El Poder Judicial del Edomex Actuó en Tiempo Para la Protección de la Salud del Personal y Usuarios

Toluca, México a 23 de Junio de 2020.-El Poder Judicial del Estado de México ha cumplido las disposiciones federales y estatales, derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19, adoptando medidas para la protección de la salud del personal y usuarios. Y para no detener la impartición de justicia, estableció guardias presenciales en asuntos que no admiten demora y amplió servicios de todas las materias en el Tribunal Electrónico.

Así lo afirmó Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, quien aceptó y respondió a la Recomendación General 1/2020, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, refrendando el compromiso de coadyuvar en la defensa de los Derechos Humanos de los mexiquenses.

Dicha recomendación versa sobre la atención a la pandemia por coronavirus (COVID-19) con perspectiva de Derechos Humanos, por lo que el PJEdomex informó de las decisiones tomadas desde el 17 de marzo, a través de acuerdos del Consejo de la Judicatura que han sido publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, al tratarse de un tema de orden público e interés general: la justicia.

Sodi Cuellar indicó que resguardando el Derecho a la Protección de la Salud, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de la entidad, se han otorgado 634 beneficios preliberacionales a Personas Privadas de su Libertad.

Asimismo, para garantizar la salud de servidores y usuarios y prevenir posibles contagios, en una primera fase se determinó la suspensión de términos y de labores presenciales en órganos jurisdiccionales y unidades administrativas.

Se continuó trabajando en los Juzgados de Control, de Control Especializados en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea. Además, se han favorecido los medios de trabajo a distancia, mediante el uso de la plataforma informática institucional.

Cumpliendo las medidas sanitarias preventivas, se implementaron guardias para casos urgentes o que no admiten demora en materia Penal de primera instancia, sentencias del Sistema Tradicional Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Procesal Acusatorio.

En Juzgados, Salas y Oficialía de Partes Común, en áreas administrativas, especialmente para casos en materia penal y familiar, tales como violencia de género, violencia familiar, pensiones alimenticias, entre otros, que afectan de manera particular a las personas en situación de vulnerabilidad.

Para responder a la extensión del tiempo de confinamiento sin afectar la impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura apoyado del Tribunal Electrónico reactivó gradualmente la función jurisdiccional, ampliando las actividades y los servicios que se atienden de manera remota, en materias como penal tradicional y del sistema penal acusatorio.

También en ejecución de sentencias, familiar, civil, mercantil, Juzgados de Usucapión, Centros de Convivencia Familiar, Peritos, Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa.

En materia familiar se tramitan asuntos como procedimientos de divorcio por mutuo consentimiento, de identidad de persona, dependencia económica, acreditación de concubinato, ratificación de convenios y/o contratos, juicios sucesorios de tramitación especial, rectificación de acta de nacimiento, declaración de presunción de muerte y declaración de estado de interdicción.

En los Cecofam se lleva a cabo la convivencia electrónica como una nueva modalidad para preservar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de ambos padres.

Sodi Cuellar, acotó que el 13 de marzo se creó el Comité para la Prevención de Riesgos Sanitarios, se inició una campaña de prevención en edificios, se abrió un micro sitio informativo sobre COVID19, se implementó un protocolo para prevenir los contagios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas; y para actuar ante los contagios.

Estas y otras acciones mantienen en operación los servicios de administración de justicia, observando medidas de protección a los derechos humanos de justiciables y servidores públicos.

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