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- Diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que las reducciones delictivas no se reflejan plenamente en la percepción ciudadana, y alertan sobre la persistencia de la inseguridad, la impunidad y la desconfianza ciudadana; Cristóbal Castañeda, reconoce déficit de 16 mil policías.
- Desde Movimiento Ciudadano, Maricela Beltrán Sánchez, advirtió que la inseguridad también afecta el desarrollo económico, particularmente en el sur mexiquense, donde las amenazas contra productores agrícolas, floricultores, ganaderos, transportistas y comerciantes pueden elevar costos, reducir inversiones y frenar el turismo.
- Por el PAN, Johana Alejandra Felipe Torres cuestionó los resultados frente a las desapariciones.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 15 de Octubre de 2026.- La estrategia de seguridad del Gobierno del Estado de México enfrentó cuestionamientos de las bancadas de oposición durante la comparecencia del secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, ante el Congreso local, donde legisladores advirtieron una brecha entre las cifras oficiales de reducción delictiva y la persistente percepción de inseguridad, la impunidad y el temor que experimentan las familias mexiquenses.
Durante el ejercicio de rendición de cuentas, representantes del PRD, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI coincidieron en que los resultados presentados por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez deben contrastarse con indicadores de victimización, confianza en las instituciones, desapariciones, extorsiones y robos, además de traducirse en condiciones efectivas de seguridad para la población.
Omar Ortega Álvarez, diputado del PRD, sostuvo que el informe gubernamental presenta una entidad que avanza, mientras que la ciudadanía enfrenta una realidad distinta, marcada por el miedo al utilizar el transporte público, la violencia contra las mujeres y la desconfianza hacia las corporaciones policiales.
El legislador citó datos que atribuyó al INEGI para señalar que la percepción de inseguridad alcanza 78.7 por ciento en Ecatepec y 80.3 por ciento en Chimalhuacán, mientras que la confianza en la policía estatal se ubica en 49.8 por ciento; y también cuestionó que una disminución en las denuncias pueda interpretarse como una reducción equivalente de los delitos, ante los niveles de cifra negra e impunidad.
Desde Movimiento Ciudadano, Maricela Beltrán Sánchez reconoció los esfuerzos de profesionalización, equipamiento e inteligencia, pero advirtió que la inseguridad también afecta el desarrollo económico, particularmente en el sur mexiquense, donde las amenazas contra productores agrícolas, floricultores, ganaderos, transportistas y comerciantes pueden elevar costos, reducir inversiones y frenar el turismo.
La diputada exigió conocer el estado real de la fuerza policial, los mecanismos para sancionar abusos y posibles vínculos criminales, así como las estrategias permanentes para proteger los corredores económicos.
Por el PAN, Johana Alejandra Felipe Torres cuestionó los resultados frente a las desapariciones, los delitos de género, los asaltos carreteros y la extorsión. Sostuvo que la inseguridad no puede evaluarse únicamente mediante estadísticas y pidió información sobre la efectividad de los operativos, la atención a víctimas y las acciones para combatir el robo al transporte de carga y pasajeros.
El priista Mariano Camacho San Martín también llamó a revisar la cifra negra y fortalecer la coordinación entre el Congreso y la Secretaría de Seguridad. Afirmó que la oposición mantendrá una postura crítica, pero dispuesta a construir acuerdos e impulsar iniciativas para mejorar las capacidades institucionales.
En respuesta a los cuestionamientos, Castañeda Camarillo reconoció uno de los principales desafíos de la entidad: el déficit de elementos policiales, y explicó que, conforme al parámetro de 1.8 policías por cada mil habitantes atribuido a la Organización de las Naciones Unidas, el Estado de México debería contar con aproximadamente 32 mil efectivos. Sin embargo, actualmente dispone de una fuerza operativa estatal de alrededor de 16 mil policías, lo que representa una brecha cercana a 16 mil elementos respecto de esa referencia.
