Carlos H.
- La investigación identificó a una empresa constituida en 2018 como la principal importadora vinculada al presunto esquema de huachicol fiscal.
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que la investigación por huachicol fiscal en la que está vinculado a proceso el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permitió localizar nuevos ferrotanques en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, además de reconstruir la ruta ferroviaria utilizada para trasladar combustible importado de manera irregular.
«Se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación (…) que presentaban las mismas características de importación irregular, al haberse declarado únicamente el diez por ciento de lo que realmente contenían», señaló la institución. Añadió que estos hallazgos permitieron «reconstruir gradualmente la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible».
La autoridad federal sostuvo que las pesquisas evolucionaron del aseguramiento de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, a la identificación de una presunta red logística con operaciones en distintas entidades del país. Asimismo, reiteró que el caso contra Ruffo Appel no responde a una persecución política, sino a una investigación sustentada en pruebas y en la presunta participación de varias personas vinculadas a la empresa investigada.
Las pesquisas llevaron a la empresa importadora
La FGR informó que el seguimiento a la documentación relacionada con los embarques permitió reconstruir la estructura detrás de la presunta red de huachicol fiscal. De acuerdo con la institución, el análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, registros ferroviarios y documentación corporativa llevó a identificar a la empresa importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México (CdMx) por José «N» y dos personas morales.
Según la investigación, estos hallazgos permitieron perfilar una red con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en distintas entidades del país, lo que llevó a las autoridades a ampliar el alcance de la indagatoria sobre el presunto contrabando de hidrocarburos.
Ernesto «N» se incorporó al capital variable de la empresa en octubre de 2018 y, para 2021, ya figuraba como accionista y Secretario del Consejo de Administración, cargo desde el que, junto con José «N», participó en la representación legal, la conducción y la toma de decisiones estratégicas de la sociedad.
Además, ambos participaron de manera conjunta en:
Modificaciones societarias.
Otorgamiento de poderes.
Gestiones relacionadas con actividades fiscales, aduaneras y de comercio exterior.
FGR tiene 96 pruebas periciales
La institución agregó que, con el paso de los años, la compañía amplió su objeto social para incluir el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y otros servicios vinculados al sector energético.
A la fecha, la carpeta de investigación integra 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes en química, criminalística, fotografía, ingeniería mecánica y eléctrica, además de peritajes para identificar el tipo de combustible asegurado.
La Fiscalía afirmó que las pesquisas evolucionaron del aseguramiento de ferrotanques aparentemente abandonados a la identificación de una presunta estructura empresarial con capacidad para importar hidrocarburos y operar una red logística interestatal.
Asimismo, indicó que el daño fiscal imputado por el contrabando detectado en 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025 supera los 100 millones de pesos; sin embargo, advirtió que el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que «podría ascender a más de cuatro mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación».
El órgano reiteró que «Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido», y recordó que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución.
Sheinbaum rechaza acusaciones del PAN por el caso Ruffo
En medio de la controversia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó esta mañana que Ernesto Ruffo Appel sea un preso político y sostuvo que la investigación en su contra está respaldada por pruebas. Además, subrayó que el exmandatario de Baja California no es la única persona implicada en la indagatoria por presunto huachicol fiscal.
«Es absolutamente falso, y la Fiscalía dio muchas pruebas de este caso. Pero, además, no es sólo el exgobernador: por lo menos hay ocho detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano», afirmó ola mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Las declaraciones de la titular del Ejecutivo respondieron a los señalamientos del dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, quien un día antes aseguró que Ruffo Appel era «un preso político del Gobierno de la 4T» y acusó a la Administración federal de perseguir a opositores en lugar de actuar contra los responsables de otros delitos.
Ruffo Appel fue vinculado a proceso el pasado 23 de julio junto con otras siete personas por su presunta participación en una red internacional de huachicol fiscal que, de acuerdo con la FGR, habría ocasionado un daño superior a cuatro mil millones de pesos al erario.
