Denisse
- Denuncian desventaja frente al comercio informal que contamina coladeras sin ser regulado ni pagar derechos, mientras el sector formal enfrenta excesiva carga administrativa y cobros retroactivos; por lo que exigen mesas de diálogo con las autoridades locales, estatales y diputados locales
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 16 de Julio de 2026.- Líderes empresariales de la capital mexiquense alzaron la voz para manifestar su profunda preocupación ante el nuevo ajuste tarifario en el cobro por concepto de recepción de caudales y descargas de aguas residuales. Los representantes gremiales advirtieron que este incremento, contemplado bajo el amparo de los artículos 129 y 137 del Código Financiero del Estado de México, podría alcanzar hasta un 61% adicional, golpeando severamente la estabilidad de comercios, restaurantes, estacionamientos y recintos culturales que apenas intentan sortear un complejo entorno económico tras el término de la temporada alta y eventos internacionales.
Aunque el sector privado aclaró que no se opone a las normativas de protección al medio ambiente ni desconoce las facultades de la autoridad, exigieron de manera unánime el establecimiento de mesas de diálogo técnico con el Ayuntamiento de Toluca y el organismo de agua local. Los empresarios demandan una metodología transparente y equitativa que clasifique los cobros según la actividad real, pongan freno a la retroactividad de los cobros hacia el año 2025 y apliquen la ley de forma pareja, incluyendo al robusto sector del comercio informal.
«Compartimos el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y el saneamiento, pero consideramos indispensable que este cobro se sustente en una metodología pública y transparente que hoy en día no existe. No se le puede dar el mismo tratamiento a un centro cultural del centro histórico, que impulsa el turismo y recibe entre 20,000 y 32,000 visitantes mensuales, que a una fábrica empacadora de alimentos con descargas industriales, ni tampoco a un restaurante pequeño”, declaró, James Edward Marín Noriega, Presidente del Patronato Pro Centro Histórico.
Aunado a ello, enfatizó que incorporar una nueva carga, y más de forma retroactiva al año 2025, puede resultar devastador, además, “exigimos que la norma no se aplique únicamente al comercio formal que es fácilmente localizable; debe existir un plan para regular al comercio informal que también utiliza el agua y genera residuos y que los puestos de comida que vierten contenedores de grasa y agua sucia directamente a las coladeras de la ciudad sin que nadie los supervise o sancione son el verdadero problema».
En tanto, Julián Niembro Rivera, Presidente de Coparmex Estado de México, indicó que el recurso destinado al saneamiento debe emplearse efectivamente en el tratamiento de aguas residuales; sin embargo, afirmó que resulta inviable imponer de manera inmediata el porcentaje máximo permitido por la ley, en este sentido, propuso instalar una mesa permanente de trabajo para construir un esquema gradual que considere las diferencias entre cada giro comercial y la capacidad económica de las empresas.
«Necesitamos de forma urgente un momento de diálogo para escucharnos directamente con las autoridades y entender la mecánica de cada sector. Un restaurante no tiene la misma capacidad que otros giros, y no es posible que de la noche a la mañana se pretenda cobrar tarifas desproporcionadas. Entendemos que este recurso se recauda para pagar el tratamiento de agua a la Federación, pero presionar con el tope máximo del 61% no es el camino. Proponemos una mesa permanente de diálogo; no nos negamos a pagar, pero queremos pagar lo justo para poder seguir manteniendo activa la economía de Toluca», subrayó.
Jorge Luis Pedraza Navarrete, Presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Edomex y representante de CANACO- SERVyTUR Valle de Toluca, expuso cuatro exigencias centrales: realizar una consulta formal al sector; instalar mesas de diálogo para revisar el fundamento del cobro; garantizar condiciones equitativas frente al comercio informal y definir con claridad el universo de contribuyentes, especialmente en plazas comerciales, mercados, delegaciones y establecimientos con características distintas.
«Por ley, el gobierno está obligado a realizar un proceso de consulta con las cámaras antes de aplicar cualquier acción que repercuta en nuestros afiliados, y pedimos que se respete esa consulta. Tenemos muchas dudas técnicas sobre este documento de ocho páginas del organismo de agua. ¿Por qué irse directamente al tope máximo del 61%? ¿Qué va a pasar con las plazas comerciales que tienen una sola salida de agua? ¿Cómo pagarán los que se abastecen por pipas? Además, nos sentimos en franca desventaja frente al comercio informal. En las 48 delegaciones de Toluca hay casas de uso habitacional que operan como comercios y no pagan lo que corresponde. Queremos acuerdos y no llegar a la colocación de sellos de clausura que tanto afectaron a los negocios en la administración pasada», exteriorizó.
Norma Rodríguez, Primera Delegada del Centro Histórico, expresó que los locatarios del centro de la ciudad no piden privilegios, piden justicia. “Un municipio no se construye destruyendo a quien genera empleo y cumple con sus licencias; se construye con reglas claras. Hacemos un llamado respetuoso al organismo de agua para instalar mesas de trabajo y llegar a un acuerdo satisfactorio que mantenga la paz social», indicó.
Thelma Sánchez, Presidenta de la Unión de Estacionamientos del Valle de Toluca, indicó que el sector de los estacionamientos se suma a la petición de las demás cámaras, y pide que las autoridades sean más empáticas con ellos, dado que, a su precepción, la situación económica actual no es la mejor; “venimos de un periodo difícil donde, tras el mundial de fútbol, las expectativas de trabajo y consumo bajaron bastante para nuestro sector. No nos estamos negando a pagar lo que se tenga que pagar, pero pedimos que la tarifa sea justa y que se tome en cuenta la realidad financiera por la que estamos atravesando».
Finalmente, Verónica Valdés, Vicepresidenta del Concaem, en representación de Mauricio Massud Martínez, abundó que el cobro por descargas residuales para su tratamiento es muy ambiguo en el Código Financiero. “Nosotros siempre apoyaremos que se cuide el medio ambiente, pero necesitamos tener la certeza de que realmente existen plantas de tratamiento funcionando y que los recursos se destinarán estrictamente a ese fin”, subrayó.
Finalmente, esperan que el Ayuntamiento capitalino y el organismo de agua muestren la sensibilidad necesaria para abrir las mesas de trabajo técnicas a la brevedad, evitando el cierre de negocios y garantizando que el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental caminen de la mano en Toluca.
