Frida C.
- La Canacintra, CNA y Coparmex decidió no suscribir el acuerdo con el Gobierno federal “dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”.
- Rechazaron la estigmatización del sector empresarial “como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales”, porque “la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el SAT, Secretaría del Trabajo, Infonavit y el IMSS en sus actividades de fiscalización”.
Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazan el acuerdo de un grupo del sector empresarial, y parte del obrero, con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre la subcontratación. Acusaron al Gobierno de México, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo, de no llevar una fiscalización adecuada.
“Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría”, declaró el grupo.
Este miércoles el Presidente de México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) firmaron un convenio para trabajar sobre la propuesta del mandatario federal para prohibir el outsourcing ilegal. Ante ello, en un comunicado, las tres organizaciones empresariales declararon que la iniciativa del Presidente López Obrador “pretende coartar la libertad de la subcontratación, atenta contra la creación y preservación de empleos formales”.
Los grupos empresariales aseguraron que la aprobación de este acuerdo, compuesto de cuatro puntos, dañaría “seriamente” la competitividad en México y ocasionará el cierre de “miles de micro, pequeñas y medianas empresas”.
“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”, aseguró el grupo en la misiva conjunta.
También rechazaron la estigmatización del sector empresarial “como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales”, porque “la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el SAT, Secretaría del Trabajo, Infonavit y el IMSS en sus actividades de fiscalización”.
Aclararon que están a favor de prácticas que favorecen la creación de empleo y a inversionistas con dimensión social y se dijeron dispuestos a continuar el “diálogo abierto” para conseguir una normatividad que “priorice nuestra posición en esta amteria: Regulación sí, prohibición, no”.
El grupo estableció que las negociaciones deben darse con la premisa de que el outsourcing es un actividad lícita que permite acelerar los contratos sin restricciones y “como mejor convenga a sus intereses (de las empresas)”.
El sector empresarial y el Gobierno federal lograron un acuerdo sobre las modificaciones a la normatividad del trabajo en México, sobre todo sobre la reciente propuesta del Presidente López Obrador de suprimir la subcontratación ilegal por las prácticas violatorias de derechos que implicó. El mandatario federal aseguró que en el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión no podrá ser discutido, sin embargo pedirá tiempo para que “la iniciativa pueda ser mejorada, enriquecida con este diálogo”.
Desde Palacio Nacional, Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, adelantó un acuerdo de consulta sobre el tema del outsourcing y el compromiso de las empresas a no cometer malas prácticas al menos hasta febrero de 2021.
