Denisse- A días de las elecciones en EU, se han prendido las alertas sobre la injerencia de Trump. Exfuncionarios y medios han documentado acciones en ese sentido.
Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).– “Muchos estadounidenses siguen subestimando una amenaza potencial para nuestro futuro económico: el deseo claramente expresado por el Presidente Trump de interferir e incluso usurpar las elecciones de mitad de mandato. El 3 de noviembre podría ser una prueba decisiva para el estado de derecho en este país, y tanto nuestra democracia como nuestra prosperidad están en juego”.
Con esta advertencia, Robert E. Rubin, quien fue Secretario del Tesoro de Estados Unidos durante la Presidencia de Bill Clinton, alertó en The New York Times sobre las consecuencias que podría tener una intervención de Donald Trump en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. El exfuncionario planteó que los riesgos no se limitan a una controversia política, sino que podrían afectar la estabilidad económica, el funcionamiento de las instituciones y la confianza de los inversionistas en Estados Unidos.
“Si la administración Trump emprende un esfuerzo por manipular el resultado de las elecciones de mitad de mandato, el impacto económico podría sentirse de inmediato y podría perdurar mucho después de que finalice la presidencia de Trump”, escribe Rubin, quien lamenta: “En más de seis décadas dedicadas a la formulación de políticas económicas, jamás imaginé tener que escribir un artículo como este. Si actuamos ahora, aún podemos proteger a nuestro gobierno, a nuestra gente y a nuestra economía, y podemos preservar los beneficios que nos corresponden a todos, independientemente de por quién votemos, cuando las elecciones estadounidenses son justas y libres”.
María Elvira Salazar, cercana de los mexicanos Alejandro Moreno Cárdenas y Ricardo Salinas Pliego, enfrenta el creciente rechazo de su distrito hacia Trump.
Trump ha cuestionado reiteradamente la integridad del sistema electoral y denunciado, sin presentar pruebas, un supuesto fraude de cara a las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Foto: Casa Blanca
Las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre definirán el control del Congreso durante los últimos dos años de la Presidencia de Donald Trump. Se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, además de elegirse gobernadores en 36 estados. Actualmente, el Partido Republicano controla ambas cámaras, con mayorías estrechas, mientras que los demócratas necesitan ganar cuatro escaños adicionales en cada una para hacerse con su control.
Las encuestas nacionales muestran una ventaja demócrata. Según un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el 19 de octubre, el 47 por ciento de los votantes registrados respaldaba a los demócratas frente al 35 por ciento que prefería a los republicanos, una diferencia de 12 puntos. La encuesta de The New York Times/Siena, realizada entre el 12 y el 19 de octubre, situó la preferencia en 52 por ciento para los demócratas y 41 por ciento para los republicanos. Además, Reuters/Ipsos encontró que la aprobación de Trump cayó al 31 por ciento, el nivel más bajo registrado durante cualquiera de sus dos presidencias. Estas mediciones reflejan preferencias nacionales, no resultados de cada distrito o estado.
En medio de este escenario, Trump ha insistido en cuestionar la integridad del sistema electoral y en sostener acusaciones de fraude sin pruebas que demuestren irregularidades generalizadas. El 7 de octubre, durante un acto en la Casa Blanca, aseguró: “Vamos a vigilar las elecciones muy, muy de cerca”. Posteriormente, el 19 de octubre, durante un mitin en Kansas, volvió a afirmar, sin presentar pruebas, que los demócratas habían manipulado las elecciones presidenciales de 2020 y pidió a sus seguidores lograr una victoria el 3 de noviembre “demasiado grande para manipularla”.
Una investigación de The New Yorker, publicada el pasado 21 de octubre por Jonathan Blitzer, documentó la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en una campaña para identificar supuestos votantes extranjeros. A partir de documentos internos y testimonios de antiguos funcionarios federales, especialistas y trabajadores de organizaciones comunitarias, el reportaje establece que centenares de empleados han sido destinados a investigaciones electorales, mientras el Gobierno utiliza información migratoria y bases de datos comerciales para identificar a personas presuntamente inscritas de manera irregular.
“Hasta hace poco, el papel del DHS en las elecciones se limitaba a cuestiones técnicas como la vigilancia de ciberataques y la protección de infraestructuras críticas. Su protagonismo en este ciclo electoral no tiene precedentes. En vísperas de las elecciones de mitad de mandato, la administración Trump demandó a treinta estados, además del Distrito de Columbia, que se negaron a entregar los registros completos de votantes; el DHS quiere cotejarlos con sus propias bases de datos”, refiere el texto de The New Yorker.
