Denisse- Los contratos de las empresas vinculadas con Hernández Casillas comenzaron antes de que Guadalupe Taddei llegara a la presidencia del INE.
- De las controversias en el Estado de México a la actual crisis del INE, cambiaron las autoridades, pero ellos siguieron haciendo negocios con las elecciones.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– Fue al menos un cuarto de siglo de señalamientos por irregularidades en órganos electorales. Sin embargo, los escándalos no frenaron sus negocios. Son, de hecho, los mismos empresarios que hoy aparecen en el caso Taddei: José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco. Sus nombres están ligados a una historia de contratos millonarios, dudas sobre la capacidad de sus empresas y vínculos con funcionarios que sobrevivió a renuncias y relevos. De las controversias en el Estado de México a la actual crisis del INE, cambiaron las autoridades, pero ellos siguieron haciendo negocios con las elecciones.
En 1999, José Alfredo Hernández Casillas representaba a Cartonera Plástica, beneficiaria de una adjudicación irregular para suministrar materiales al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). El caso involucró al entonces secretario general, Bernardo García Cisneros, y a la consejera Nelly Gómez Haaz, y provocó las renuncias del presidente del organismo, José María Sáinz Gómez, y del contralor Héctor Lara. La salida de funcionarios no terminó con las contrataciones de la compañía.
En marzo de 2005, Cartonera Plástica volvió a recibir una adjudicación directa del IEEM: 63 millones de pesos para elaborar materiales de la elección de Gobernador, con un presunto sobreprecio de 43 millones. El recuento también refiere señalamientos sobre la negociación de 25 millones de pesos en sobornos entre consejeros. Aquella crisis desembocó en la renuncia y sustitución del Consejo General del instituto mexiquense.
La relación comercial con Guadalupe Taddei también precedió a su llegada al INE. La prensa ha reportado que en 2021, cuando ella presidía el organismo electoral de Sonora, firmó con José Alfredo Hernández Casillas una contratación de alrededor de 46 millones de pesos para Cajas Graf. En ese momento, su hermano Raymundo encabezaba el Consejo de Administración de la empresa.
Dos años después, el 25 de noviembre de 2023, una investigación de Nancy Flores en Contralínea identificó a los hermanos Hernández Casillas como propietarios de Cajas Graf y Corporativo Zeg. Según su revisión de contrataciones, entre 2018 y 2023 la primera recibió 22 contratos por más de 586 millones de pesos y la segunda, seis por más de 71 millones: en conjunto, 28 adjudicaciones por más de 657 millones.
La revista cuestionó la capacidad de esas compañías para producir los insumos que vendían. Conforme a un análisis consultado por la publicación, Cajas Graf no tenía trabajadores registrados ante el IMSS y Corporativo Zeg sólo tenía uno, pese a haber reportado 22. El reportaje describió una cadena de subcontrataciones que podía comprometer la calidad, seguridad y entrega de los materiales electorales. Entre los contratos reseñados de Cajas Graf figuraban uno por 141.7 millones de pesos en Veracruz, en 2018, y otro por 68.9 millones en Hidalgo, en 2021.
Para entonces también había comenzado una investigación financiera.
Reforma reportó en octubre de 2026 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició sus indagatorias en octubre de 2023. Según el documento oficial citado por el medio, Cajas Graf realizó transferencias por 400 millones de pesos entre 2012 y 2023, de las cuales alrededor de 130 millones fueron dirigidos a empresas relacionadas con una presunta red de operaciones simuladas.
El mismo reporte señaló que la UIF detectó compañías con ingresos millonarios, pérdidas fiscales recurrentes, estructuras laborales reducidas y movimientos que no correspondían con su capacidad operativa declarada. Las pesquisas derivaron en bloqueos de cuentas desde noviembre de 2023 y en un segundo acuerdo de enero de 2024.
Pero las contrataciones continuaron.
En 2025, Cajas Graf y TOL Producciones recibieron una adjudicación directa por aproximadamente 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial, según reportó Reforma.
En septiembre de ese año apareció otra alerta dentro del INE. La Jornada informó que Jesús Octavio García González había sido designado encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, mientras se conocían antecedentes sobre su participación como gestor de proveedores electorales. La nota identificó su nombre como representante de Cajas Graf en una licitación de Jalisco de 2021 y como representante legal de Corporativo Zeg en otra de Campeche para las elecciones de 2024.
Hernández Casillas viene de 1999 en el Estado de México”, sostuvo. También recordó la crisis de 2005 y pidió investigar cómo se formaron las empresas, quiénes promovieron sus contrataciones y desde cuándo reciben recursos de los organismos electorales, sin restringir las revisiones al periodo de Taddei.
La mandataria solicitó auditorías profundas, resultados públicos y el deslinde de responsabilidades, con denuncias penales si se encuentran elementos. Además, planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para producir la papelería electoral y reducir la concentración de contratos entre unos cuantos proveedores. “Acabamos con los mapaches electorales. Ahora vamos a acabar con los coyotes electorales”, expresó.
La Auditoría Superior de la Federación anunció el 23 de octubre una investigación de oficio ante indicios de irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos en el INE. Las pesquisas deberán establecer las responsabilidades de empresarios y servidores públicos. Taddei, por su parte, ha rechazado haber favorecido a proveedores y defendió la legalidad de los procedimientos de su administración.
Los hermanos en la representación de las compañías proveedoras y distinguir qué responsabilidades correspondían a cada uno dentro de su estructura empresarial.
Los reportes también recogieron señalamientos sobre una relación comercial entre Hernández Casillas y Litoformas. De acuerdo con un testimonio citado en esas publicaciones, esta última empresa intervenía en trabajos de maquila y facturación después de que se conseguían contratos electorales. La versión apunta a una posible división de tareas entre compañías dentro de la cadena de producción y suministro de materiales, aunque los datos disponibles no bastan para establecer el alcance de esa relación ni para concluir que se utilizaran mecanismos ilegales.
Otro elemento aparece en los registros de proveedores del Instituto Electoral de Guerrero. Un padrón actualizado en agosto de 2023 consignó a Grupo Calidata Thomas Greg y Label Solution entre los socios registrados para una empresa. Este dato ofrece otra vía para rastrear las relaciones comerciales de las compañías que participan en el suministro de materiales electorales y revisar cómo se integraban sus redes de proveedores.
La información sobre estas empresas se suma a los cuestionamientos por las adjudicaciones y la capacidad operativa de algunos de los proveedores identificados en las investigaciones periodísticas. Sin embargo, para determinar si hubo simulación de competencia, facturación irregular o incumplimientos contractuales, las autoridades deberán examinar las operaciones concretas y establecer qué participación tuvo cada compañía.
El punto central será esclarecer si las empresas competían de manera efectiva por los contratos o si existían acuerdos y relaciones que debieron declararse durante los procedimientos de contratación. También será necesario determinar si algún funcionario intervino para favorecer a determinados proveedores. Esas conclusiones dependerán de la documentación y de los resultados de las investigaciones, no únicamente de la coincidencia de nombres o de la existencia de relaciones comerciales.
