Denisse
- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, presentó este miércoles el Portal de Transparencia Ciudadana del organismo para promover la rendición de cuentas e institucionalizar los mecanismos de control administrativo, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y personal de su oficina.
La presentación ocurrió tras una cobertura de Reforma que apunta la existencia de posibles actos de corrupción en la asignación de contratos y asuntos de conflicto de interés entre representantes legales y funcionarios cercanos a la funcionaria.
En su mensaje Taddei negó actos de corrupción y pidió mantener intacta la confianza en el INE, pero una vez terminado su discurso salió rápidamente del recinto, aunque reporteras de la prensa nacional insistían en preguntarle del tema.
La consejera presidenta rechazó la existencia de empresas favoritas en el organismo y anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación una revisión a los procesos de licitación.
En su mensaje, la funcionaria sostuvo que las contrataciones de material electoral responden a expedientes públicos y reglas de competencia, al tiempo que recordó que los proveedores señalados en la “conversación pública” prestan servicios a la autoridad electoral desde administraciones anteriores.
Taddei aclaró que las personas mencionadas en publicaciones recientes ya no forman parte del personal del instituto y subrayó que los datos declarados bajo protesta de decir verdad en sus expedientes patrimoniales fueron canalizados al Órgano Interno de Control para que determine si existió alguna omisión o falsedad.
Respecto a los señalamientos sobre su personal de transporte, la presidenta precisó que el exfuncionario aludido estuvo adscrito a la presidencia pero jamás se desempeñó como su chofer particular, agregando que la institución colaborará plenamente con las investigaciones administrativas que requieran las autoridades competentes.
Sobre la adjudicación directa de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025, la titular del organismo explicó que el procedimiento se realizó conforme a la ley tras declararse desierta la licitación previa y realizarse una investigación de mercado para garantizar los tiempos de producción.
Finalmente, la consejera hizo un llamado a los partidos políticos y grupos de poder para evitar el uso de notas periodísticas en intentos de desestabilizar a la institución, afirmando que el organismo se mantiene firme en la organización de los próximos procesos electorales.
Los señalamientos
El diario Reforma ha dedicado una cobertura al tema. Entre las irregularidades destacadas figura la designación de Jesús Octavio García González como director de Administración del instituto, a pesar de haber fungido como representante legal de Corporativo Zeg para obtener un contrato de casi 200 millones de pesos previo a su nombramiento.
García González renunció a su cargo en abril pasado tras ser denunciado por conflicto de interés ante el Órgano Interno de Control.
Asimismo, se señaló el caso de Jonathan Navarrete Torres, adscrito formalmente como chofer de la presidencia con un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos como jefe de departamento, quien simultáneamente posee un poder legal para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg. Empleados del organismo señalaron que Navarrete Torres no acude a las instalaciones del instituto ni conduce los vehículos oficiales.
También se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a una red de siete empresas proveedoras de material electoral, encabezada por Corporativo Zeg y Cajas Graf, por simulación de competencia, triangulación de recursos y uso de empresas factureras. Dicha indagatoria provocó el bloqueo de decenas de cuentas bancarias y abarca a funcionarios vinculados con las contrataciones.
Adicionalmente, se identificó que el traslado y la preparación de alimentos de la consejera presidenta están a cargo de Luis Alberto Bustamante Canizales, contratado bajo el puesto de líder de proyecto con una percepción cercana a los 70 mil pesos mensuales.
La cobertura de Reforma recuerda que durante meses anteriores, la funcionaria utilizó para sus desplazamientos una camioneta blindada de marca BMW que no pertenecía al parque vehicular del instituto y cuyo origen se justificó como un préstamo.
