Frida C.
- El caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos exhibe al Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país y el Estado de México.
- Al General, sí se le respeto la presunción de inocencia, el acto de no molestia, se le informó que se había iniciado una carpeta de investigación que podía irse a su casa y que debería de presentarse a comparece las veces que fuera requerido por el Ministerio Público de la Federación.
- A los más de 13 mil Internos o Falsos Culpables del Edomex, sin justificación alguna los detuvieron arbitrariamente, no fueron puestos a disposición de inmediato ante el Agente del Ministerio Público, no se reporto de manera inmediata su detención administrativa al Sistema Estatal de Información en el Estado de México.
Por Héctor Peñaloza.
Toluca, México a 23 de Noviembre de 2020.- Integrantes de la organización denominada “Presunción de Inocentes y Derechos Humanos”, denuncian que hay 13 mil Falsos Culpables” en distintas cárceles del Estado de México, los cuales exhiben la profunda crisis en la que está inmerso el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
José Humbertus Pérez Espinoza, activista de Derechos Humanos quien fuera Preso de Conciencia en el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, convoca a los diputados mexiquenses, principalmente a los de Morena quienes tienen la mayoría legislativa, aprobar la Ley de Amnistía en el Estado de México.
En conferencia de prensa, advierten que la capacitación y certificación de los operadores de la justicia, es el “tendón de Aquiles” de la corrupción de no haberse instalado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que ahora hay Falsos Culpables que son procesados y sentenciados por delitos graves que no cometieron.
Agregan, con los más de 13 mil internos o Falsos Culpables, sin justificación alguna los detuvieron arbitrariamente, no fueron puestos a disposición de inmediato ante el Agente del Ministerio Público, no se reporto de manera inmediata su detención administrativa al Sistema Estatal de Información en el Estado de México y este a su vez informar al Centro Nacional de Información a través del Informe Policial Homologado.
Comparado con el caso del ex Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos, sí se le respeto la presunción de inocencia, el acto de no molestia, se le informó que se había iniciado una carpeta de investigación que podía irse a su casa y que debería de presentarse a comparece las veces que fuera requerido por el Ministerio Público de la Federación.
Para los integrantes de “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos”, Cienfuegos Zepeda, sí existen los datos de prueba suficientes y pertinentes, para sospechar que cometió los delitos graves que lo acuso la Fiscalía de los Estados Unidos.
El caso del General Salvador Cienfuegos exhibe al Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país y el Estado de México.
Los Desvíos de los Recursos del Instituto
Mexiquense de Seguridad y Justicia
Relatan: Durante la Conferencia Mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer, que los últimos días de finalizar el sexenio de Felipe Calderón, se le otorgaron a Genaro García Luna (exSecretario de Seguridad Nacional y hoy preso en una cárcel de Estado Unidos), la cantidad de 19 millones de dólares para pagar una capacitación a “tres Funcionarios” y que el curso duró solo 90 minutos, es decir una hora y media.
Este hecho es de mucha transcendencia, porque la capacitación y certificación es el tendón de Aquiles de la corrupción de no haberse instalado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
El hecho de simular y recibir recursos para la capacitación y certificación Constitucional, para desviarlos a otras actividades, como las campañas electorales, fue una constante en el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos quiere dar a conocer una prueba más del modus operandi, de registrar a personas para ser capacitadas y obtener miles de millones de pesos (como lo hizo Genaro García Luna con 19 millones de dólares), de recursos federales que debieron de haberse utilizado en la regulación de la selección de ingreso, formación, permanencia, evaluación y reconocimiento a través del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia.
El hecho de registrar a personas para no ser capacitadas, se acredita cuando el pasado 1 de octubre de 2013, se celebro el convenio de colaboración entre la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro (ARSCP), representado por la Maestra Mónica Argelia Mendoza Salgado, y por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo de la Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas, representado por su Director Jonathan Eleuterio Michoa, un hombre muy cercano al ex Rector de la UAEM, Jorge Olvera García y al ex Gobernador Eruviel Ávila Villegas.
