Tortura, Abuso Sexual e Impunidad: Así Opera el Comando Jaguar, Policía Élite en Jalisco

JALISCO
  • En enero del 2020, un estudiante de preparatoria es detenido por agentes del comando Jaguar en Tlajomulco. Lo acusan de vender droga. Para inventar cargos, lo torturan y violan con un falo de látex. El expediente abierto sobre el caso traza las rutas operativas de un sistema de gobierno que se protege a sí mismo y a sus operadores.

 

El muchacho está de rodillas, rodeado por agentes de policía que juegan con un dildo que le han sustraído de la mochila. Uno de ellos se lo coloca en la pelvis para dar inicio a la violación que se prolongará durante minutos. Lámelo, lámelo. Chúpale la cabecita (sic). Le dicen al joven uno de los gendarmes adscritos al Comando Jaguares en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

–Me vuelven a dejar sólo, viendo hacia un locker rojo en mal estado. Y sólo escuchaba que se burlaban de las cosas que traía en mi celular. Cuando regresaron al espacio, me preguntaron ¿Qué se siente ser joto? Y me acusaron de tener SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

El joven narra a las autoridades del Ministerio Público (MP), que antes de ser obligado a ingerir su propio vómito y golpeado con un bate de beisbol, pidió ayuda desesperadamente. Nadie lo escuchó. Los Jaguares son elementos especializados en combate de reacción a todo tipo de delitos, se encuentran adscritos a Tlajomulco. En Zapopan existe un grupo homónimo pero en Guadalajara son conocidos como “Gamas”. Se trata de oficiales altamente entrenados para combate.

El caso en particular, adherido y narrado en la Carpeta de investigación: 3695/2020, no es un caso aislado. Un testigo protegido, entrevistado por Aristegui Noticias y elemento de la corporación, comenta sobre la frecuencia en que esta corporación abusa de sus facultades para remitir civiles a los Ministerios públicos del estado con el objetivo de cuadrar los datos presentados en el Informe Policial Homologado (IPH) con las detenciones reales. El motivo: “Delitos que ellos consideran menores”.

La periodicidad en la que ocurren estos casos de detenciones ilegales son tantas, que resulta imposible conocer el número exacto: “Los comandantes viven de los resultados (…) Lo que pasa es que muchos de los servicios los tienes que remitir tú, por órdenes superiores y como ellos viven de los números, les conviene sembrar porque a la hora de la estadística de detenciones esos números los mantienen, y si no dan los resultados, los quitan”.

“Aquí uno tiene que hacer las cosas que le ordenan”

El caso es el mismo, el joven detenido y torturado por agentes Jaguar. La mañana de esa detención, Carlos “N” (nombre falso que protege la identidad del testigo) circulaba por las inmediaciones de la avenida López Mateos donde había ocurrido una detención ilegal.

A un joven no mayor a los 30 años, le increparon los Jaguares mientras se transportaba en el vehículo de su padre argumentando, que el automotor, poseía reporte de robo. Posteriormente la familia del joven aclararía, en las narraciones ministeriales, que el vehículo jamás tuvo dicho reporte, por lo que la detención fue totalmente fuera de la norma.

Carlos “N” cuenta que estaba llenando el tanque de gasolina su automotor con el que ofrece el servicio, cuando se enteró mandarían llamar a un elemento para atender el servicio: “llegó la bronca, le dijeron: Vente en friega porque ya tienes un servicio para que lo remitas”. –El sujeto narrado por Carlos “N” preguntó que si él lo había detenido y le dijeron que no–. “Era una orden superior. Y ahí va de menso” (sic).

El testigo protegido estaba en el centro de Tlajomulco y la detención del joven torturado eso fue la base de López Mateos, por el Palomar. Cuando llegó a la comandancia, ve al muchacho en un rincón y alguien preguntó: ¿Cómo estuvo (la detención)?. Le respondieron que traía droga, presumiblemente para su venta.

–El policía le preguntó al muchacho: ¿qué traías?

–Esas bolsitas

–¿Todas?

–Bueno, no. Nomás las esas dos, las otras me las acaba de poner él  (Y señaló a otro policía, el Jaguar 01).

Una vez remitido y con la abogada de frente, el quejoso solicitó que se abriera la Carpeta de Investigación 3695/2020 por abuso sexual y detención ilegal debido a que el comandante que lo había presentado ante las autoridades, no el mismo que lo había detenido. Este medio de comunicación posee copias del expediente en que se acredita la solicitud de inicio de procedimiento en contra de los elementos que resulten responsables por dicha detención. Sin embargo, a un año de los hechos, la carpeta sigue abierta y sin rumbo.

