Denisse
- El diputado Octavio Martínez aseguró que la prioridad será atender con rapidez las solicitudes de quienes presuntamente fueron víctimas de fabricación de delitos, violaciones a derechos humanos o procesos sin perspectiva de género
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 19 de Julio de 2026.- Luego de que la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Casos de Amnistía del Congreso del Estado de México iniciara la semana pasada sus trabajos cuyo objetivo es el revisar de manera expedita las solicitudes de personas que aseguran haber sido privadas de la libertad de forma injusta, especialmente aquellas que presuntamente fueron víctimas de fabricación de delitos.
Ante ello, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, sostuvo que uno de los principales retos consiste en garantizar que los expedientes sean analizados con rapidez para determinar si cumplen con los requisitos previstos en la legislación vigente y, en su caso, impulsar el procedimiento correspondiente para acceder al beneficio de la amnistía.
El legislador recordó que el Estado de México fue pionero a nivel nacional al ampliar los supuestos legales para conceder este mecanismo jurídico, lo que abrió la posibilidad de que un mayor número de personas privadas de la libertad puedan solicitar la revisión de su caso.
Martínez Vargas precisó que, una vez recibida una petición, la comisión evaluará si reúne los elementos establecidos por la ley y, de ser procedente, solicitará a la Defensoría Pública la elaboración del dictamen técnico que respalde la concesión de la amnistía.
Además, señaló que las estimaciones indican que alrededor del 40 por ciento de la población penitenciaria podría haber enfrentado procesos irregulares derivados de la fabricación de delitos, por lo que insistió en la importancia de brindar una vía legal para revisar esos casos.
El morenista explicó que las solicitudes podrán ser presentadas directamente por las personas privadas de la libertad o mediante familiares y representantes legales, sin que ello dependa de la etapa procesal en que se encuentren, ya sea durante el desarrollo del juicio, después de una sentencia firme o incluso cuando se hayan agotado otros recursos legales como el juicio de amparo.
Aunado a ello, indicó que la intención es devolver la libertad a quienes permanecen encarcelados de manera injustificada y también atender casos de personas con enfermedades crónicas, mujeres sentenciadas sin perspectiva de género e integrantes de pueblos y comunidades indígenas cuyos derechos humanos hayan sido vulnerados durante su proceso penal.
Finalmente, informó que, respecto al primer expediente turnado a la comisión, se prevé emitir una opinión jurídica en un plazo máximo de 30 días, no obstante, reconoció que el órgano legislativo deberá prepararse para una alta carga de trabajo, ya que se espera la recepción de cientos de solicitudes en los próximos meses, las cuales serán revisadas individualmente antes de emitir el pronunciamiento correspondiente.
