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- La Gobernadora Marina del Pilar aseguró que los audios filtrados en los que habla con supuestos enlaces de EU fueron una «trampa» de Jaime Bonilla. Niega haber comprometido información de seguridad y acusa una campaña para desacreditarla.
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que los audios filtrados en los que conversa con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses fueron producto de una «trampa» orquestada por el exgobernador Jaime Bonilla, exgobernador y actual Comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, quien ha acusado a Marina del Pilar de «narcogobernadora» y asegurado que su administración está coludida con el crimen organizado.
La Gobernadora explicó que, a finales de 2025, Bonilla le propuso reunirse con personas que abordarían el tema de su visa, pero posteriormente descubrió que se trataba de individuos que, según dijo, fingieron ser agentes o enlaces de Estados Unidos para grabar la conversación y utilizarla con fines políticos en el actual contexto preelectoral. La mandataria sostuvo que los audios fueron editados y sacados de contexto para construir una narrativa de descrédito, negó haber entregado información que comprometiera la seguridad nacional y rechazó las acusaciones de traición a la patria.
“Siempre les he respondido que inicie un proceso para recuperar el documento”, expresó la gobernadora Marina del Pilar. “Fue muy natural, fue por WhatsApp, me dijo que me estaban buscando de una agencia y dije que claro que sí… vinieron aquí a las oficinas de Tijuana”, relató la gobernadora sobre la reunión que se realizó el 15 de diciembre de 2025, de acuerdo a lo que indicó, se documenta en su agenda de trabajo.
Marina del Pilar afirmó que, al sospechar de la reunión, remitió a los visitantes con su abogado sin que éstos volvieran a contactarlo, y acusó a Bonilla de impulsar una campaña de venganza política. “Fue una trampa”, sostuvo este día.
La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una nueva controversia luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente busca establecer un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para compartir información en materia de seguridad. La mandataria reconoció que la voz que se escucha es la suya, pero aseguró que la grabación corresponde a fragmentos editados y sacados de contexto de una conversación privada con personas que se presentaron como funcionarios estadounidenses, sin acreditar formalmente esa representación.
Ávila Olmeda sostuvo que cualquier referencia al intercambio de información respondía exclusivamente a los mecanismos de coordinación institucional que mantienen las entidades fronterizas con autoridades de ambos países para atender asuntos de seguridad. La Gobernadora insistió en que dicha colaboración se realiza bajo un principio de «coordinación y comunicación, pero no subordinación», y afirmó que afrontará el caso por la vía legal.
Bonilla responde a acusaciones
El exgobernador Jaime Bonilla Valdez rechazó las acusaciones de la Gobernadora de haber participado en los acercamientos con agencias estadounidenses o en maniobras para grabar conversaciones. En un comunicado del Partido del Trabajo, el exgobernador aseguró que es ilógico atribuirle un papel en reuniones confidenciales de una mandataria que, según dijo, lo ha señalado y perseguido políticamente durante años, además de negar cualquier intervención de asesores externos.
Bonilla sostuvo que la versión de Marina del Pilar cambió tras la difusión de nuevos audios y afirmó que la mandataria debe explicar las circunstancias de sus reuniones con autoridades de Estados Unidos, así como las declaraciones en las que, según él, habría expresado disposición a compartir información obtenida en mesas de seguridad a cambio de beneficios. También cuestionó que atribuya los hechos a una supuesta «trampa» sin aclarar quiénes la habrían organizado.
“Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea que el ex gobernador que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración, pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y las sanciones que podrían resultarle”, dijo Bonilla.
Finalmente, el exgobernador afirmó que la Gobernadora enfrenta una crisis política y atribuyó los señalamientos en su contra a un intento por desviar la atención de los problemas de su administración. Además, aseguró que el PT perfila a Monserrat Caballero como posible candidata a la gubernatura de Baja California y anunció que analizará con su equipo jurídico posibles acciones para proteger su honorabilidad y su seguridad.
La nueva filtración contra Marina del Pilar se produce en un contexto de creciente presión política para la mandataria. En mayo de 2025, tanto ella como Carlos Torres Torres perdieron sus visas para ingresar a Estados Unidos, un hecho que desató especulaciones que la Gobernadora rechazó al asegurar que no existía una investigación judicial en su contra ni el congelamiento de cuentas bancarias. Meses después anunció su divorcio, decisión que presentó como un asunto estrictamente personal, aunque ocurrió en medio de la controversia pública que rodeaba a su familia.
En paralelo, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una carpeta de investigación contra Carlos Torres Torres por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de drogas y armas, derivada de una denuncia anónima presentada en 2025. Marina del Pilar evitó pronunciarse en defensa de su exesposo y ha señalado que corresponde a la Fiscalía esclarecer los hechos conforme a derecho. Torres, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de «calumnias anónimas» que buscarían afectar su imagen.
