Frida C.
• El colectivo JUNTOS por “un mejor Estado de México es posible”: Nos pronunciamos en contra de incrementar cuatro nuevos impuestos; Es urgente la construcción de nuevos hospitales.
• Pedimos que se retire la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, por la que solicita autorización de financiamientos y obligaciones para construir dos Centros Penitenciarios de Reinserción Social, uno en Otumba y otro en Ixtapaluca.
• En el caso ISSEMYM. Se necesita con urgencia realizar una Auditoría Externa Independiente para precisar quiénes son responsables directos de la problemática financiera del instituto.
• Atender las profundas desigualdades que se vive en el campo mexiquense.
Toluca, México a 13 de Diciembre de 2021.- El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa; el integrante de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez; ex el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar; el académico de la UAEM, Fermín Carreño; el dirigente estatal del PT, Norberto Morales Poblete; Mario de Jesús Pascual, José Norberto Uribe y Moisés Flores Bernal, integrantes del colectivo JUNTOS por “un mejor Estado de México es posible”, advierten el mal manejo de las finanzas del gobierno que encabeza Alfredo Del Mazo Maza.
Le dicen:
-Nos pronunciamos en contra de la iniciativa del Ejecutivo Estatal de incrementar cuatro nuevos impuestos, a saber: Cedular por la Prestación de Servicios Profesionales, Cedular por Realizar Actividades Empresariales, A Casas de Empeño y Por Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, con los que se pretende recabar un tal de 260 millones de pesos, cantidad simbólica ya que sólo representa 0.07 por ciento de los ingresos previstos para 2022.
– Que los recursos presupuestales para los municipios tengan prioridad. Rechazamos todo intento de reducir los presupuestos de los municipios o abandonarlos a un endeudamiento que solo beneficiará a los bancos, sin abonar realmente a su desarrollo.
– Es urgente la construcción de nuevos hospitales, la disposición de equipo, medicamentos e insumos suficientes. El próximo decreto de presupuesto debe aumentar los recursos para el sector salud.
Fortalecer de manera inmediata los sistemas de salud. La pandemia de Covid-19 continúa, nuevas variantes del virus ya amenazan la salud pública y la recuperación económica. Se debe aprender del pasado reciente para proteger de mejor manera a la población. Sobre este punto, es reprobable que hasta la fecha no se hayan ejercido los 877 millones de pesos, que están etiquetados para la construcción o rehabilitación del Hospital General de Tlalnepantla Valle Ceylán, Centro Integral de Oncología de Ecatepec y los Hospitales Generales de Zinacantepec, Zumpango, Chicoloapan, Tepotzotlán, Coacalco y Tecámac.
Habría que señalar que el Ejecutivo del Estado optó por dar preferencia a la construcción de obras menos prioritarias que a los hospitales, situación que se antoja como grave y contradictoria cuando todavía no es superable la pandemia. Estos recursos se obtuvieron del endeudamiento por 8 mil 637 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2021, al igual que los utilizados para la construcción y remodelación de parques, centros penitenciarios, deportivos y mercados, entre otras obras, de las que destacan, por su cercanía, El Parque de la Ciencia Fundadores, Rehabilitación del Parque Sierra Morelos, Modernización de la Alberca Olímpica de Zinacantepec o el Mejoramiento de la Imagen Urbana en Plaza de los Mártires. Muchas de estas obras que se ejecutan con dinero prestado no fueron del conocimiento de las y los diputados, por lo que manifestaron que de haber sabido el destino como el caso de la Plaza de los Mártires lo hubieran votado en contra.
– Pedimos que no se apruebe el nuevo endeudamiento que está solicitando el Ejecutivo Estatal por la cantidad de 9 mil 500 millones de pesos mencionado en el Artículo 2 de la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2022.
La nueva realidad democrática exige moderación y rectitud para dejar en el pasado dispendioso los altos salarios, seguros de gastos mayores, excesos en telefonía, automóviles, gastos suntuarios en ceremonias, choferes, secretarios particulares, bonos exagerados, viáticos ilimitados, gastos superfluos de oficina, arrendamientos innecesarios y por si fuera poco contratación de asesorías y servicios externos que realizan los trabajos propios de la dependencias oficiales, por señalar algunas cosas que ya no deben de permitirse.
Si nos aplicamos para ejercer el presupuesto como lo hemos señalado, por lo menos se estaría ahorrando 2 por ciento del presupuesto de egresos 2022, equivalente a 6 mil 520 millones de pesos.
– Presupuesto suficiente para evitar inundaciones y desastres en la próxima temporada de lluvias.
– Aumento en el presupuesto destinado a la seguridad pública municipal. Paulatinamente se han reducido los recursos para las policías municipales, esta política debe revertirse aportando recursos para la capacitación, la modernización tecnológica, el aumento de los salarios del personal policial, la lucha contra la corrupción y la implantación de sistemas de justicia cívica.
– Pedimos que se retire la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, actualmente pendiente de dictaminación, por la que solicita autorización de financiamientos y obligaciones para construir dos Centros Penitenciarios de Reinserción Social, uno en Otumba y otro en Ixtapaluca.
La petición se funda en que la construcción de estos centros no resolvería el problema de la sobrepoblación que supera las 15 mil Personas Privadas de su Libertad (PPL), de un total de 28 221 personas que purgan condenas en los 22 centros penitenciarios existentes.
