Evitemos Maniqueísmos al Analizar la Libertad de Expresión en México

Miradas de reportero

 

Por Rogelio Hernández López

Lanzó el reto Mónica Loya Ramírez, directora del sitio web Reversos: — Quiero organizar un conversatorio de balance sobre la libertad de expresión en México – 

    Y no fue ocurrencia. Mónica se formó como periodista, luego como socióloga y se especializó en periodismo político y acceso a la información. 

     Ella sabe que este es un tema recurrente, que se aviva cada que asesinan a periodistas o cuando el Presidente de la República reacciona a versiones periodísticas u opiniones adversas o en fechas específicas como el 3 de mayo, día internacional de la libertad de prensa.

Respetar el método

     Entre periodistas profesionales, como Mónica, se entiende bien que para un balance bien hecho es indispensable el método del análisis. Esto es, examinar cada una de las partes de un hecho o fenómeno, observar la evolución de sus procesos, luego unificarlas y entender su sentido en conjunto; después hay que explicarlo sin reducir la conclusión a lo malo o lo bueno (como hacen muchos sedicentes analistas) porque así se convierte en propaganda y se desfigura la información original.

    Para el tema de la libertad de expresión se tiene que recordar que es una categoría compleja y muy amplia de las ciencias sociales; que desde el punto de vista legal es un derecho ya universal, que incluye la libertad de un individuo o de un colectivo de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas (ya sea oralmente, por escrito, o a través de medios impresos, electrónicos o de las nuevas tecnologías de la información) y también de manifestarse sin temor a censura, represalias o sanción posterior.

    Los elementos de la libertad de expresión, como se acepta en estos tiempos, son el acceso a la información, la libertad de prensa, el ejercicio protegido de las y los periodistas, así como todas las formas de manifestación política de gobernantes y gobernados. 

    El enfoque principal para el balance es evaluar la vigencia de este derecho para la mayoría de población y no puede parcializarse a los problemas de las empresas mediáticas y su relación con el poder político, o al comportamiento mediático de uno o varios gobernantes o al tratamiento político a manifestaciones sociales de inconformidad. La percepción completa se facilita si se establece una línea de tiempo que ayuda a contextualizar los elementos.

Laxitud y represión todavía en los 80

    En la década de los 80, en México prevalecía un modelo de libertad de expresión un tanto laxo para los medios de prensa, pero con durezas contra los disidentes:

   Hasta el inicio los años 80 a los divergentes, en lo individual o en movimientos sociales, todavía se les negaban varios derechos civiles incluido el de la manifestación en sitios simbólicos. Eso se evidenció con los movimientos de 1968, de 1971 de 1976 y con las reacciones autoritarias y represivas del Estado, muy claramente en la llamada guerra sucia.

    Y con la prensa se fortaleció un régimen laxo de mutuas conveniencias con los medios de comunicación y más influyentes, de aparente respeto, pero con medidas duras de control gubernamental. Todavía se recuerda, que no había censura previa, pero se imponían prohibiciones tácitas a demasiados temas que eran tabú para periodistas: el Presidente de la República y su familia, el ejército, el IMSS, la Lotería Nacional, Secretaría de Hacienda, el PRI, los socios o amigos del dueño del medio y la Virgen de Guadalupe.

En el contexto de esa década sobresalían tres aspectos:

    — Determinación de la economía de mercado en la prensa;

    — El Sistema de conveniencias mutuas, más que censura previa;

   — Y poca pluralidad política e ideológica en los medios de prensa.