El escándalo de los audios
Ávila Olmeda volvió al centro de la polémica tras los audios filtrados por el columnista Héctor de Mauleón. En la grabación, la mandataria morenista se muestra dispuesta a cooperar y compartir información obtenida en las mesas de seguridad estatales con presuntos agentes estadounidenses, todo con el supuesto propósito de resolver los posibles cargos judiciales que hay en su contra. Ante la divulgación del material, la gobernadora aseguró que se trata de «fragmentos» editados y sacados de contexto de una conversación privada con individuos que se presentaron como intermediarios de autoridades estadounidenses.
Afirmó que la mencionada cooperación se refería estrictamente a la coordinación institucional y de seguridad que mantiene una entidad fronteriza como Baja California con Estados Unidos, bajo un principio de «coordinación mas no subordinación», por lo que se dijo tranquila y dispuesta a comparecer ante cualquier autoridad. «Dicha colaboración se realiza dentro del marco legal, mediante canales oficiales y con pleno respeto a las atribuciones de cada institución, bajo un principio claro: coordinación y comunicación, pero no subordinación», precisó.
«Durante la conversación, estas personas plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones, por lo que la Gobernadora indicó que cualquier asunto de esa naturaleza debía atenderse mediante las vías legales e institucionales correspondientes», señaló la mandataria estatal en un primer mensaje.
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Este miércoles 15 de julio, la Gobernadora de Baja California retomó el tema de los audios y señaló a Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, como presunto responsable de la difusión de los mismos, asegurando que tras un intento por limar asperezas con su antecesor, este le puso una “trampa” para afectarla políticamente. “Tomé la decisión de dejar atrás las diferencias políticas o personales con el exgobernador Jaime Bonilla, lo hice porque creo que Baja California está por encima de cualquier diferencia”, dijo.
“En ese contexto Jaime Bonilla me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar con el tema relacionado con mi Visa, confié de buena fe en mi antecesor y tuve esa reunión de la cual se han difundido ciertos fragmentos, hoy queda claro para todos porque fue una trampa. Estas personas se hicieron pasar por agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, me hablaron de supuestos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero para generar el contexto que se escuchan esos audios”, detalló la mandataria estatal en conferencia de prensa.
Añadió que la conversación fue grabada desde diciembre de 2025, con el único objetivo de afectarla, ya que, aseguró, incluso les solicitó a los presuntos intermediarios estadounidenses que se acercaran con el abogado que consultó tras retiro de su Visa. “Al notar lo extraño de las circunstancias les referí con el abogado al que en algún momento consulté, nunca lo buscaron, nunca se comunicaron con él, nunca presentaron un solo documento y nunca se concretó ninguna reunión”, dijo.
“Sólo quisieron grabar una conversación privada para después difundirla con el único interés de afectarme políticamente, porque la grabación es de una reunión del día 15 de diciembre del 2025, mediados de diciembre, según tengo entendido en la revisión de la agenda del 2025, aquí en Tijuana, justamente, y es ahora en el inicio del periodo preelectoral cuando la utilizan y por supuesto la están utilizando también nuestros opositores”, enfatizó.
La revocación de las visas
Pero no es la única polémica en la que se ha visto envuelta. En mayo de 2025, Torres Torres dio a conocer públicamente que el Gobierno de Estados Unidos le revocó su visa de no inmigrante. El esposo de la Gobernadora Ávila Olmeda aclaró que la medida se debió a disposiciones administrativas internas del Departamento de Estado y enfatizó que no responde a ningún tipo de acusación, señalamiento formal o investigación judicial en su contra, ni en territorio mexicano ni estadounidense.
Tras el anuncio de Torres, la Gobernadora Marina del Pilar reveló a través de sus redes sociales que ella también recibió una notificación consular similar por parte de las autoridades estadounidenses. Aunque evitó precisar los alcances exactos de la notificación o si le fue cancelado su propio permiso de entrada. La mandataria estatal expresó su confianza en que la situación de ambos se aclarará de manera satisfactoria y calificó a su esposo como un hombre íntegro, dándole su total respaldo personal, moral y político.
Los dos involucrados en ese asunto manifestaron tener la conciencia tranquila ante ese inconveniente, el cual atribuyeron a criterios consulares de carácter administrativo que, afirmaron, se han vuelto cada vez más recurrentes. Por ello, Carlos Torres detalló que incluso se acercó con un especialista en derecho migratorio internacional para asesorarse y, eventualmente, interponer un recurso de reconsideración o iniciar formalmente el proceso para realizar una nueva solicitud de visado.
Ante los cuestionamientos por la revocación de su visa estadounidense y la de su esposo, Ávila Olmeda, también presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), restó importancia al asunto afirmando que contar con este documento no es un requisito legal ni necesario para ejercer como Gobernadora. Asimismo, enfatizó que continuará trabajando con normalidad en su agenda.
“A ver… en ninguna parte dice que un Gobernador tiene que tener visa, en primer lugar; hay millones de mexicanos, de bajacalifornianos que han vivido sin visa toda su vida. Yo estoy muy tranquila, vamos a seguir trabajando, de frente, con mi agenda pública. Tengo un gran Secretario de Seguridad y vamos a seguir trabajando en el tema. Yo tengo la conciencia tranquila”, señaló en una conferencia de prensa.
