Frida C.
- El Estado Mexicano no cumple sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la Comisión de Víctimas sin dinero y sin dirección.
- Juez Federal considera que la negativa de la Fiscalía del Estado de México de enviar el caso Atenco a la FGR no está debidamente justificada y por ende vulnera los derechos de las víctimas.
- Faltan avances concretos de parte del Estado en la creación de un Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, como ordenó el Tribunal Interamericano.
Por Sara Lovera e Isabel Ortega
SemMéxico/ Agencia ceprovysa,- San José, Costa Rica y Ciudad de México, 30 de noviembre de 2020. A dos años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, la investigación penal sigue fragmentada debido a la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de remitir la investigación para que ésta sea realizada en el fuero federal.
En un comunicado conjunto el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro CentroPro y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional, informaron lo anterior y recordaron los pendientes del abuso policial, violencia sexual, médica, discriminación en que incurrieron las policías en Atenco, Estado de México, contra al menos 11 mujeres, los días 3 y 4 de mayo de 2006, hace 14 años.
La Corte IDH el 28 de noviembre de 2018 sentenció al Estado Mexicano para atender, investigar y hacer las reparaciones del daño a través de una serie de medidas y una reparación del daño, material -con 5 mil dólares – y la conclusión de la investigación ministerial.
Sin embargo, no había respuesta suficiente, de ahí la importancia de que el pasado 25 de noviembre el Juzgado Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca concedió un amparo a las mujeres de Atenco, en el que ordena a la Fiscalía local revocar su negativa a cumplir con la facultad de atracción ejercida por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FEVIMTRA), respecto de la investigación del caso Atenco.
En su sentencia, el Juez de amparo estableció que la Fiscalía local no justificó por qué no procedería entregar la investigación a la Federación, tomando en cuenta los hechos del caso y los derechos de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad y equidad y género.
A la luz de los hechos del caso -en los que las mujeres sufrieron delitos a manos de policías federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo conjunto-, las organizaciones representantes reiteran que la totalidad de la investigación corresponde legalmente a la Federación, por lo que la Fiscalía del Estado de México debería entregar la investigación a la FEVIMTRA sin mayores demoras.
La unificación de la investigación en el fuero federal resulta indispensable para garantizar que se tomen en cuenta todas las hipótesis y líneas de investigación en el caso. Así como que se consideren todos los eslabones de la cadena de mando, el patrón de actuación conjunta de quienes intervinieron intelectual y materialmente, así como todas las formas de responsabilidad individual según lo ordenado por el tribunal interamericano.
Así, de no remitir el expediente a la FEVIMTRA, la Fiscalía del Estado de México seguiría obstaculizando el acceso a la justicia en este caso paradigmático en el que las mujeres ya han luchado durante más de 14 años contra la impunidad.
DETENIDO EL CUMPLIMIENTO DE LA CORTE
Recordamos que la sentencia de la Corte IDH señala que la investigación penal abierta en el Estado de México presenta una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia. Así, la Corte IDH ordena que las investigaciones se lleven a cabo en un plazo razonable, por funcionarios capacitados en la materia, para determinar, juzgar, y sancionar a los responsables.
La sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito representa una oportunidad para avanzar hacia el cumplimiento de lo anterior, evitando la obstaculización de la investigación y logrando la unificación del expediente, lo cual constituye un paso fundamental para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco.
JUSTICIA A MEDIAS
Hace un dos año que de la sentencia de la Corte IDH en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, las 11 mujeres denunciantes y sus representantes hicieron llamamos sistemáticos al Estado a realizar todas las acciones necesarias para dar pronto cumplimiento a las reparaciones ordenadas en beneficio de las víctimas sobrevivientes, así como las medidas de carácter estructural, de suma importancia para la sociedad mexicana. Detenidas por la negativa a que hoy obliga el amparo.
No se ha podido cumplir, a pesar del tiempo. El balance era en noviembre de 2019, que los asuntos pendientes en la implementación de las medidas ordenadas por la Corte IDH, por responsabilidad de la Fiscalía del Estado de México, lo único que sucedió fue una ceremonia de reconocimiento y perdón que se hizo en el gobierno actual.
Las organizaciones Pro y Cejil reconoce que el impulso dado a este proceso por parte de las mujeres.
En abril de 2019 se instaló una mesa de cumplimiento de la sentencia, las 11 sobrevivientes han participado en numerosas reuniones de trabajo con diversas instituciones para avanzar con las reparaciones, buscando que no se repitan hechos como los de este caso, caracterizado por la represión social, las detenciones arbitrarias, la tortura física, psicológica y sexual, y la impunidad.
Aunque en materia de justicia, hubo la apertura de una nueva investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual las mujeres han aportado insumos, sin la investigación de la Fiscalía de Edomex, el avance es relativo.
Al mismo tiempo, dicen las organizaciones y las víctima, a pesar de las gestiones de la FGR, aún sigue pendiente el cumplimento de la fiscalía local del Estado de México una investigación cuyas serias deficiencias fueron expuestas por la Corte IDH. En este sentido, falta una investigación completa de los hechos indispensable, que unifique la investigación, por lo que era urgente que a las autoridades a concretaran y aceleraran la atracción del caso al fuero federal.
Tampoco hubo avances suficientes en la obligación del Estado de fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, y aunque el diálogo constructivo con las autoridades involucradas (coordinado por la Comisión Nacional de Víctimas, ahora sin recursos ni dirección), se llamó la atención sobre la pausa en que se encuentra el proceso se espera de respuesta de las instituciones.
Hubo un llamado a todas las instancias a actuar sin más demora y priorizar el cumplimiento de este punto, destacando, como han hecho las mujeres, que el impacto de esta medida alcanza a muchas otras sobrevivientes, como demuestran los casos de la campaña Rompiendo el Silencio.
Por otro lado, está la falta de avances concretos de parte del Estado en la creación de un Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, como ordenó el Tribunal Interamericano. Frente a esta situación, las mujeres y sus representantes desarrollaron insumos para el diseño del Observatorio, solicitando a las autoridades la apertura de una mesa de trabajo para adelantar el cumplimiento de la medida el año que entra, como marca la sentencia internacional.
Finalmente, exhortamos al Estado mexicano a tomar todas las acciones necesarias para agilizar la implementación de los aspectos pendientes para garantizar la atención de salud a las mujeres, así como a celebrar una sesión de seguimiento de la mesa de cumplimiento instalada en abril.
A dos años ha prevalecido la valentía y el esfuerzo de las 11 mujeres a lo largo de todo el proceso, reafirmando su compromiso porque ello se traduzca a la brevedad en resultados concretos. Que nunca más, ninguna otra mujer tenga que volver a pasar por hechos como los del caso Atenco.