    El régimen de conveniencias mutuas prensa gobierno implicaba varias medidas convenientes o duras: control de papel para impresos con PIPSA, que prácticamente se regalaba a ciertos medios o se negaba según su comportamiento; distribución arbitraria de la publicidad oficial y sin transparencia alguna, casi siempre favorables para las grandes empresas; reparto monopolizado y controlado de ediciones impresas (Unión de Voceadores); arbitrariedad en permisos y tiempos para la radio y televisión; condonación o cobros arbitrarios de impuesto); descuentos o pagos exorbitantes de asistencia social (IMSS); estímulos o apoyos económicos sin facturas, desde el “chayo” por fuente hasta pagos eventuales de nóminas completas. Y ante resistencias o descontroles, menudeaban los despidos recomendados, cobros de adeudos, cierres, clausuras o despojo de medios. (Fuente: Cambios en el ejercicio. Ensayo de RHL en la revista Zócalo, 2011)

En 2015, fortaleza de los medios privados

    Por efectos de movimientos sociales y políticos de inconformidad el proceso de libertad de expresión en México fue registrando cambios positivos al final del siglo XX e inicios del siguiente. Con todo se liberaron ductos y flujos de la información de interés público, se amplió otro poco la libertad de expresión y se facilitó que el sector privado en la comunicación y el periodismo fuese conquistando autonomía operativa y acumulando fuerza.

   Para 2015 se habían aparejado varios procesos. Los principales fueron la mayor determinación de la economía de mercado en los medios y en la prensa por la reducción de controles y de la injerencia estatal que incluso había ido vendiendo al sector privado medios públicos o ampliando concesiones y permisos. 

   Paralelamente se habían desarrollado sectores amplios de población más exigentes con sus derechos y con la información de prensa, se conformaron varias corrientes de periodistas con mayor ética social. Para entonces también prácticamente habían desaparecido los temas tabús y se habían ido ampliando la pluralidad ideológica y política, sobre todo en radio y la prensa escrita. Tampoco hubo casos conocidos de censura previa;

   Como si fuese una fotografía en 2015 los componentes que facilitaban o acotaban la libertad de expresión eran: 

    — Más inversión tecnológica en la industria mediática;

    — La academización acelerada de periodistas y comunicadores con más y mejores métodos de trabajo, nuevas técnicas y otras pautas deontológicas para el ejercicio.

   — Más libertad de prensa, por desarrollo de la autonomía política y operativa de medios industriales y medianos. 

   — Aumento sensible de la pluralidad de opiniones en medios de prensa, especialmente en radio y prensa escrita.

Para esta mayor autonomía de las empresas de prensa habían sido factores:

    — El final del control del papel para medios impresos;

   — Disminución del reparto monopolizado de ediciones impresas (Unión de Voceadores); 

   — Leyes que redujeron la discrecionalidad a los permisos y tiempos para la radio y televisión;

  — Disminución parcial de la práctica de condonación o cobros arbitrarios de impuestos;

   — Regularización parcial de las empresas mediáticas con el IMSS (aunque pronto aprendieron a evadir inscripciones de nuevos empleados con empresas fantasmas o a pagar cuotas incompletas por registrar salarios menos de los reales.

    — Creación de leyes e instituciones que facilitan un tanto el acceso a la información de interés público ya generada.

Y los fenómenos aparejados entonces que mostraban efectos negativos eran:

    En el contexto, un efecto de la economía de mercado de México fue que incentivó la contradicción entre el modelo mercantil imperante en la prensa que convierte las noticias en mercancía y las necesidades de la población de contar con información más fidedigna.

    Y en lo cotidiano, esa independencia y práctica mercantil mostraba entonces que demasiada información de interés público era prácticamente incautada por las grandes empresas de prensa y corporativos multimedia que adquirieron tal pujanza económica y política que a muchos les hacía pensar que podían “tumbar” o “poner” gobernadores, senadores, diputados y hasta al mismo Presidente de la República. Todavía se recuerdan las tesis del “presidente que puso una televisora”.

    — Los medios públicos eran entonces prácticamente mendigantes de presupuestos y difícilmente podían contrarrestar la fuerza de los medios industrializados del sector privado.

    — Y ya las y los periodistas comenzaban a reflejar muchas vulnerabilidades ante sí mismos, ante sus empresas, ante las leyes, ante las malas practica de servidores públicos y para entonces ya se registraban más de 140 asesinatos desde el año 2 mil. 

