
El diputado Octavio Martínez (morena) propuso adecuar las funciones y responsabilidades del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial a la nueva estructura del Poder Judicial estatal dispuesta en la Constitución local.
Mediante reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial también planteó precisar los procedimientos relacionados con licencias, vacantes, sustituciones y organización administrativa, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control institucional.
- Buscan fortalecer controles y combatir la corrupción
- La iniciativa del diputado de Morena, Octavio Martínez plantea redefinir atribuciones, mejorar los mecanismos disciplinarios y eliminar contradicciones legales para dar mayor certeza al funcionamiento de la justicia mexiquense
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 19 de Noviembre de 2026.- La reorganización del sistema judicial en el Estado de México enfrenta un nuevo desafío, como el garantizar que su estructura institucional funcione bajo disposiciones congruentes, sin facultades duplicadas ni vacíos legales que puedan poner en riesgo la validez de sus resoluciones.
Con ese objetivo, el diputado de Morena Octavio Martínez Vargas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la cual busca actualizar diversas disposiciones que, de acuerdo con el diagnóstico legislativo, no corresponden plenamente con el diseño establecido en la Constitución estatal.
“Tras más de un año de publicada la nueva legislación, persisten problemas como facultades duplicadas entre autoridades, procedimientos insuficientemente regulados y normas heredadas de la estructura judicial anterior. Estas deficiencias podrían provocar conflictos de competencia e incluso impugnaciones contra decisiones relacionadas con licencias, sustituciones y otros asuntos internos”, advirtió.
Martínez Vargas indicó que uno de los puntos prioritarios consiste en corregir el tratamiento administrativo de las conductas de corrupción, toda vez que la iniciativa señala que la ley vigente contempla esta expresión entre las faltas no graves, aunque prácticas como el cohecho, peculado y desvío de recursos están catalogadas como graves en la legislación correspondiente.
“La reforma busca homologar ambos ordenamientos para impedir que una clasificación incorrecta obstaculice los procesos disciplinarios”, enfatizó.
La propuesta, dijo, también responde al deterioro de la confianza pública, toda vez que, detalló que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 indica que 65.8 por ciento de los adultos que identifican a jueces y juezas los considera corruptos; por otra parte, la confianza en jueces y magistrados bajó de 39.4 por ciento en 2023 a 34.8 por ciento en 2025, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
Para atender estas deficiencias, el morenista plantea precisar las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como el proponer que la Contraloría Interna atienda las faltas no graves del personal administrativo, mientras que las conductas graves sean resueltas por las instancias competentes del Tribunal de Disciplina.
“El proyecto incorpora medidas para proteger la independencia disciplinaria, separar las funciones de investigación y resolución y establecer reglas claras para las impugnaciones”, indicó.
Otro cambio contempla evaluar durante su primer año de funciones a las personas juzgadoras elegidas mediante voto popular, utilizando indicadores mínimos de desempeño, a la par, dijo, se busca regular con mayor precisión las licencias, renuncias, vacantes y sustituciones para evitar vacíos de autoridad.
En materia administrativa, se propone concentrar facultades en el órgano correspondiente y crear un sistema estadístico único que elimine reportes duplicados. Los ajustes incluyen presupuesto, carrera judicial, jurisprudencia y control interno.
Octavio Martínez sostiene que los cambios no alteran el modelo constitucional ni requieren presupuesto adicional, pues se aplicarían con los recursos disponibles.
“La iniciativa pretende que la renovación judicial también se refleje en instituciones mejor organizadas, con controles eficaces y responsabilidades claras, para ofrecer a la población mayor certeza sobre la legalidad de las decisiones que afectan sus derechos”, puntualizó.
Asimismo, busca delimitar las competencias de investigación, substanciación y resolución entre la Contraloría Interna y el Tribunal de Disciplina Judicial; establecer los criterios e indicadores mínimos para evaluar a las personas juzgadoras electas durante su primer año de ejercicio y homologar la calificación de excusas, recusaciones e impedimentos.
Argumenta que las “inconsistencias” que identifica tienen un origen común: la transición de un modelo en el que el Consejo de la Judicatura concentraba la administración, la vigilancia y la disciplina a otro en el que esas funciones se reparten entre tres órganos con naturaleza y garantías constitucionales propias (Tribunal Superior de Justicia, Órgano de Administración Judicial y Tribunal de Disciplina Judicial).
En tribuna, el parlamentario explicó que en la ley vigente se advierte un conjunto de duplicidades y ausencias que afectan la actividad jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial, además de imprecisiones provenientes de la reforma federal que no fueron adecuadas al marco jurídico del Estado de México, por lo que la finalidad de su iniciativa es evitar la ambigüedad legal sobre las atribuciones de sus órganos.