El funcionario señaló que incrementar el estado de fuerza es una de las necesidades prioritarias, aunque aclaró que no basta con incorporar personal, sino que también es necesario fortalecer sus capacidades operativas, preparación y equipamiento.
Asimismo, indicó que durante el año anterior se sumaron poco más de mil efectivos y que la Secretaría de la Defensa Nacional apoyó el reclutamiento y la capacitación de 292 elementos, y para el periodo en curso, la administración busca continuar ampliando las corporaciones estatales y los cuerpos de custodia penitenciaria.
Cristóbal Castañeda reconoció que la falta de personal limita la cobertura territorial, especialmente en el sur de la entidad, donde consideró necesario establecer destacamentos con una mayor cantidad de efectivos para responder a la extensión geográfica y a la presencia de grupos delictivos.
También defendió la importancia de mejorar las condiciones laborales para hacer más atractiva la carrera policial. Informó que los salarios registraron un incremento superior a seis por ciento durante el año y destacó la entrega de becas para familiares de los agentes, reconocimientos por mérito y promociones.
En materia de depuración institucional, reportó que 125 elementos fueron separados de sus funciones por actuaciones indebidas y 168 recibieron sanciones; además, señaló que se han otorgado 44 promociones por méritos y 136 reconocimientos policiales.
El secretario agregó que cuatro integrantes de la corporación perdieron la vida durante el año en cumplimiento de su deber y aseguró que el gobierno brinda apoyo educativo a sus familias.
Al presentar los resultados de la estrategia estatal, el funcionario destacó una disminución de 15.5 por ciento en la incidencia delictiva general entre 2024 y 2025, así como una reducción de 21.8 por ciento en las defunciones por homicidio, de acuerdo con cifras del INEGI, y afirmó que 2025 registró la menor cantidad de homicidios de los últimos 15 años.
Igualmente reportó una caída de 30.74 por ciento en el robo total de vehículos, de 13.56 por ciento en el robo en calle o transporte y de 64 por ciento en la incidencia de extorsión respecto del periodo de comparación presentado.
El titular de Seguridad atribuyó estos resultados a la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales, las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y las fiscalías, así como al trabajo de las mesas de paz, la inteligencia criminal y los operativos focalizados.
Entre las acciones relevantes mencionó las operaciones Enjambre, Liberación, Dos de Bastos y Desconexión, dirigidas, respectivamente, a combatir redes de corrupción, extorsiones y otras actividades delictivas. También destacó la instalación de más de 20 mil cámaras, 111 arcos carreteros y la recuperación de vehículos mediante herramientas tecnológicas.
En el combate al robo de transporte de carga, informó sobre acciones coordinadas con la Guardia Nacional y empresas transportistas, además del aseguramiento de más de 632 inmuebles y la detención de más de 102 personas en operativos relacionados con establecimientos irregulares y actividades delictivas.
Pese a los avances reportados, la oposición insistió en que persisten problemas que requieren respuestas verificables, por ende, los legisladores señalaron la necesidad de mejorar la investigación de desapariciones, fortalecer la protección de las mujeres, combatir la extorsión contra comerciantes y garantizar mayor seguridad en carreteras y transporte público.
Ante ello, Castañeda Camarillo indicó que los operativos Violeta se han desplegado en 11 municipios con alerta de género y que las acciones se concentran en 632 colonias identificadas por su incidencia delictiva, y añadió que se han recuperado 412 espacios públicos como parte de las medidas preventivas.
Sobre la extorsión, sostuvo que la denuncia ciudadana es fundamental para iniciar investigaciones y ejecutar detenciones. También destacó la coordinación con autoridades de entidades vecinas para atender delitos que rebasan los límites municipales y estatales.
Finalmente, el secretario reconoció que la percepción de inseguridad y la cifra negra continúan siendo desafíos, por lo que llamó a fortalecer la confianza ciudadana y facilitar las denuncias.
