Denisse
- Edomex frena la impunidad contra agresiones químicas.
- A partir de este 10 de noviembre de 2026, el marco legal mexiquense clasifica de manera autónoma los ataques con ácido o sustancias corrosivas, imponiendo prisión severa y garantizando cirugías reconstructivas gratuitas para las sobrevivientes
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 10 de Noviembre de 2026.- En un paso histórico hacia la erradicación de una de las expresiones más cruentas de la violencia machista, el Estado de México oficializó la entrada en vigor de las reformas legislativas que tipifican y castigan la violencia ácida o química en la entidad. La medida, publicada formalmente en la Gaceta del Gobierno, modifica tanto el Código Penal estatal como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para poner fin a vacíos legales que históricamente relegaban estos ataques a simples lesiones menores.
Hasta esta reforma, las agresiones ejecutadas con líquidos corrosivos, reactivos, ácidos o sustancias inflamables solían ser procesadas bajo figuras penales genéricas que no dimensionaban el impacto destructivo, social y psicológico sobre las víctimas, por ende, con la armonización de la denominada “Ley Malena”, impulsada por sobrevivientes y colectivos feministas tras el emblemático caso de la saxofonista María Elena Ríos, la entidad mexiquense reconoce de forma autónoma estos actos como un delito grave que atenta contra la dignidad, la integridad y la vida de las mujeres.
El nuevo articulado legal fija un castigo base de 5 a 15 años de prisión para quien ataque o intente dañar a una persona utilizando sustancias químicas, no obstante, las penas aumentan de manera exponencial cuando se acreditan agravantes tipificadas en la ley.
Cabe destacar que las condenas pueden escalar hasta los 36 años de cárcel, y aplica cuando la agresión cause desfiguración cara o corporal permanente, pérdida de la vista, audición u otros órganos y sentidos; además, se endurece la pena si existía una relación sentimental, matrimonial, de concubinato, laboral o de confianza entre la víctima y el victimario.
Más allá del ámbito punitivo, el decreto impone al Estado mexiquense la obligación ineludible de garantizar un acompañamiento médico y de salud mental a largo plazo, motivo por el cual, a partir de la vigencia de este decreto, las sobrevivientes tendrán acceso cubierto e integral a: cirugías reconstructivas y plásticas gratuitas en la red de salud pública; tratamientos especializados y dermatológicos continuos; rehabilitación psicológica y psiquiátrica profunda; y resarcimiento económico obligatorio, donde los agresores deberán saldar indemnizaciones económicas fijadas para restablecer, en la medida de lo posible, la autonomía y calidad de vida de las afectadas.
Con este marco jurídico, los Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) quedan obligados a aplicar protocolos especializados con perspectiva de género desde el primer momento de la denuncia, evitando la revictimización y asegurando investigaciones con rigor técnico.