    (Fuente: Hacia una estrategia para reducir vulnerabilidades de periodistas. RHL, director de la A.C. Casa de los Derechos de Periodistas, 2015)

   — A esos procesos hay que adicionar el del gasto público publicitario otorgado arbitraria y opacamente que en lugar de disminuir fue aumentando de manera exorbitante, especialmente para los corporativos multimedia y medios grandes de prensa que así adquirieron una fuerza mayor y la ilusión de poder invencible.  

   Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se registró un fenómeno paradójico: el gasto público federal en publicidad fue creciendo inversamente proporcional a los índices de su aceptación popular. Para 2018 su aceptación ciudadana había bajado al 14 por ciento y el gasto federal en publicidad se aproximó a los 18 mil millones de pesos. 

Hipótesis para 2022

   Después de cuarenta años la información de interés público circula más profusa y ampliamente, entre otras causas por el sistema mercantil, por leyes e instituciones que lo posibilitan: hay menos restricciones gubernamentales y menos malas prácticas del Estado (aunque se disminuyó drásticamente el gasto público federal en publicidad persiste la práctica arbitraria y poco transparente); tampoco hay censura previa o “recomendaciones” probadas para desemplear a periodistas o comentadores; hay más corporativos mediáticos del sector privado y más medios de prensa sobre todo digitales que acentúan la información hiperlocal; se han desarrollado en cantidad y calidad los medios públicos; hay más espacios y momentos de protestas masivas en libertad; las informaciones y expresiones públicas tienen menos temas tabús y en contraparte abundan noticias u opiniones con poco sustento o nada de ética y solo algunas de ellas enfrentan a la réplica presidencial, de otros gobernantes o batallas en redes sociales con practicantes igual de improfesionales. 

   Pero en contraste, para 2022 predominan cuatro grandes contradicciones que afectan la libertad de expresión informada de amplios sectores de población:

   1. Predomina el mercado en los flujos de la información de interés público. Eso estimuló la concentración de medios en corporativos multimedia y de prensa que constriñen demasiada información a intereses mercantiles, domeñan a medios medianos y pequeños y siguen estimulando la precarización y vulnerabilidades de periodistas. Varias de estas empresas, por nostalgia del extraordinario gasto público federal en publicidad o por voluntad propia se convirtieron en voceros sin disimulo de la oposición política.

   2. Son abrumadores el desempleo y la precarización laboral de miles de mujeres y hombres que eligieron ser periodistas profesionales. Esto les impulsan a crear medios digitales por miles y a pesar de contar con más nivel académico que nunca dedican menos tiempo a su profesión con otros empleos y como consecuencia reducen el alcance y la calidad de sus productos periodísticos;

   3. la violencia generalizada por grupos delincuenciales coludidos con servidores públicos que alcanza a decenas de periodistas y a quienes defienden derechos, crea zonas de silencio y fomenta la autocensura;

4.- La presencia de un andamiaje jurídico que se fue creando desde 2007 y que ha resultado poco aplicable para proteger o auspiciar el ejercicio del periodismo y en cambio lo inhibe y achica su libertad.

   Como dicen los filósofos las libertades no son estáticas ni para siempre. Estas libertades se conquistaron o se ampliaron y diario se ponen a prueba.

   Hoy la mayoría de los mexicanos puede adquirir más y mejor información para emitir opiniones mejor informadas, para tomar decisiones, para defenderse de los poderes económicos y políticos con más participación.  Y para eso tendrá que seguir exigiendo el respeto a sus derechos.

   Algún día podremos convencer a esa ciudadanía activa, que las personas periodistas profesionales, mucho más que las empresas mercantiles, ofrecemos información más confiable, que realizamos una labor de interés público y de alta responsabilidad social y, por tanto, somos sus aliados naturales para que sea más completa su libertad de expresión.  

 

Nota. El texto fue base de la conversación pública el 6 de mayo, vía la revista digital Reversos, con Mónica Loya y la periodista chihuahuense Olga Alicia Aragón Castillo.

 

rogeliohl@yahoo.com.mx

Unrogeliohl111@gmail.com

Frida C.


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