Blitzer obtuvo también un informe interno de junio de 2026 sobre investigaciones dirigidas contra organizaciones sospechosas de promover el registro electoral de personas sin ciudadanía estadounidense. El documento identificaba actividades en Michigan, Minnesota y Ohio, así como una atención especial a Pensilvania y Nueva Jersey. En Pensilvania, el DHS había examinado 82 organizaciones no gubernamentales. Un antiguo funcionario de HSI describió a los encargados de esas operaciones como “fanáticos” y aseguró que rechazaban información contraria a sus hipótesis. Jason Houser, antiguo alto funcionario del ICE, cuestionó que agentes especializados en delitos graves fueran desviados hacia investigaciones electorales.
El reportaje recuperó además las declaraciones del Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien afirmó que las autoridades habían detectado más de 250 mil posibles extranjeros registrados para votar en California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania. Sin embargo, The New Yorker encontró diferencias entre esas cifras y los resultados de las revisiones estatales. En Nevada, por ejemplo, el DHS señaló inicialmente a alrededor de 16 mil personas, pero sólo entregó una lista de 185 nombres. Las autoridades electorales determinaron que todas eran ciudadanas estadounidenses. El DHS respondió que había identificado posteriormente otros casos, aunque no presentó documentación pública que permitiera comprobarlos.
En el mismo sentido, una investigación de Votebeat y Spotlight PA, basada en comunicaciones del DHS con Al Schmidt, Secretario de Estado de Pensilvania, reveló que el Gobierno federal había identificado a 14 mil 576 personas como posibles extranjeros inscritos en el padrón mediante cruces de nombres, fechas de nacimiento, direcciones y números telefónicos con registros migratorios. Schmidt sostuvo que las autoridades federales reconocieron durante una reunión que no tenían un alto grado de confianza en la precisión de los datos. El DHS rechazó esa caracterización y defendió sus procedimientos.
La periodista Madeleine May, de CBS News, documentó por separado que agentes federales armados y uniformados acudieron a domicilios de distintos estados para preguntar por la situación migratoria de sus habitantes y por su historial electoral. CBS revisó documentos internos sobre un operativo que contemplaba visitas en California, Georgia, Misuri, Pensilvania, Washington y Wisconsin. Eric Balliet, antiguo agente de HSI con 23 años de experiencia, declaró que durante su carrera no había participado ni tenido conocimiento de una operación comparable. Jessica Marsden, abogada de Protect Democracy, advirtió al mismo medio que estas visitas podían desalentar la participación de personas legalmente habilitadas para votar.
Otro episodio documentado por Axios involucró a Janelle Stelson, candidata demócrata a la Cámara de Representantes por Pensilvania. Charles Wall, subdirector del ICE, difundió un comunicado que vinculaba a la campaña de Stelson con un ciudadano nigeriano detenido después de un incidente policial. El hombre llevaba propaganda de la candidata, pero Axios comprobó que los registros de pagos de campaña y la base de datos de voluntarios no corroboraban que trabajara para ella. Stelson negó cualquier relación laboral y la Oficina del Consejero Especial abrió un expediente para examinar una denuncia sobre una posible infracción de la Ley Hatch, que limita la actividad política partidista de los empleados federales. La apertura del expediente no constituye una conclusión sobre la conducta investigada.
Richard Hasen, profesor de Derecho Electoral de la Universidad de California en Los Ángeles y director del Safeguarding Democracy Project, explicó al programa Fresh Air, de NPR, que el sistema federal SAVE, utilizado para verificar información migratoria, puede contener datos desactualizados y clasificar equivocadamente como extranjeros a ciudadanos que ya obtuvieron la nacionalidad estadounidense. “Esta base de datos no es tan fiable”, advirtió. El académico señaló que las coincidencias basadas en nombres y otros identificadores incompletos pueden producir errores, por lo que consideró especialmente problemáticas las solicitudes de depuración de padrones cuando la votación ya está en marcha.
Hasen también abordó la posibilidad de que agentes federales armados fueran enviados a centros electorales. El especialista recordó que distintas disposiciones legales restringen esa presencia y señaló que un despliegue contrario a ellas podría ser impugnado ante los tribunales. “Sería ilegal”, sostuvo. No obstante, precisó que consideraba improbable un operativo de alcance nacional y que una declaración presidencial de emergencia no otorgaría a Trump facultades para cancelar las elecciones, cuya organización corresponde constitucionalmente a los estados.