Pese a la exigencia por parte del Partido Acción Nacional (PAN) que buscaba excluir a la Gobernadora de las mesas de seguridad locales, la Presidenta Sheinbaum Pardo respaldó a Ávila Olmeda y sostuvo que la cancelación de la visa es un trámite de carácter estrictamente privado, según las políticas de la Embajada de Estados Unidos en México, por lo que no existen motivos ni argumentos válidos para limitar las funciones o la participación de la Gobernadora en las tareas de seguridad del estado.
Ese mismo mes de mayo de 2025, se difundieron rumores sobre un presunto congelamiento de las cuentas bancarias de la Gobernadora en Estados Unidos, lo cual fue desmentido por la propia Ávila Olmeda. A través de sus redes sociales, la mandataria estatal aclaró que no posee ninguna cuenta financiera en el extranjero, por lo que enfatizó que se trataba de información falsa, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por especulaciones que carecen de sustento.
En octubre de 2025, la gobernadora anunció públicamente que había iniciado el proceso de divorcio con su aún esposo Carlos Torres Torres. La confirmación de la ruptura conyugal llegó tras varios meses de intensos rumores de separación que se intensificaron luego de que el Gobierno de los Estados Unidos revocó las visas de turista de la pareja, un suceso que representó uno de los golpes políticos y mediáticos más duros para la administración de la gobernadora morenista.
“Es un gran hombre, un gran papá, y lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto, y yo les quiero agradecer —porque es un tema muy personal— la disposición como medios de comunicación para tratarlo de esta manera. Y sí, efectivamente, es cierto”, sentenció la mandataria estatal, quien rompió el protocolo político de esconder los conflictos maritales dentro de la vida privada, o incluso de esperar la culminación de un sexenio para tomar ese paso.
El matrimonio Torres-Ávila, o Ávila-Torres, inició en el año 2019, cuando la incipiente carrera política de Marina del Pilar Ávila Olmeda tuvo su segundo impulso meteórico al haber ganado la Presidencia Municipal de Mexicali. Fue ahí, donde el propio exgobernador Jaime Bonilla Valdez estuvo presente para bendecir la unión entre la joven morenista y el expanista, quien apenas en 2025, se unió al partido político Morena.
La investigación contra su exesposo
El pasado mes de enero, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra de Carlos Torres Torres por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, y tráfico de drogas y armas, acusaciones que Torres Torres rechazó. A través de redes sociales, el exesposo de Ávila Olmeda aseguró que se trataba de intentos para desacreditar su imagen y hacerlo ver como criminal con base en rumores y suposiciones.
Asimismo, Carlos Torres se dijo en total disposición para colaborar con las autoridades federales con el fin de desestimar lo que calificó como «calumnias sin sustento». Además, aprovechó para criticar que el sistema de denuncias anónimas permita señalar a cualquier persona sin la obligación de aportar pruebas o asumir responsabilidades, reiterando que el debido proceso demostrará su inocencia frente a estas acusaciones y señalamientos graves difundidos en internet sin que nadie dé la cara de manera formal.
La indagatoria contra Torres Torres tuvo lugar a raíz de una denuncia anónima presentada en junio de 2025, la cual imputa al exesposo de la mandataria de Baja California —quien llegó a desempeñarse como encargado de proyectos especiales en el actual gobierno estatal— cargos sumamente graves que lo vinculan con los delitos de lavado de dinero, así como de tráfico de armas y drogas.
Asimismo, el inicio de la investigación correspondiente fue confirmada por la propia mandataria estatal, quien señaló que la Fiscalía tiene la obligación legal de indagar cualquier denuncia, incluso las de carácter anónimo. Al ser cuestionada sobre su postura hacia su exesposo, Ávila evitó darle un respaldo personal directo y enfatizó que su confianza está depositada plenamente en el trabajo serio, responsable y conforme a derecho que realice la FGR para esclarecer la situación.
Las acusaciones del PT
Luego de que el pasado mes de marzo, Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, arremetió contra Ávila Olmeda, a quien acusó de «narcogobernadora» y aseguró que su administración está coludida con el crimen organizado. Esta situación recrudeció la ya de por sí mala relación entre el exmandatario y la Gobernadora Marina del Pilar.
El proceso judicial en su contra derivó de la contratación de la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica durante su gestión, un proyecto que comprometía miles de millones de pesos del erario público. Sin embargo, según Bonilla, esas acusaciones fueron una represalia política motivada por las denuncias que él mismo realizó desde la tribuna del Senado hace cuatro años y afirmó que tanto la gobernadora como su exesposo y sus colaboradores cercanos estaban bajo investigación de las autoridades estadounidenses.
Ante estos señalamientos, la gobernadora Marina del Pilar se pronunció y los calificó como “indignas”, las cuales, aseguró, carecen por completo de sustento y evidencias, y que su único propósito es difamarla, así como desviar la atención pública de los asuntos prioritarios del estado. La gobernadora también recordó que Bonilla enfrentaba un proceso judicial por el caso Next Energy y adelantó que su administración estaba analizando la posibilidad de emprender acciones legales por difamación.