El citado convenio toma como fundamento el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo el Organismo que señala esta norma para encargarse de aplicar los programas rectores de profesionalización para darle funcionamiento al Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacando que este Instituto se constituyó para darle formalidad y funcionalidad al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Pericial y Policial, el Organismo encargado para realizar estas funciones, era desde el 18 de octubre del 2011 el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ).
El ex Gobernador Eruviel Ávila Villegas de manera dolosa y perversa utilizó al Instituto Profesional de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, cuyo objeto y funciones es establecer el Servicio de Carrera Profesional de los Funcionarios Públicos del Poder Ejecutivo, en nada tenía porque haberse firmado este convenio para inmiscuirse en la formación, permanencia, evaluación reconocimiento, profesionalización y capacitación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública (ministerios públicos, perito y policías), este grave acto de corrupción de no obtener la profesionalización y certificación constitucional, llevó a que se fabricaran más de 13 mil carpetas de investigación de Falsos Culpables, por delitos graves como el homicidio, delincuencia organizada, secuestro, violación, trata de personas, extorsión feminicidio y diversos robos con las modificativas de haberse utilizado supuestamente la violencia.
Es importante resaltar que no se justificaba la firma del citado convenio del 1 de octubre de 2013, toda vez que el Poder Legislativo del Estado de México, le había otorgado de presupuesto para ese año del Ejercicio Fiscal la cantidad de 170 millones 49 mil 209 pesos, la forma de suplir las funciones del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ), por la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro (ARSPC), no fue una situación aislada toda vez que su titular Mónica Argelia Mendoza Salgado, fue nombrada como titular de este Organismo, por la Comisionada General de la Policía Federal la Maestra Maribel Cervantes Guerrero, hasta hace unas semanas Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de México.
Es imposible creer que la Maestra Maribel Cervantes Guerrero como Comisionada General de la Policía Federal dependiente u adscrita a la Secretaria de Seguridad Pública, cuyo titular era García Luna, no tuviera conocimiento que el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, responsabilizaba a que cada Entidad Federativa formara su propia Academia por el Instituto para la Formación de los Operadores de Justicia y en la formación de las Carrera Ministerial, Pericial y Policial del Sistema de Seguridad Pública en las Entidades Federativas.
Las Academias Regionales de Seguridad Pública pertenecen a la Policía Federal, por lo que no tenía ninguna facultad de haber firmado el citado convenio del 1 de octubre de 2013, que se firmo entre el ARSPC y el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México, estas simulaciones de utilizar a la ARSCP, fue señalada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la Auditoria del Gobierno del Estado de México por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en donde en el capítulo de Capacitación se señala que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo dio por validos estos procesos de capacitación y formación, porque la ARSPC no es un Organismo facultado para la formación de operadores de justicia.
Estas reflexiones junto con las nuevas pruebas documentales, que mediante la transparencia nos han otorgado el Centro de Control de Confianza del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Universidad Mexiquense de Seguridad Pública, solo confirman lo que señalé , (dice, José Humbertus Pérez Espinoza) en la exposición de motivos de la Iniciativa Ciudadana de la Ley de Amnistía del Estado de México, que es la única que incluye a los Falsos Culpables por la falta de Instalación y Consolidación del Sistema Justicia Penal Acusatorio. Por la falta de certificación Constitucional y por la ausencia total de operadores de justicia de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.
Y que estas pruebas deberán llevar a reflexionar a las Comisiones Dictaminadoras, es decir a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia que preside el Diputado Sergio García Sosa, y a la Comisión de Derechos Humanos que preside el Diputado Julio Alonso Hernández Ramírez, a tomar muy en cuenta la profunda crisis en la que está inmerso el Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de México.
Exigen aprobar, la Ley de Amnistía para revisar el caso de los más de 13 mil Falsos Culpables que están en las Cárceles del Estado de México, exigen el mismo trato que el Estado Mexicano le dio al General Salvador Cienfuegos.
