Juana Hilda González Lomelí y César Freire, que corrompimos al presidente de la Corte. La ficción es de tal nivel, el delirio es de tal nivel que es imposible que una mente racional siga la secuencia de esta narrativa que Isabel plantea. Está haciendo una fabricación mayúscula, a la luz de todo el mundo. Está mostrando de qué tamaño es su delirio y lo hace en público.
