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- Bloqueo frente a la SEMOV concluye tras pactarse mesa de diálogo en Palacio de Gobierno; transportistas exigen frenar la corrupción y el monopolio vial, además de revelar operativos selectivos, abusos en corralones y leyes «a modo» que asfixian al sector.
Por: Ana Valeria Castro
Toluca, México a 7 de Julio de 2026.- Una intensa jornada de caos vehicular y protesta social se vivió este martes sobre el Paseo Tollocan, una de las arterias más importantes del Valle de Toluca, luego de decenas de operadores de taxis procedentes de municipios como Otzolotepec, Toluca y Almoloya de Juárez, Temoaya, Villa Victoria, Zinacantepec, Tenango del Valle, Tenancingo, San Mateo Atenco, bloquearon un carril de los carriles centrales y la vía lateral de dicha avenida, justo frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad (SEMOV).
La movilización, que congregó a un aproximado de 30 unidades de taxi y cerca de 200 manifestantes pertenecientes a organizaciones como OCIM y COCIM, tuvo como eje central la exigencia del cese inmediato del Director General de Movilidad de la Zona I, Roberto Juan Morales Laguna, a quien acusan de negligencia y opacidad en su gestión.
Los choferes y líderes expresaron una crítica contundente hacia las revisiones viales que la dependencia estatal ejecuta en la región, y según denunciaron los oradores de la protesta, estas acciones no cumplen con un criterio real de ordenamiento, sino que se aplican de manera «selectiva y arbitraria», incurriendo en flagrantes abusos de poder y detenciones de unidades basadas en prejuicios personales antes que en la legalidad.
«Esos no son operativos, eso ya es un abuso de la autoridad, los operativos deben ser para todos, no solamente para unos cuantos», sentenció Pedro Peña Gómez vocero de los manifestantes.
Además, Peña Gómez cuestionó la falta de coherencia gubernamental, señalando que es injusto que se les castigue y se les retiren los vehículos cuando el propio Estado no facilita las ventanillas ni los formatos administrativos necesarios para regularizarse. «Si el gobierno no me da las cajas para trámites y pagos, ¿por qué me detiene mi vehículo?», reclamaron.
Ismael Luna Soza, uno de los inconformes, denunció que existe una «represión administrativa sistemática» que no se limita a Toluca, sino que asfixia a los transportistas en los 125 municipios del Estado de México a través de multas e imposiciones exorbitantes.
Luna Soza arremetió contra las leyes vigentes en la materia, afirmando que han sido diseñadas a lo largo de los últimos cuatro o cinco sexenios para favorecer a élites políticas y monopolios de transporte, mientras hunden en la precariedad a los trabajadores del volante.
«El transporte en el Estado de México ha dejado de ser un negocio; hoy es un asunto de sobrevivencia pura debido a tantas restricciones. No queremos privilegios, sólo exigimos que se nos respete el derecho constitucional al trabajo», afirmó.
Como ejemplo del incremento desproporcionado en los costos, señaló que una licencia de conducir para el servicio público, que anteriormente costaba 800 pesos por 4 años, hoy alcanza un precio cercano a los cinco mil pesos por el mismo periodo. «Yo tengo 45 años y si me aplican el examen actual, no lo paso, a pesar de que he manejado tráileres, volteos y taxis. Son exámenes diseñados por gente que no conoce la realidad del campo y de quienes llevamos décadas en esto», explicó.
Asimismo, los inconformes apelaron a la soberanía popular y al Artículo 39 Constitucional para defender sus fuentes de empleo y frenar el esquema de extorsión del que se dicen víctimas, vinculado estrechamente al uso discrecional de grúas y corralones con tarifas impagables por faltas meramente administrativas. Del mismo modo, denunciaron presunta colusión institucional con los intereses del sector camionero para intentar desaparecer el servicio de taxis en las rutas locales.
Aunado a ello, las agrupaciones transportistas formalizaron una serie de demandas urgentes en la mesa de diálogo, en la que recalcaron la destitución inmediata del Director de la Zona I por su opacidad, falta de respuesta y permisividad ante abusos; la liberación de tres vehículos retenidos por más de un mes de manera injustificada y sin una resolución oficial por parte de la SEMOV; además exigieron que los operativos sean pacíficos y condenaron de forma enérgica las agresiones físicas y verbales ejercidas por funcionarios de movilidad y elementos de seguridad contra los trabajadores.
Asimismo, denunciaron que las demoras en ventanilla son fallas de gestión intencionales, por lo que urgieron la asignación de personal suficiente, horarios ampliados y procesos transparentes.
Para destrabar el conflicto, se integró una comitiva de 10 personas que ingresó a las oficinas de la dependencia para sostener pláticas con el titular de la Zona I, tras uno o más de dialogó, a las 15:10 horas, los líderes, encabezados por el dirigente Víctor Álvarez Delgado, salieron del recinto tras alcanzar un acuerdo preliminar.
En este sentido, los integrantes de la comisión informaron a las bases que se procederá a la entrega de los oficios correspondientes para la liberación de las unidades que mantenían retenidas, por lo que solicitaron retirar el bloqueo.
Finalmente, anunciaron que se pactó una mesa de seguimiento para el día de mañana en el Palacio de Gobierno para dar continuidad a las demandas de fondo, y se planteó que dicho encuentro sea presidido por José Dolores León Luna, secretario particular del Subsecretario de Movilidad, Armando García Méndez.
Tras el desalojo pacífico de las unidades y los manifestantes, la circulación vial sobre Paseo Tollocan regresó a la normalidad, reportándose el saldo de la jornada sin incidentes mayores.
