Maquineros de Videojuegos Acusan a Fiscalía Mexiquense de Abusos y Cateos Irregulares

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  •  UNAMA acusa a la Fiscalía mexiquense de abusos y exige transparentar las investigaciones tras el aseguramiento de miles de máquinas durante el operativo “Dos De Bastos”.
  • Preparan marcha nacional, denuncian  operativos de colocar sellos sin explicar el motivo de las investigaciones y pretender relacionarlos con delincuencia organizada, sin mostrarles, el sustento jurídico de esas imputaciones.

 

Por Ana Valeria Castro

Toluca, México a 30 de Agosto de 2026.- Lo que comenzó como un operativo contra máquinas de videojuegos terminó convertido, según los propios comerciantes afectados, en una batalla legal contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a la que acusan de realizar cateos irregulares, colocar sellos sin explicar el motivo de las investigaciones y pretender relacionarlos con delincuencia organizada y extorsión sin mostrarles, hasta ahora, el sustento jurídico de esas imputaciones.

La inconformidad escaló hasta las puertas de la Fiscalía, donde alrededor de un centenar de integrantes de la Unión Nacional de Maquineros (UNAMA), encabezados por Aracely Gutiérrez Caballero, exigieron una explicación directa sobre el operativo denominado “Dos De Bastos”, realizado hace aproximadamente un mes y que dejó más de tres mil máquinas aseguradas.

Los comerciantes sostienen que no se trata de evadir una investigación, sino de exigir que la autoridad explique “qué delito se les atribuye, qué carpeta corresponde a cada establecimiento y bajo qué argumentos se ejecutaron los cateos”.

La denuncia cobra mayor fuerza, afirman, porque después de los aseguramientos acudieron al Ministerio Público para conocer el estado de sus expedientes y se encontraron con un laberinto administrativo; nadie les habría podido precisar qué fiscalía tiene sus carpetas.

Durante una mesa de trabajo con representantes de la Fiscalía y del gobierno estatal, los afectados llevaron facturas, altas ante Hacienda, licencias, comprobantes de pago municipal, peritajes y amparos con los que buscan acreditar la legalidad de su actividad y de los equipos.

El gremio sostiene que sus máquinas son videojuegos electromecánicos y que existen resoluciones judiciales que, de acuerdo con los comerciantes, establecen que en determinados equipos no se configura ni apuesta ni azar; por ello, cuestionan que la autoridad pretenda aplicarles disposiciones relacionadas con juegos y sorteos sin analizar las características específicas de las máquinas.

La acusación más delicada apunta a los métodos empleados durante los operativos, toda vez que, los maquineros denunciaron presuntas agresiones por parte de elementos de la Policía de Investigación, el uso de una misma orden de cateo para ingresar a distintos establecimientos y hasta el supuesto sembrado de drogas para justificar aseguramientos. Estos señalamientos, aseguran, estarían respaldados por videos, aunque deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes.

Gutiérrez Caballero, perteneciente a la UNAMA también cuestiona que, si los operativos estaban dirigidos contra una supuesta estructura de delincuencia organizada, “no exista hasta el momento, una persona detenida o imputada”, por ello, la organización ya promovió amparos para intentar recuperar los equipos asegurados y exige revisar la legalidad de cada procedimiento.

El conflicto no se limita al Estado de México, los comerciantes aseguran que procedimientos similares se han registrado en Veracruz, Jalisco y Monterrey, donde, según sus testimonios, también se habrían realizado aseguramientos y se habría impedido a los operadores presentar documentación en el momento de las intervenciones.

Ante esta situación anunciaron una marcha nacional para el próximo 3 de septiembre, con concentración en el Ángel de la Independencia y recorrido hacia el Senado, la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados.

El reclamo también tiene una dimensión económica, puesto que, los operadores rechazan ser etiquetados como delincuentes y aseguran que su actividad genera una cadena de empleos que involucra a encargados de establecimientos, arrendatarios, vendedores, comisionistas, choferes, armadores, personal administrativo y sus propias familias.

Por ello, además de exigir cuentas por el operativo “Dos De Bastos”, plantean modificar la legislación federal en materia de juegos y sorteos para establecer reglas claras que permitan diferenciar las máquinas de videojuegos de aquellas destinadas a apuestas o juegos de azar.

El mensaje de los comerciantes es directo: no quieren privilegios ni impunidad; quieren reglas claras, investigaciones transparentes y que la autoridad demuestre sus acusaciones en los tribunales; mientras tanto, el operativo que pretendía combatir actividades ilícitas enfrenta ahora un cuestionamiento de fondo; si la Fiscalía cuenta con elementos sólidos para sus acciones, deberá explicarlos públicamente y sostenerlos jurídicamente; si no, los afectados advierten que continuarán llevando su protesta a las calles y a los tribunales.