Frida C.
- El Gobierno de México inhabilitó para ejercer cargos públicos durante diez años a Luis Videgaray por falsear sus declaraciones patrimoniales, algo que el exfuncionario negó.
Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó esta tarde que las cuentas “ocultas” de Luis Videgaray Caso, quien fuera titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sí tenían saldo durante el periodo en que el exfuncionario tenía la obligación de informar.
“Las cuentas que ocultó en su declaración sí son cuentas bancarias. Sí contaban con saldos durante el periodo que tuvo la obligación de informar. La omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, que vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada durante los años señalados”, dijo la autoridad en un comunicado.
“Para la inhabilitación por 10 años se aplicó la LFRASP en un procedimiento sancionador administrativo culminado; no se trata de una mera acusación. Damos la bienvenida a la impugnación anunciada, donde defenderemos la legalidad y pulcritud de nuestra sanción”, añadió.
Antes, Videgaray Caso anunció que impugnará la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) “por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del Gobierno federal”.
“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales”, informó en un comunicado.
El Gobierno de México inhabilitó para ejercer cargos públicos durante diez años a Luis Videgaray por falsear sus declaraciones patrimoniales, algo que el exfuncionario negó.
“El pasado mes de mayo la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis ‘V’, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos”, dio a conocer previamente la dependencia en un comunicado.
Esta infracción tuvo lugar entre 2015 y 2017, cuando Videgaray “se desempeñó en las más altas funciones del Gobierno federal”, como Secretario de Relaciones Exteriores (2017-2018) y de Hacienda y Crédito Público (2012-2016).
La Secretaría de la Función Pública, encargada de combatir la corrupción en la Administración, dijo que Videgaray fue notificado de la sanción el pasado 11 de mayo, pero no se había informado al respecto debido a las elecciones intermedias del pasado domingo.
En un comunicado firmado en Cambridge (Massachusetts, Estados Unidos), donde reside e imparte clases, Videgaray negó la acusación y explicó que fue sancionado por tarjetas de crédito sin saldo deudor que reportó en el apartado de aclaraciones en lugar del de pasivos.
“Las declaraciones son veraces, pues no se ocultaron pasivos y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial”, expresó.
Además, el excanciller dijo que apoya “la lucha contra la corrupción que apoya el Presidente López Obrador” y, por ello, impugnará la resolución.
La Función Pública comenzó a investigar el patrimonio de Videgaray en junio de 2019 luego de conocerse “su posible participación” en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de la petrolera estatal Pemex, la cual “ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado”.
“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la Ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público”, detalló.
Emilio Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que Peña Nieto y Videgaray, mano derecha del expresidente, le ordenaron usar sobornos de la brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2012 y posteriormente para comprar voluntades en el Congreso a favor del Gobierno.
