Frida C.
- El exoficial mayor de Sedatu, Emilio Zebadúa, acusó un presunto desvío millonario en la compra de terrenos aledaños al aeropuerto en Texcoco; sin embargo, comuneros denuncian que ellos fueron víctimas de una estafa, no cómplices.
Tras la declaración ministerial del exoficial mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa, en la que acusó un presunto desvío millonario en la compra terrenos aledaños al nuevo aeropuerto de Texcoco, 89 comuneros denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en este caso ellos fueron víctimas de una estafa, y no cómplices.
Como parte de su declaración ministerial, Emilio Zebadúa aseguró que, con el visto bueno de la Segob y de la Secretaría de Hacienda, la Sedatu desvió en 2018 un total de 400 millones de pesos por concepto de “ayuda social” para beneficiar a 190 personas que no eran propietarios de los predios conocidos como Tlateles, en las inmediaciones del fallido proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México.
Pero los comuneros aseguran tener pruebas sobre la propiedad de los terrenos y denuncian que al recibir la “ayuda social” de la Sedatu fueron obligados a transferir el dinero a cuentas bancarias de empresas y de personas desconocidas, en una trama en la que estarían implicados exfuncionarios de Segob y Sedatu, sus propios dirigentes sociales, e instituciones bancarias.
Los comuneros denunciaron el caso desde enero de 2019 ante la FGR. El 1 de julio de ese mismo año también acudieron a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al acusar que el banco BBVA Bancomer actuó presuntamente en contubernio en el presunto fraude.
Y ahora, luego de que Animal Político diera a conocer la declaración ministerial de Zebadúa, interpusieron otra queja el pasado 12 de noviembre ante la vicefiscalía de Derechos Humanos de la FGR en la que, básicamente, ratificaron su denuncia original.
“Jamás fuimos cómplices de Emilio Zebadúa, sino víctimas de un fraude orquestado por las autoridades”, subraya en entrevista Noé Hernández Buendía, uno de los comuneros denunciantes.
“Lo tomas o los dejas”
En la denuncia que 89 comuneros interpusieron el 2 de enero de 2019 ante la Fiscalía, a la que este medio tuvo acceso, se detalla que el origen del presunto fraude tuvo lugar en junio de 2018, cuando como parte integrante del Frente Único del Campo instalaron un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México.
Protestaban porque, a pesar de haber llegado a un acuerdo en mayo de 2017 con el subsecretario de Gobernación, en ese entonces René Juárez Cisneros -hoy coordinador del PRI en la Cámara de Diputados-, la Sedatu aún no les había pagado por la cesión de sus tierras en el ejido Tlateles; un lugar de vital importancia para el nuevo aeropuerto de Texcoco, puesto que ahí la Conagua proyectaba hacer unas obras hidráulicas para evitar inundaciones en la futura infraestructura aeroportuaria que finalmente fue cancelada.
El plantón en Bucareli ya se había extendido por una semana, cuando en la madrugada del 15 de junio, a las dos de la mañana, los comuneros fueron avisados por sus líderes del Frente Único del Campo de que, por fin, todo se había resuelto. Que ya les iban a pagar por sus tierras, y que en ese momento les iban a hacer entrega de los cheques.
A continuación, les repartieron fichas para ir pasando por grupos de diez a las instalaciones de la dependencia. “Nos quitaron los celulares para que no pudiéramos tener comunicación alguna con nadie”, relata en entrevista el comunero Noé Hernández.
Al entrar al inmueble, los estaban esperando funcionarios de Segob y de la Sedatu, un notario público del que nadie les dijo su nombre ni número de notaría, y dos líderes del Frente Único del Campo.
Una vez ahí, refieren que les hacen firmar unos documentos, que les entregan los cheques, el notario da fe de que los reciben, les hacen una foto con el cheque, y de inmediato los líderes del Frente Único se los arrebatan en presencia de los funcionarios de Sedatu y de la Segob, que en ese entonces ya estaba dirigida por Alfonso Navarrete Prida, en sustitución de Miguel Ángel Osorio Chong.
Las excusas para quitarles los cheques fueron varias. A algunos les dijeron que los cheques “tenían un error”. Y a otros les dijeron que lo de esa noche en la Segob “había sido un simulacro” y que “el trámite aún no había terminado”. Además, todo fue tan rápido, que no les permitieron ver las cantidades de los cheques, aunque algunos sí alcanzaron a hacerlo.
De inmediato, los comuneros levantan el plantón. Y cinco días después, a las 16 horas del 20 de junio, los citan en la casa de uno de sus líderes ubicada en Chimalhuacán, Estado de México.
“En esa junta, el que era nuestro líder nos dijo que ya el trámite estaba por terminar, pero que había un detalle: que lo que nos dieron en el cheque no era lo que realmente nos iba a tocar”, cuenta el comunero Noé Hernández.
“Por ejemplo, en mi caso mi cheque era de 2 millones 600 mil pesos. Pero me dijeron que solo me tocaban 950 mil pesos”, dice Noé. Y con el resto hicieron lo mismo: les aplicaron ‘recortes’ en algunos casos por arriba del 60%.
Ante las protestas airadas, los líderes del Frente los amenazan con quitarles el cheque para devolverlo a la Segob, y con que ya no recibirían ningún terreno en las 250 hectáreas que habían acordado previamente con René Juárez, el entonces subsecretario de Segob, que se repartirían en las inmediaciones del nuevo aeropuerto como parte de la compensación por vender sus predios en Tlateles.
