Denisse
- El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero sostiene, que personas pobres e inocentes permanecen encarceladas.
- «En el Estado de México la justicia depende del color de tu piel»; CDHZL acusa un sistema clasista, racista y al servicio del poder.
- “Haz Valer Mi Libertad” levanta su plantón tras 153 días, pero advierte si las autoridades estatales y federales no aceleran la resolución de los expedientes, el movimiento acudirá a instancias internacionales para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México a 13 de Julio de 2026.- «El poder político y económico te saca de la cárcel; si eres pobre y eres moreno, vas a estar en prisión aunque seas inocente», con esa afirmación, Antonio, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), lanzó una de las críticas más severas contra el sistema de procuración e impartición de justicia en el Estado de México, al que calificó como «clasista, racista, excluyente y machista».
Durante una conferencia de prensa ofrecida al concluir el plantón de 153 días que el colectivo “Haz Valer Mi Libertad” mantuvo frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el defensor de derechos humanos aseguró que las instituciones continúan privilegiando a quienes tienen poder político y recursos económicos, mientras mantienen encarceladas a personas inocentes provenientes de los sectores más vulnerables.
Lara Duque sostuvo que la evidencia de ese trato desigual es visible en casos recientes de funcionarios y exfuncionarios que enfrentan procesos penales en libertad, mientras ciudadanos sin influencia permanecen años tras las rejas.
«Tenemos un sistema de justicia que deja libres a personajes con poder, pero mantiene encarceladas a personas humildes aun cuando existen pruebas científicas que acreditan su inocencia. Esa realidad confirma lo que llevamos denunciando desde hace seis años: en este estado el acceso a la justicia depende del dinero, del apellido y hasta del color de la piel», afirmó.
El activista aseguró que el verdadero conflicto no es con quienes presentan denuncias falsas, sino con un aparato institucional que, dijo, fabrica culpables en lugar de investigar adecuadamente los delitos.
Explicó que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Unidad Independiente en Resistencia (UNIR), únicamente acompaña casos previamente analizados, en los que detectan patrones recurrentes como detenciones con incomunicación, impedimentos para presentar pruebas de descargo y procesos sustentados únicamente en testigos únicos o declaraciones presuntamente inducidas.
«Cuando una persona realmente cometió un delito existen pruebas científicas y técnicas para acreditarlo; cuando es inocente generalmente encontramos expedientes sostenidos únicamente por un testigo manipulado o pagado; por eso cada expediente pasa por un análisis jurídico profundo antes de ser respaldado por el colectivo», explicó.
Actualmente, indicó, “Haz Valer Mi Libertad” acompaña 19 casos de personas consideradas injustamente encarceladas, varios de ellos por delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y extorsión, aunque insistió en que existen elementos suficientes para demostrar que se trata de imputaciones fabricadas.
Lara Duque cuestionó además la lentitud con la que avanzan los mecanismos de amnistía, y puso como ejemplo el caso de los hermanos Lorenzana, cuya solicitud fue presentada desde diciembre de 2025 y, siete meses después, continúa sin resolverse.
«Ya ni siquiera estamos discutiendo si son inocentes; lo único que falta es concluir el trámite; han pasado meses y ninguna institución, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía, ni la Defensoría Pública, ni la Comisión de Derechos Humanos, ha considerado urgente terminar el procedimiento; ese retraso demuestra que no falta presupuesto, sino voluntad política», denunció.
Incluso sostuvo que encarcelar a personas inocentes también representa una nueva agresión para las víctimas reales de los delitos, pues quienes verdaderamente cometieron esos hechos permanecen en libertad.
«Cuando el Estado mete a un inocente a prisión también revictimiza a quien sufrió el delito, porque el responsable nunca recibe castigo; estamos frente a un fracaso institucional», afirmó.
El defensor también anunció la consolidación de la Unidad Nacional, organización integrada inicialmente por colectivos de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Estado de México, a la que próximamente se sumarán Baja California, Hidalgo, Veracruz, Durango y Yucatán.
En este sentido, informó que el próximo 26 de julio celebrarán el aniversario del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero en San Sebastián Zumpango, encuentro donde comenzará la articulación nacional de organizaciones sociales, por ello, adelantó que para el 12 de octubre preparan una movilización nacional para exigir la libertad de presos políticos, la localización de personas desaparecidas y justicia para defensores asesinados.
En el mismo acto, Mari Montoya, vocera del colectivo “Haz Valer Mi Libertad”, anunció oficialmente el levantamiento del campamento instalado durante más de cinco meses frente a la Fiscalía mexiquense.
«Hoy nos vamos a casa, pero nos vamos a luchar», expresó al aclarar que la decisión no representa una derrota, sino un cambio de estrategia.
Recordó que durante los 153 días de protesta el fiscal José Luis Cervantes Martínez nunca recibió personalmente al colectivo, aunque confirmó que el vicefiscal Martín Marín abrió mesas de diálogo que permitieron iniciar algunos trabajos; sin embargo, sostuvo que las familias continuarán presionando hasta lograr la liberación de quienes consideran víctimas de encarcelamientos injustos.
«Hace seis años que madres, esposas, hermanas e hijas seguimos levantando la voz para exigir justicia. No vamos a dar un paso atrás porque nuestros familiares siguen viviendo una cárcel que no merecen», afirmó.
Montoya hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, a la Comisión de Derechos Humanos estatal y al Congreso local para acelerar los procedimientos de amnistía, reconocimiento de inocencia y revisión de expedientes.
También exigió el traslado de internos recluidos en penales federales hacia centros penitenciarios cercanos a sus familias y criticó que, pese a la reforma judicial aprobada recientemente, la población penitenciaria continúe creciendo.
«De nada sirve reformar instituciones si siguen aumentando las cárceles llenas de personas inocentes», sostuvo.
Por su parte, Martha Aldama, enlace del colectivo con la Secretaría de Gobernación, explicó que la falta de resultados en el ámbito estatal llevó al movimiento a establecer vínculos con organizaciones de distintas entidades del país y con autoridades federales; además, aseguró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, instruyó a fiscales estatales a instalar mesas de trabajo con los colectivos; sin embargo, lamentó que los avances continúen siendo demasiado lentos para quienes permanecen privados de la libertad.
«Para alguien que está injustamente preso, un solo día significa muchísimo. El sistema les robó sus proyectos de vida y no podemos permitir que los procesos sigan prolongándose indefinidamente», expresó.
Advirtió que, si las autoridades estatales y federales no aceleran la resolución de los expedientes, el movimiento acudirá a instancias internacionales para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, las organizaciones concluyeron que el levantamiento del plantón no representa el cierre de su movimiento, sino el inicio de una nueva etapa de movilización nacional para denunciar, afirman, un sistema de justicia que continúa castigando la pobreza mientras protege a quienes concentran el poder político y económico.