Otra anomalía detectada es que el Jaguar 01, de nombre Juan Martín Ríos García, que se encuentra adscrito directamente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, consta en que tras una solicitud de acceso a la información se pudo constatar que sus exámenes de control y confianza se encuentran en calidad de semiconfidenciales.

El perito Luis Ignacio Guzmán García, actual trabajador de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y ex miembro de la organización Códice A.C. (encargada de velar por los derechos de la población LGBT+), ni siquiera tuvo acceso al expediente. Luis Guzmán argumentó frente a este reportero desconocer sobre el caso y responsabilizó a la Ministerio Público de tener que informar directamente a ellos sobre estos hechos. Asimismo, aseguró que desconoce si las autoridades se encuentran obligadas a notificar a su área en caso de que casos como este sean remitidos a la Fiscalía.

Luis Guzmán, asegura que de tratarse el caso, él tiene buena relación con la Ministerio Público (de la cual no proporciona el nombre) por lo que se le notificaría o debiera enterarse de estos hechos, y que al no ser el caso, según comenta: “es porque la víctima no acudió a declarar”. Sin embargo, esto es falso.

“Yo tengo contacto con la licenciada, la MP encargada, y no llegó ese asunto, digo. Como te comento, fueron elementos de Tlajomulco pero sí debió la victima realizado alguna denuncia en Fiscalía denunciándolos a ellos. Por lo menos aquí a la dirección encargada en diversidad sexual, no llegó”, asegura.

Los documentos a los que tuvo acceso Aristegui Noticias demuestran que el afectado en cuestión narró claramente a la Fiscalía cuando los policías abusaron sexualmente de él, dicha información se encuentra integrada en la Carpeta de Averiguación antes mencionada, misma que contempla información sobre la etapa no judicializable del proceso y una solicitud de peritaje que tampoco es pública.

Meses después de la primera entrevista, el mismo funcionario público (Luis Guzmán) se negó a responder sobre la responsabilidad de los Ministerios Públicos de notificar cuando identifiquen una denuncia por estas causas y solicitó a este reportero una entrevista vía comunicación social que jamás respondieron.

La CEDHJ, único registro a considerar pero sin avances

Además del recorrido en Fiscalía, el ofendido acudió a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a presentar una queja con el fin de inhibir los ataques de los policías.

Sin embargo, la de esta víctima, es de las pocas causas en dicha comisión que superan la meta actual de resolución autoimpuesta por el actual director de los visitadores de la CEDHJ, Kristyan Felype Luis Navarro, de no superar los 10 meses en resolver ningún caso. El expediente en cuestión en la CEDHJ se determinó bajo el numeral: 3097/2020.

Según explica el funcionario público, se trata de una crisis. El encargado de las visitadurías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (incluyendo la que atendió el caso por abuso sexual), cuenta que tan sólo en los últimos dos años, la CEDHJ reportó 370 quejas en contra de elementos de la Fiscalía General de Jalisco (FGJ), el motivo más frecuente “Violación al derecho de la legalidad”.

Finalmente, dadas las pruebas señaladas, Kristyan Felype Luis Navarro, se comprometió a investigar sobre al asunto en cuestión y dijo no tener interés en ocultar ningún caso similar: “Nosotros estamos reportado desaparecidos, no tenemos ningún interés en ocultar casos como este”.

Este año (2021) ya cuenta con 80 quejas presentadas ante la CEDHJ, y aunque en la mayoría de los casos las autoridades culminan en una recomendación, las violaciones a los derechos humanos ya cumplen con una tercera parte de las reportadas en el año anterior por lo que el escenario parece complicarse para el estado.

Un año ha transcurrido desde que el joven presentó la denuncia en Fiscalía General de Jalisco (FGJ) y la Comisión de Derechos Humanos. Como ninguna autoridad es transparente en sus procesos de integración de denuncias o quejas, las víctimas como la que aquí se narra se encuentran sujetas a la voluntad de sus agresores. El joven en cuestión se encuentra desaparecido pero sin denuncia al respecto, sus redes sociales fueron eliminadas y nadie puede dar cuenta de su paradero desde que el caso fue abandonado por la Fiscalía.

Nota: Hasta el momento del cierre de esta edición, ninguna autoridad de la Fiscalía General de Estado de Jalisco pudo recibir o entrevistarse con estos reporteros a pesar de los múltiples intentos por profundizar en el caso. Asimismo, por seguridad de los testigos AN modificó las voces y los nombres de las personas entrevistadas así como se verificó la autenticidad de los documentos a los que este medio tuvo acceso.

Frida C.


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