No obstante que las 4 mil personas que serían atendidas en dichos centros, dos mil por cada uno de ellos, no impactaría en el total de la sobrepoblación quedando muy lejos de alcanzar la finalidad de la iniciativa; pero sí implicaría un costo para los mexiquenses de 40 mil millones de pesos pagaderos en 25 años. Para tener una idea de lo que representa esta cantidad es casi igual al saldo de la deuda pública estatal al 31 de diciembre de 2020 de 43 mil 559 millones de pesos.
En tal virtud, consideramos que antes de construir estas obras que, evidentemente, no resuelve el problema de sobrepoblación de la PPL, pero que sí resultaría un gran negocio para los contratistas, se necesita primeramente aplicar sin discriminación la Ley de Amnistía del Estado de México y dar respuesta, con hechos, a la argumentación de diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de que más del 50 por ciento de las PPL en los centros penitenciarios de la entidad purgan condenas injustamente.
– La población mexiquense asentada en el Valle de México sufre escasez de agua potable por el agotamiento de las fuentes tradicionales de suministro. Es indispensable contar con recursos presupuestales adicionales para desarrollar alternativas de suministro y mejorar la eficiencia de las redes de distribución, evitando fugas y desperdicios
– No aceptamos que los malos manejos de los recursos de los servidores públicos y violaciones a la ley del ISSEMYM sobre todo en materia de incumplimiento de pagos de cuotas y aportaciones para garantizar la seguridad social, sigan siendo materia de impunidad y que la Secretaría de Finanzas no asuma su responsabilidad para hacer realidad el Estado de Derecho, o dicho en manera franca, deje de ser cómplice del quebranto financiero del instituto.
Por eso, es que nos pronunciamos en contra de reformar el Artículo 70 de la Ley que afectará el monto de las pensiones y en contra también de la solicitud de autorización para “legalizar el robo” a los trabajadores, por la que se pretende establecer plazos hasta de 15 años para que las instituciones que han violentado la ley, paguen, en cómodas mensualidades, las cuotas y aportaciones que no hicieron en su oportunidad.
Se necesita con urgencia realizar una Auditoría Externa Independiente para precisar quiénes son responsables directos de la problemática financiera del instituto.
Aparte de la UAEMéx, a quien se le ha permitido la violación sistemática de la Ley del ISSEMYM, que hasta hace pocos meses llegó a deber hasta tres mil millones de pesos, el CUSAEM es la institución con mayores adeudos al instituto con la agravante de que es una institución privada cuyos más de 20 mil efectivos que sin ser servidores públicos, reciben los servicios de seguridad social. Exigimos a las autoridades que se cumpla el Estado de Derecho.
– Vemos con enorme preocupación el poco interés del Poder Ejecutivo para atender las profundas desigualdades que se vive en el campo mexiquense. La pobreza extrema que supera un millón 400 mil personas afecta de manera particular a la población rural y grupos indígenas. Por cierto, de acuerdo con INEGI 2020, tenemos el segundo lugar en pobreza extrema sólo superado por el estado de Chiapas.
Resulta inaceptable que en campo vivan los mexiquenses más olvidados, los más desamparados, los más pobres y los que menos oportunidades tienen para salir adelante.
Es reprobable que esa realidad no la entiendan las autoridades o sean irresponsablemente indiferentes con este sector, como se demuestra con que en los últimos 16 años el presupuesto para el sector agropecuario haya sido en promedio del 1 por ciento del presupuesto total.
Insistimos en la necesidad de replantear estrategias para atender el abandono del campo mexiquense con una visión democrática y nacionalista, como lo ha planteado el Presidente de la República. En tal sentido proponemos de manera particular que el presupuesto para este sector de 2 mil 144 millones de pesos, que representa apenas el 0.65 por ciento del presupuesto de egresos total, se incremente a 1.38 por ciento, con el propósito de que lleguen más recursos de manera directa a las familias que más lo necesitan, sin preferencias clientelares, sin “moches” y con absoluta transparencia. Y de esta forma irnos encaminando en pagar la deuda histórica con campesinos e indígenas mexiquenses.
– Solicitamos a los acreedores privados y públicos del Estado de México, un período de gracia de seis meses en el pago del servicio de la deuda pública, que de acuerdo con la clasificación funcional de gasto no programable será de 5 mil 525 millones para el ejercicio fiscal 2022. De igual forma pedimos al Titular del Poder Ejecutivo y Legislativo hacer la misma petición. Estos recursos se utilizarán para el programa estatal de recuperación del empleo y salario para los trabajadores que fueron afectados por la epidemia de Covid-19 y para atemperar la pobreza extrema agravada por esta causa.
– En nombre de la comunidad universitaria pedimos que el presupuesto de la UAEMéx, tenga un incremento adicional de 200 millones de pesos y sean aplicados directamente para que los alumnos dejen de pagar los “créditos” por cada unidad de aprendizaje que cursan en sus estudios universitarios. Dicho pago que realizan es adicional a las cuotas de inscripciones semestrales. Con este incremento anual, permitiría que la UAEMÉX avanzara decididamente a logra la gratuidad de los estudios universitarios, acorde a los lineamientos del presidente de la República.
– Los pueblos y comunidades indígenas Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlazinca del Estado de México, exigimos de las autoridades respeto a los derechos y cultura indígenas.
Pedimos que se destine un presupuesto de al menos mil millones de pesos para contribuir en el desarrollo social y democrático indígena. Estos recursos deberán transformarse en programas en donde las mujeres y hombres indígenas digamos en qué se van a invertir o destinar, sin intermediarios y con transparencia. No se vale el trato despectivo que nos dan desde el punto de vista presupuestal, cuya propuesta para el 2022 contempla para el Programa Pueblos Indígenas poco más de 36 millones, que sin duda está muy lejos de poder ir abriendo brecha para revertir el oprobio.