Documentan la intervención federal
La intervención de dependencias federales en procesos electorales también fue documentada por Reuters desde el pasado 27 de abril. La agencia identificó actuaciones del Gobierno federal en al menos ocho estados, mediante solicitudes de registros confidenciales, investigaciones sobre presunto fraude y acercamientos a funcionarios para obtener acceso a equipos de votación.
En Ohio, Antone White, director electoral del condado de Franklin, contó que recibió solicitudes de información de un agente del DHS que investigaba supuestas irregularidades. En Colorado, Steve Schleiker, funcionario electoral republicano del condado de El Paso, relató que recibió llamadas de personas que afirmaban actuar en nombre de la Casa Blanca y que una de ellas solicitó acceso a máquinas de votación. Schleiker aseguró que rechazó la petición porque contravenía las leyes estatales. Kris Warner, Secretario de Estado republicano de Virginia Occidental, expresó también su sorpresa a Reuters por tener que enfrentar demandas del Departamento de Justicia para proteger registros electorales bajo responsabilidad de su estado.
Tiffany Lee, funcionaria electoral del condado de La Plata, Colorado, contó que ciudadanos preocupados llamaban a su oficina para preguntar si necesitarían documentos adicionales para votar o si debían cancelar sus registros. Después de tres décadas trabajando en procesos electorales, declaró a Reuters: “Nunca había visto este nivel de miedo”.
Por su parte, Associated Press examinó los documentos desclasificados que Trump había presentado en un discurso a la nación como supuestas pruebas de graves irregularidades electorales. El mandatario afirmó que China había obtenido información de aproximadamente 220 millones de votantes estadounidenses y que los expedientes revelaban vulnerabilidades de los sistemas electorales. Sin embargo, AP no encontró pruebas de que China u otro actor extranjero hubiera modificado los resultados de las elecciones de 2020. El análisis identificó documentos ya conocidos, informes con amplias secciones censuradas y evaluaciones que no respaldaban las conclusiones anunciadas por la Casa Blanca.
David Becker, director ejecutivo del Center for Election Innovation & Research, quien asistió a una reunión informativa en la Casa Blanca previa al discurso, señaló a AP que los documentos no contenían revelaciones que pusieran en duda los resultados anteriores. La agencia también revisó un expediente relacionado con miles de solicitudes de registro electoral sospechosas en Michigan durante 2020, que habían sido rechazadas por las autoridades locales y cuya investigación concluyó sin encontrar una infracción penal.
A estos reportajes se sumó la investigación Exposing and Disrupting Federal Attempts to Interfere in the 2026 Midterm Elections, publicada por Democracy Forward el 9 de octubre. La organización jurídica estadounidense presentó resultados de más de 700 solicitudes de información dirigidas a dependencias federales y autoridades locales y estatales, mediante las cuales obtuvo más de 13 mil páginas de documentos. Según el informe, la administración Trump-Vance había reunido alrededor de 100 millones de registros, incluidos al menos 50 millones de registros electorales, para investigaciones federales.
Entre los documentos examinados por Democracy Forward figuraban registros según los cuales HSI obtuvo 48.4 millones de datos procedentes de fuentes independientes vinculadas con Heather Honey, funcionaria del DHS, así como otros 50.6 millones de registros electorales procedentes del Departamento de Justicia. La organización identificó gestiones para introducir información de padrones estatales en sistemas tecnológicos empleados por el ICE y advirtió sobre los riesgos de utilizar información desactualizada para identificar ciudadanos supuestamente inelegibles, especialmente cuando se trata de personas naturalizadas.
Democracy Forward consideró que estas operaciones representaban “un ataque sin precedentes contra los sistemas electorales”. La organización sostuvo que el empleo de agencias policiales, la recopilación de grandes cantidades de datos personales y la investigación de organizaciones civiles podían intimidar a los votantes y obstaculizar el ejercicio de sus derechos. Al mismo tiempo, reconoció que varias iniciativas federales habían sido frenadas por tribunales, funcionarios electorales y gobiernos estatales.
La investigación también abordó la posible presencia de agentes armados en lugares de votación. Democracy Forward recuperó una comunicación de febrero en la que un agente del FBI explicó a una autoridad electoral de Misuri que el artículo 592 del Título 18 del Código de Estados Unidos prohíbe, salvo excepciones legales específicas, la presencia de personal federal armado en centros electorales. El informe documentó además que el Departamento de Justicia planeaba desplegar mil observadores federales durante las elecciones de noviembre, frente a los 289 enviados en 2022, y que el nuevo esquema contemplaba la participación de fiscales penales. La organización advirtió que esa modificación podía generar intimidación, aun cuando los funcionarios estuvieran formalmente asignados a labores de observación.
