Denisse
- El funcionario aclaró que el traslado del caso a la FGR es inviable por criterios políticos y reiteró el respeto del Ejecutivo hacia la división de poderes, garantizando la presunción de inocencia para los alcaldes de Tenancingo y Metepec.
- Al ser cuestionado sobre si las investigaciones en contra de los ediles de Tenancingo y Metepec evidencian una pérdida de control político por parte del gobierno estatal utilizando la expresión de que «se están saliendo del huacal», el secretario general rechazó tajantemente dicho término, reivindicando la dignidad y la investidura de las autoridades locales.
Por Ana Valeria Castro
Toluca, México, Junio de 2026.- El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, fijó una postura institucional y enérgica respecto a las recientes declaraciones de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien sugirió la existencia de presuntas anomalías y la intervención de personal de la dependencia estatal en el proceso legal que enfrenta.
En entrevista, el encargado de la política interna de la entidad manifestó su absoluto respeto a las expresiones de la alcaldesa, atribuyéndolas a la naturaleza del debate jurídico en el que se encuentra inmersa debido a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), sin embargo, fue categórico al señalar que toda imputación requiere el sustento de pruebas legales.
Duarte Olivares desmarcó a la dependencia a su cargo de los señalamientos en abstracto emitidos por la funcionaria municipal, solicitándole que formalice cualquier inconformidad ante las instancias competentes.
«Respeto la declaración de la presidenta. Lo que hemos dicho siempre: si alguien acusa, hay un principio legal, está obligado a probar, si ella considera que hay algún elemento, pues tiene que presentarlo y con gusto lo atenderemos», aseveró.
Ante los cuestionamientos sobre si los señalamientos lo involucraban de manera directa, el secretario aclaró con precisión la diferencia entre su figura y la institución que encabeza.
«A mí no me señaló, ella señaló que había algún personaje de la secretaría. Yo soy secretario, no soy la secretaría, el tema se tiene que ir al terreno jurídico y en el jurídico nos va a esperar», declaró.
Asimismo, el funcionario sugirió a la alcaldesa de Tenancingo actuar con cautela y realizar una introspección dentro de su propio equipo de trabajo, argumentando que las investigaciones vigentes apuntan hacia personas allegadas a su gestión:
«Si lo que ha dicho la fiscalía es que hay una investigación que involucra a personas de su entorno, pues puede que haya un entorno político, pero es en su equipo. Ella también debiera revisar ese tema en su entorno político», subrayó.
Horacio Duarte, apuntó que lanzar acusaciones sin nombres en abstracto y poner en duda el actuar de las instituciones de procuración de justicia no abona a un debate sano ni contribuye al esclarecimiento de la verdad legal.
Respecto a la petición de la alcaldesa para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación argumentando falta de certeza en el ámbito local, Duarte Olivares explicó que el procedimiento obedece estrictamente a criterios técnico-jurídicos y no a conveniencias o voluntades políticas.
Duarte Olivares enfatizó el respeto del Poder Ejecutivo hacia la autonomía tanto de la Fiscalía estatal como de la federal, delineando la división de facultades constitucionales y que de acuerdo con el marco normativo actual, los hechos bajo investigación corresponden de manera nítida a la jurisdicción y competencia del Estado de México.
Si bien reconoció el derecho de la presidenta para externar su deseo, subrayó que para avanzar en dicha solicitud, «tiene que hacer la acción jurídica correspondiente si así lo considera», reiterando que los casos no se trasladan por una simple definición de petición.
Al ser cuestionado sobre si las investigaciones en contra de los ediles de Tenancingo y Metepec evidencian una pérdida de control político por parte del gobierno estatal utilizando la expresión de que «se están saliendo del huacal», el secretario general rechazó tajantemente dicho término, reivindicando la dignidad y la investidura de las autoridades locales.
«Los compañeros presidentes y presidentas no son animalitos para que se salgan del huacal. Los presidentes municipales tienen un mandato popular en las urnas. Los 125 alcaldes son compañeros de diversas fuerzas que tienen sujeción a la ley, están obligados a cumplirla, tienen derechos y también responsabilidades», puntualizó.
Duarte Olivares detalló que la administración estatal, bajo las instrucciones de la gobernadora, mantiene una política de estricto respeto a la división de poderes y a la autonomía de los órganos autónomos encargados de la procuración de justicia, y afirmó que el gobierno mexiquense no elude su responsabilidad de mantener la gobernabilidad en la entidad, pero remarcó que no es correcto emitir juicios o declaraciones políticas al vapor mientras se desarrollan las indagatorias.
El encargado de la política interna del estado mandó un mensaje de certidumbre jurídica, recordando que tanto en el caso de la alcaldesa de Tenancingo como en el del presidente municipal de Metepec, imperan las máximas garantías constitucionales.
«Tienen intocado su derecho a la defensa. Ese derecho es un derecho constitucional. Tienen las herramientas jurídicas y legales para defenderse; en el Estado de México priva el sistema de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario; todos tienen la presunción de inocencia», especificó.
Finalmente, señaló que tanto la parte acusadora (representada por la investigación de la fiscalía) como los imputados deben dirimir sus argumentos exclusivamente mediante los canales legales preestablecidos, confiando en que el sistema de administración de justicia mexiquense está diseñado de forma robusta para evitar que se cometan injusticias.