“Con voz amenazante y prepotente te decían: ‘lo tomas o lo dejas’”, asegura otro comunero en la denuncia ante FGR, luego de que su cheque había salido por 3 millones 840 mil pesos, y solo le depositaron 1 millón 200 mil.
Transferencias a empresas y personas ajenas
Una semana después, el 27 de junio, los comuneros vuelven a ser citados. Pero esta vez en una sucursal del BBVA Bancomer en la capital ubicada en la Avenida Puente de Alvarado de la colonia Tabacalera, donde uno a uno van entrando “custodiados” por personal del Frente Único del Campo que los dirigen a “una ventanilla especial”.
En esa ventanilla, las personas que los “custodian” son quienes hacen todo el trámite con la cajera, que primero deposita a los comuneros el dinero de los cheques, y a continuación transfiere buena parte de ese dinero depositado a cuentas de empresas y de personas ajenas a los comuneros, dejándole al comunero una pequeña parte ingresado en una tarjeta bancaria nueva.
Así consta en la denuncia que interponen contra el BBVA el 15 de julio del año pasado ante la Condusef, de la que este medio guarda copia.
En la queja se exponen varios casos. Por ejemplo, se presenta el resumen de movimientos bancarios de uno de los comuneros donde se aprecia que recibe un depósito vía cheque por 4 millones 800 mil pesos, y que el mismo día sale de su cuenta una transferencia por 3 millones 390 mil pesos a otra cuenta desconocida. Es decir, le ‘mocharon’ el 70% del dinero.
Mientras que en otro caso, en el reporte de movimientos bancarios se aprecia que un comunero recibió un depósito por 8 millones 303 mil pesos, y que a continuación sale de su cuenta una transferencia por casi 6 millones a otra cuenta desconocida.
“Jamás fuimos cómplices o colaboradores del señor Emilio Zebadúa, sino víctimas de un fraude orquestado por las autoridades federales, nuestros líderes del Frente, y por la institución bancaria”, resume Noé Hernández, que pide a la FGR que los 89 comuneros denunciantes por este caso sean considerados víctimas y no posibles imputados ante las declaraciones ministeriales de Zebadúa.
“Nosotros fuimos los primeros en denunciar estos hechos por fraude a la nación y por daños a nuestro patrimonio. No somos cómplices de Zebadúa. Somos víctimas”, insiste.
La acusación de Zebadúa
Cabe recordar que, en la declaración ministerial por la que busca el perdón legal de la Fiscalía en la investigación por La Estafa Maestra, Emilio Zebadúa denunció que para adquirir terrenos en el predio Tlateles, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Sedatu, la Segob, y la Secretaría de Hacienda, orquestó una estrategia “para desviar recursos” que consistió presuntamente en sacar 400 millones del erario para entregarlos a 190 comuneros que no tenían derechos sobre esos terrenos.
Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Sedatu, rechazó en entrevista con Animal Político la acusación de Zebadúa, y dijo que los 190 comuneros que recibieron el dinero sí tenían documentación de las tierras.
El exfuncionario federal explicó que, una vez alcanzado un acuerdo en mayo de 2017 entre la Subsecretaría de Gobernación y los colonos inconformes, personal de la Sedatu llevó a cabo la revisión de al menos 600 expedientes de personas que reclamaban derechos sobre la propiedad de ‘Los Tlateles’.
De esos 600, González Tiburcio expuso que solo 4 personas acreditaron el título de propiedad de las parcelas, y que otros 186 aportaron “documentación técnica” con la que sustentaron que, si bien no eran los propietarios, eran posesionarios de los terrenos, algunos incluso desde 1932.
A estas 190 personas que pudieron acreditar legalmente la propiedad o posesión de los terrenos fueron a los que se les pagó los 400 millones de pesos, subrayó Tiburcio González. Al resto, no.
En cuanto a quién decidió los montos a pagar a cada colono por sus tierras, González Tiburcio dijo que fue decisión de la Subsecretaría de Gobernación, que en junio de 2018, cuando se entregaron los cheques, ya estaba dirigida por Manuel Cadena en sustitución de René Juárez, quien fue mencionado por Emilio Zebadúa en su declaración ministerial sobre este caso.
En respuesta al señalamiento del exoficial mayor de la Sedatu, René Juárez aseguró también en entrevista que durante su cargo en Segob no ordenó pago alguno por estas tierras, y que su papel como subsecretario se limitó a ser un “mediador” en el conflicto entre el Gobierno Federal y los colonos que reclamaban el pago por los derechos de las parcelas.
En este contexto, el exfuncionario federal dijo que la Subsecretaría a su cargo era “el punto de reunión” para dialogar con los inconformes, con los que tras largas negociaciones se llegó finalmente a un acuerdo para que renunciasen a las tierras, el cual quedó plasmado en una minuta el 17 de mayo de 2017.
A partir de ese acuerdo, apuntó Juárez Cisneros, la dependencia encargada de verificar que cada colono fuera propietario o posesionario de las tierras era la Sedatu, que era la instancia ejecutora del dinero por medio de su Oficialía Mayor, a cargo del hoy denunciante Emilio Zebadúa.
“A partir de que el conflicto social queda resuelto terminó mi trabajo. Es decir, yo no ordené pagar ni un solo metro cuadrado de nada. Nunca giré instrucción alguna por escrito, ni oficio alguno, para que se pagara nada a nadie. Y no me correspondía a mí verificar los expedientes que presentaron los supuestos posesionarios de esas tierras”, recalcó René Juárez.
Además, el legislador priista hizo hincapié en que su cargo como subsecretario terminó el 9 de enero de 2018, medio año antes de que en junio de ese mismo año se entregaran en Segob los cheques a los comuneros.
