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- El director de RSF llamó a valorar al periodismo por “su función social o su rol social de garantizar el derecho a la información y brindar beneficios para el desarrollo de la sociedad y de todos los ciudadanos”.
Ciudad de México (apro).- Con 169 periodistas asesinados en los últimos 20 años, 18 de ellos en los primeros dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum, y niveles de impunidad casi absolutos, “lo que pasa en México es una de las más grandes tragedias del siglo XXI para el periodismo”, sostuvo Tibauth Bruttin, director general de Reporteros Sin Fronteras (RFS).
Al presentar el informe “México. Dos años de mandato de Claudia Sheinbaum: ¿Qué avances para la libertad de prensa”, Bruttin alertó que de los 22 compromisos que la presidenta hizo con RSF al inicio de su mandato “para proteger y valorar el periodismo”, sólo ha atendido 27% de ellos, sin que hayan tenido un efecto significativo.
Acompañado de Bia Barbosa, directora de Incidencia de RSF en América Latina y de Balbina Flores, representante de la organización en México, Thibaut Bruttin informó sobre las reuniones sostenidas en la víspera con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, a quienes se les expuso la urgencia de que los compromisos firmados al inicio del sexenio “se conviertan en acciones concretas”.
“Es hora de actuar, proteger a los periodistas, luchar contra la impunidad y garantizar la libertad de prensa”, instó el director general de RSF al insistir que “el gobierno mexicano tiene que cambiar ahora, pronto, es un tema de urgencia”.
Reconoció que a nivel mundial la prensa se desarrolla en “un contexto muy complicado, de voces hostiles contra la prensa, no solamente de gobiernos, pero de muchos gobiernos en muchos países”, destacando que “el entorno digital se transformó en un espacio para, muchas veces, el discurso de odio en contra de la prensa”, a lo que se suma “una banalización de la violencia”.
El director de RSF llamó a valorar al periodismo por “su función social o su rol social de garantizar el derecho a la información y brindar beneficios para el desarrollo de la sociedad y de todos los ciudadanos”.
En la reunión, los integrantes de la organización con sede en Francia, detallaron que en la reunión con la titular de Gobernación, “reconoció los retrasos en la implementación de los compromisos asumidos con RSF y reiteró la voluntad del gobierno de acelerar el cumplimiento”.
Tras señalar que en el encuentro estuvieron presentes la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y la directora del Mecanismo Federal de Protección par Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tobyanne Ledesma Rivera, se instruyó a las funcionarias a “identificar los obstáculos para el esclarecimiento” de los casos de periodistas asesinados, para “avanzar en la lucha contra la impunidad” y a fortalecer “las capacidades de las entidades federativas para responder a las amenazas”.
En cuanto el encuentro con Godoy, los representantes de RSF contaron que se comprometió a “reforzar la capacitación de los integrantes del Ministerio Público en materia de libertad de prensa, especialmente en las entidades federativas, e incluir este tema en la agenda de una próxima sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia prevista para 2027.que reúne a los titulares de las fiscalías de las 32 entidades federativas”.
De acuerdo al último informe de RSF sobre México, al que ubican en el lugar 122 de 180 países analizados, de los 169 asesinatos ocurridos en los últimos 20 años, sólo el 1% de los crímenes se han esclarecido; 166 periodistas cubrían información local; del total de asesinados 34 fueron torturados; en cuanto a sus actividades, 59% cubría temas relacionados con el crimen organizado y 46% con política; los estados con mayores registros de crímenes son Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas.
En los últimos 20 años, 43 periodistas fueron víctimas de desaparición, siete fueron víctimas de desaparición forzada, 13 fueron localizados sin vida, seis sin vida, y es 24 siguen sin ser localizados, resaltó Balbina Flores, tras alertar que ante la violencia, al menos 70 periodistas y sus familias se encuentran desplazados de sus lugares de origen.
Ante la dimensión de la crisis, en el informe realizado por RSF se insistió al gobierno mexicano la necesidad de materializar los compromisos que signó con ellos la presidenta Sheinbaum al inicio de su mandato.
“El análisis de RSF revela que los avances registrados durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbuam no han sido suficientes para transformar las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México, país que lleva 20 años registrando la serie m´s prolongada de asesinatos de periodistas en un país en paz”.
De acuerdo al detalle de los avances, “de los 22 compromisos evaluados, sólo uno registro una evolución positiva, cinco presentaron avances insuficientes, diez no mostraron avances sustanciales verificables, dos experimentaron retroceso institucional y cuatro no pudieron evaluarse por falta de información suficiente”.
Entre los temas de alerta el documento destacó que a dos años ”no se documentaron mejoras sustanciales en el Mecanismo Federal de Protección”; en cuanto a la defensa del derecho a la información, “persisten las declaraciones públicas denigrantes dirigidas contra los medios de comunicación y los profesionales críticos”, aunado a que el cierre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para pasar sus funciones al gobierno federal, “debilitaron las garantías de independencia en materia de acceso a la información pública”.
En cuanto al combate contra la impunidad, en su informe la organización destacó que entre 2010 y 2026 la FEADLE abrió mil 909 investigaciones, de las cuales sólo en 53 casos se concluyeron sentencias, de las cuales en 11 se refieren a asesinatos de periodistas.
El análisis resaltó que hasta a hora “no se ha impulsado ninguna reforma sustancial para eliminar, en el ámbito federal, las disposiciones penales problemáticas que pueden utilizarse para restringir la libertad de prensa y fomentar la autocensura de los periodistas”, siendo el único avance concreto, la derogación del delito de calumnia en el estado de Zacatecas, el pasado 16 de septiembre.
