La CNDH Halla Evidencia de Tortura y de que la Represión se Organizó en Casa Jalisco

JALISCO Represión 01
  •  La Comisión reportó lesiones, posibles actos de tortura e irregularidades en las detenciones y los procesos penales, sin presentar todavía una conclusión definitiva.

 

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció que Casa Jalisco, la residencia oficial del Gobernador Pablo Lemus, habría funcionado como el centro de operaciones del despliegue policial durante la protesta del 11 de octubre en Guadalajara, tras documentar indicios de tortura, irregularidades procesales y severas afectaciones físicas y psicológicas en los detenidos.

La CNDH informó que entrevistó a casi la totalidad de las personas detenidas y retenidas, realizó certificaciones médicas y recibió testimonios e imágenes de periodistas para reconstruir lo que pasó durante la movilización contra la mala calidad del agua.
A través de un comunicado, el organismo detalló que las denuncias acusan detenciones arbitrarias y la participación coordinada de policías estatales, municipales, bomberos y agentes vestidos de civil en los arrestos. Además, reveló probables omisiones en la atención de los heridos por parte del personal de la Cruz Roja, la Cruz Verde y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

«Los testimonios apuntan a que Casa Jalisco habría funcionado como un espacio de operación dentro del despliegue de seguridad implementado durante la jornada», reveló.

Con base en las evaluaciones médicas que acreditaron los daños que sufrieron los detenidos, la Comisión demandó la aplicación del Protocolo de Estambul, un mecanismo internacional para documentar la tortura y los tratos crueles o inhumanos, a fin de esclarecer los hechos a profundidad.

Uno de los casos que destacó es el de un estudiante de Derecho que con una fractura en las cervicales, quien requiere atención especializada urgente, pues su vida y la funcionalidad de su cuerpo están en riesgo.

 

CNDH advierte irregularidades en procesos penales

La CNDH también manifestó preocupación por los procedimientos penales contra cuatro personas detenidas, debido a las inconsistencias y contradicciones que, señaló, existen en las acusaciones, las irregularidades en su puesta a disposición y las dificultades para acceder a una defensa jurídica adecuada. «Además de que en ningún momento se ha tomado en cuenta las condiciones de su detención y la violencia extrema de la que fueron víctimas», añadió.

También indicó que muchas de las personas detenidas pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+ o son defensoras de derechos humanos, mientras que la mayoría desconoce el contenido y los motivos de las carpetas de investigación abiertas en su contra.

«Ante las irregularidades que observamos, y dado que no hemos recibido aún el expediente de la CEDHJ, nuestro personal presente en Guadalajara ha venido trabajando su propia investigación, abrió el expediente CNDH/5/2026/8529/Q y avanza en su documentación, con la seriedad, el apremio y rapidez que amerita el caso», expuso.

Por instrucciones de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, también integró un equipo multidisciplinario con personal especializado en agravios a periodistas y defensores de derechos humanos, prevención de la tortura, especialidades científicas y técnicas, y atención regional en Jalisco.

De cara a la segunda manifestación programada para este domingo en Guadalajara, la CNDH confirmó que continuará con las indagatorias y urgió a los gobiernos estatal y municipal a no recurrir al uso desmedido de la fuerza, así como a tutelar la libertad de expresión.

«[Se]  hace un respetuoso pero firme llamado a las autoridades del estado de Jalisco, y del municipio de Guadalajara, para que sean respetados y protegidos los derechos de expresión y manifestación durante el desarrollo de la misma y se eviten actuaciones de fuerza innecesaria, como las que se observaron durante la marcha del día 11», expresó.

“La represión, las detenciones arbitrarias, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, las acusaciones fabricadas y los procesos amañados para señalar culpables, no pueden volver a ocurrir en nuestro país”, sostuvo la Comisión.